Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Estado español. Plataforma DESC


1.- Introducción
El presente Examen Periódico Universal (en adelante, EPU) se enmarca en un reciente contexto de retroceso de los DESC desde que se desencadenó la crisis económica en el país en 2008. Desde entonces, diversas medidas de austeridad, con un fuerte recorte del gasto público, fueron
implementadas implicando una regresión en derechos sociales sin proteger su contenido mínimo esencial. Algunas de estas medidas de austeridad todavía persisten a día de hoy, tal y como señalan las observaciones finales del examen a España del Comité DESC que tuvo lugar en marzo de 2018.
2.- Discriminación e igualdad
Las medidas de austeridad provocan una mayor situación de discriminación entre la población migrante y refugiada, comunidad gitana, personas con discapacidad, personas LGTBI y personas sin hogar, en especial si son menores de edad y mujeres.
Si bien desde 2014 se recogen datos y se ha establecido un protocolo sobre los delitos de odio que sufren estos colectivos, hay muy pocas denuncias. No existe normativa que aborde la discriminación de forma integral, por ello recomendamos:
1. Aprobar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que trasponga adecuadamente la Directiva 2000/43.
2. Eliminar los aspectos de las normativas que generan discriminación que se indican en el informe y trabajar coordinadamente entre agentes.
3.- Justiciabilidad de los DESC
El Estado español ha incumplido sistemáticamente las recomendaciones de los órganos de Derechos Humanos de Naciones Unidas en cuanto a la protección de todos los derechos humanos sin jerarquías. A día de hoy los DESC se reconocen como principios rectores de la política social y
económica en la Constitución y no como derechos, de modo que no son justiciables.
Recomendamos:
1. Reformar la Constitución española para dotar a los DESC de la misma jerarquía y grado de protección que a los derechos civiles y políticos, articulando la posibilidad de la invocación de estos derechos ante los jueces y tribunales (se detalla en el informe).
2. Establecer un procedimiento eficaz para la ejecución de los dictámenes y las recomendaciones de los órganos de los Tratados y Convenciones del Derecho Internacional de los derechos Humanos ratificados por el Estado español en los Tribunales internos, ya que a día de hoy no existen mecanismos.
3. Promover un plan de formación en DIDH en las Judicaturas y Fiscalías del Estado.
4.- Derecho al trabajo digno
Aunque la tasa de desempleo se ha reducido desde 2015 todavía hay 3,5 millones de personas desempleadas. Se ha reducido la tasa de paro de larga duración pero ha aumentado la tasa de temporalidad (27%) y la rotación en la contratación (38% contratos temporales en 2018 inferiores a 1 mes y 35% jornada parcial). Ha descendido el presupuesto en formación y ha sido deficitaria la puesta en marcha del Sistema de Garantía Juvenil creado en la Unión Europea. Doble discriminación de las mujeres (salario -28%- y contratos parciales -76%-). Recomendamos:
1. Establecer políticas de empleo activas que incluyan la formación y que no se limiten al actual modelo productivo, basado en servicios como la hostelería y el comercio, sino que diversifiquen más la actividad productiva y la reorienten hacia servicios de alto valor añadido. Ver salarios en el informe.
2. Mejorar la puesta en marcha del Sistema de Garantía Juvenil creado por la UE, para que se garantice que todos los menores de 30 años reciban una buena oferta de empleo o formación.
3. Derogar de la Ley 3/2012.
4. Establecer mecanismos para el control de la contratación temporal.
5. Modificar el art. 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones
laborales en las empresas que externalizan/subcontratan.
6. Extender la mejora salarial pactada, como el salario mínimo de convenio de 14.000 € anuales, a los trabajadores y trabajadoras de las empresas subcontratadas por la Administración.
7. Aprobar Ley de igualdad salarial, para reducir la brecha salarial y una Ley que obligue a las empresas a comunicar a los representantes de los trabajadores los salarios desglosados por género.
5.- Pobreza
Algunos datos tras 10 años de que estallara la crisis económica:
 21,5% población en riesgo de pobreza.
 25% pobreza laboral.
◦ 42,9% familias monoparentales (83% mujeres).
 26,8% pobreza infantil.
El sistema de redistribución de la riqueza débil e ineficaz, de difícil acceso, infrafinanciado (33,8% PIB) y con diferencias territoriales. Recomendamos:
1. Garantizar el derecho a las rentas mínimas de cantidad suficiente.
2. Mejorar prestación por hijo/a a cargo.
3. Atender especial vulnerabilidad familias monoparentales.
6.- Derecho a la vivienda
Los datos en relación con el derecho a la vivienda apenas mejoran desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, mutando las problemáticas:
 Aumento precio alquiler: 9,3% último año.
 Desahucios: 44.000 en 2018, 62% por alquiler; 650.000 desde 2008.
 Viviendas vacías: 3.443.365 (INE 2011).
 Personas sin hogar: 300.000
 Solicitantes vivienda de protección oficial: 400.000
 Pobreza energética 9,6%
 Vivienda pública: 2%
Realizamos las siguientes recomendaciones:
1. Plan estratégico que priorice alquiler y rehabilitación con suficientes fondos para financiar vivienda social.
2. Modificar LAU para proteger inquilinos/as más allá de las tímidas mejoras del RD 7/2019.
3. Cumplir Dictámenes CDESC y diseñar procedimientos de realojo y protección en desahucios.
7.- Derecho a la educación
Los últimos años ha habido una progresiva reducción del gasto público (20% menor que antes crisis), universalidad y calidad de la educación. Mayor tasa de Abandono Educativo Prematuro de la UE (17,9% en 2018). El 64% del alumnado gitano no termina la educación obligatoria. La LO 8/2013 establece itinerarios segregadores. Se vulnera el derecho a la educación inclusiva. La educación en y para los DDHH ha sido excluida de los planes de estudio incumpliendo recomendaciones anteriores y del examen 2018 en el Comité DESC. Recomendamos:
1. Igualar el gasto público en educación y en ayudas y evitar diferencias entre CCAAs y público-privado.
2. Promover políticas públicas en educación que favorezcan la equidad, la igualdad y la inclusión. Terminar con la segregación.
3. Apoyar la universalización de la educación infantil pública. Reducir el fracaso escolar y el abandono temprano de la educación.
8.- Derecho a la salud
La aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL) fue un paso importante pero insuficiente hacia el cumplimiento de las recomendación del Comité DESC en su examen a España de marzo de 2018, pero sigue teniendo importantes problemas, en especial a las personas migrantes en situación
irregular (las CCAAs han de desarrollarla). Recomendamos:
1. Desarrollar un Reglamento del RDL 7/2018 que clarifique el contenido de este y garantice el derecho a la atención sanitaria.
2. Eliminar las barreras a la exclusión que se detallan en el informe.
3. Asegurar el gasto público necesario para garantizar una financiación suficiente.
4. Parar privatizaciones y recuperar lo privatizado.
9.- Empresa y derechos humanos
El Estado Español aprobó el Plan nacional de empresas y DDHH en 2017 sin participación de las entidades en todo el proceso (ver informe) ni desarrollo en sus 3 años de vigencia. Además, junto con el resto de Estados miembro de la UE, hace pocos meses, se ha salido del apoyo en la elaboración del borrador del tratado vinculantes sobre transnacionales. Por ello recomendamos:
1. Incorporar a España en la tramitación del tratado internacional vinculante de UN para las empresas transnacionales.
2. Elaborar un 2º Plan de Empresas y Derechos Humanos que contenga medidas para, siguiendo con las Recomendaciones del 6º Examen PIDESC a España.

Persisten casos de exclusión sanitaria

El movimiento ‘Yo Sí Sanidad Universal’, en defensa de una Sanidad igualitaria, ha denunciado «la responsabilidad del Gobierno y de las comunidades autónomas en la persistencia de la exclusión sanitaria», por lo que lanzó la campaña ‘A juicio la exclusión sanitaria’ para «defender ante los tribunales el derecho a la salud de las personas afectadas», ya que «tras más de un año desde la publicación del Real Decreto-Ley (RDL) 7/2018, del 27 de julio, del Gobierno de Pedro Sánchez, la exclusión sanitaria sigue vigente».

Ricardo Angora, Nacho Revuelta, Clara Benedicto y Javier Moreno

Así lo expresaron desde este grupo, el cual, además de exponer su nueva iniciativa, hizo público un informe «que recoge algunos de los relatos» de los que tuvieron conocimiento y que «ilustran las distintas realidades de exclusión que está aplicando la Administración». En el acto de presentación intervinieron los doctores Clara Benedicto y Nacho Revuelta, que son miembros de esta organización y médicos de Atención Primaria; el doctor Ricardo Angora, que es vocal del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM); Javier Moreno, que es abogado del grupo jurídico de apoyo a ‘Yo Sí Sanidad Universal’; y Tomasa, una mujer de Perú afectada por la situación denunciada.

La plataforma en cuestión recibe, «cada día, solicitudes de ayuda de personas desesperadas a quienes se les niega el acceso a la atención sanitaria o se les facturan cifras desorbitadas a las que no pueden hacer frente», alertó Clara Benedicto, que señaló que «la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la atención sanitaria tiene que ser para todas las personas sin que pasen penurias financieras. Estos es un riesgo y una realidad en España».

Ascendientes reagrupados

Tal y como explicó esta especialista, en el país existen «tres tipos de vulneraciones de derechos dentro de la exclusión sanitaria». En primer lugar, «casos de exclusión validados por la ley», especialmente en lo que se refiere a «los ascendientes reagrupados, madres y padres que han obtenido la tarjeta de residencia como familiares de sus hijos españoles», a los cuales «se les niega el acceso a la asistencia pública» y se les insta a recurrir a «Sanidad Privada», detalló.

En segundo lugar, se encuentran los «casos de exclusión originados por la inconcreción de la ley», sobre todo, «con personas que llevan menos de 90 días en España, a quienes se considera turistas, a pesar de que hayan llegado con intención de quedarse o estén empadronados», continuó Benedicto, que añadió que el RDL 7/2018 establece que estas circunstancias concretas «se pueden valorar mediante un informe social, elaborado por una trabajadora social, pero esto no se está aceptando y se transgrede la ley», hasta el punto de que «se coacciona a los profesionales» para que no emitan dichos informes.

Bajas del DAR

Por último, existen las «prácticas contrarias a derecho», prosiguió esta profesional sanitaria. Según se especifica en la página oficial del Ayuntamiento de Madrid, la ciudadanía considerada como no asegurada o no beneficiaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), por estar sin papeles, entre otras causas, «puede solicitar en los centros de Atención Primaria el alta en el sistema informático. El alta permite conseguir el código DAR (Extranjero no asegurado) o el código TIR (Transeúnte sin permiso de residencia)», sostuvo.  En este sentido, aclaró que, en cuanto al DAR, «a partir del 2018 se están haciendo borrados masivos sin ninguna justificación legal y sin avisar a las personas».

Asimismo, a estas personas «se les dice que ya no tienen derecho a renovar el DAR y se les manda a que paguen la Sanidad Privada», insistió Benedicto. Por otro lado, aclaró que «los TIR son como el DAR, pero sin derecho a cobertura farmacéutica», por lo que, «actualmente, es ilegal, según el RDL»; sin embargo, según los datos facilitados por la plataforma, «el número de TIR está aumentando exponencialmente».

Además, según recalcó Benedicto, «el Defensor del Pueblo ha hecho un informe en el que llama la atención a Madrid y a Galicia por los casos de exclusión y las transgresiones de Derechos Humanos», por lo que formuló «nuevas recomendaciones al Ministerio de Sanidad» y a las citadas regiones «para proteger el derecho a la salud y garantizar la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a ciertos colectivos vulnerables excluidos de la normativa vigente».

Desconocimiento de los profesionales

Igualmente, esta componente de Yo Sí Sanidad Universal’ puso el foco sobre el «desconocimiento por parte de los profesionales» con respecto al tema, ya que, según sus datos, «más de un 65 por ciento de los profesionales a los que se preguntó tenían un conocimiento escaso o nulo de la legislación que afectaba a sus pacientes» y «más de un 56 por ciento no conoce el impacto del RDL o directamente lo desconoce».

Por su parte, Javier Moreno destacó que la normativa 7/2018 «dice que las personas, desde que llegan a España, tienen derecho a la protección a la salud». Por estos motivos, «el grupo jurídico trabaja un recurso de amparo en cuanto a instancias nacionales, contra el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), aunque se esta estudiando llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)», expresó, tras lo que también llamó la atención sobre «la cuestión de género» que subyace a la problemática, dado que «las mujeres son un colectivo especialmente vulnerable, en cuanto a los embarazos o la interrupción voluntaria de estos».

Tomasa

Así, Tomasa relató su experiencia al llegar a España embarazada, cuando recibió «el rechazo» de varios servicios de salud, hasta que, finalmente, después de varios intentos y esperas, fue atendida. «Me decían que no me atendían porque no estaba legal», pero «tenía su solicitud de asilo y tenia la tarjeta blanca desde el cuarto día que estaba en España, por lo tanto era solicitante de asilo». En su caso, no solo «no se aceptó la vía del informe social», sino que del primer día que acudió a Urgencias le llegó «una factura» que presentó a «Médicos de Mundo, por lo que la factura está pendiente de un recurso», argumentó.

PSOE y Unidas Podemos

Nacho Revuelta concluyó que, según el informe presentado, «lo que dice el Partidos Socialista Obrero Español (PSOE) es absolutamente falso» en cuanto a la universalización de la Sanidad en España, y que, desde este movimiento, tienen «dudas de que su compañero de Gobierno, de Unidas Podemos, tenga interés en este tema, ya que el Ministerio de Sanidad no es uno de los Ministerios en los que quiera participar activamente».

Partículas finas: Cuanto más miramos, más encontramos

British Medical Journal 2019; 367: l6609 https://www.bmj.com/content/367/bmj.l6609

No debería ser una novedad para nadie que la contaminación del aire causa enfermedades, discapacidades y muertes, pero esta semana agregamos nuevas causas y consecuencias. Yaguang Wei y sus colegas revisaron los datos de ingresos hospitalarios de pacientes de Medicare en los EE. UU. y su relación con los niveles de partículas aéreas, recogiendo una larga lista de problemas asociados a la exposición a corto plazo de la contaminación del aire (doi: 10.1136 / bmj.l6258 ). Estas asociaciones se producen incluso en niveles de contaminación por debajo de las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Lo que confirma que que no hay un límite inferior seguro.

Cuanto más miramos, más encontramos: Las partículas finas (PM) de diámetro inferior a 2.5 micras (PM 2.5 ) son ubicuas, emanando especialmente de fuentes de transporte y combustión. Desde 1993 un estudio pionero que muestra una clara asociación entre las PM 2,5 y las tasas de mortalidad en seis ciudades de los Estados Unidos, se han hecho muchos intentos para cuantificar la carga anual mundial de mortalidad debido a la PM 2.5 : – 0,8 millones en 2005, 3,15 millones en 2015, y casi 9 millones en 2018. Este aumento no refleja un incremento de 10 veces en la exposición a PM 2.5 , sino un modelo mejorado del estudio de las PM 2.5 y de las asociaciones con las enfermedades y la mortalidad.

Las PM 2.5 se han asociado con enfermedades del sistema respiratorio y cardiovascular, y es probable que la enfermedad cardiovascular ocurra a por la inflamación sistémica y la translocación de partículas a la circulación. De hecho, se han encontrado partículas ultrafinas (<100 nanómetros de diámetro) en el cerebro y el corazón. Esto sugiere que los efectos no se limitan a los sistemas respiratorio y cardiovascular y que hay nuevas asociaciones .

Un estudio de Yaguang Wei y colegas (doi: 10.1136 / bmj.l6258 ) confirma las asociaciones previamente establecidas entre la concentración de PM 2.5  y las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, Parkinson, y diabetes mellitus. Los autores encontraron que cada aumento de 1 μg / m 3 en PM 2.5 se asoció con 2.050 ingresos hospitalarios adicionales, 12.216 días en el hospital y $ 31 millones (€ 28 millones) en costos de atención sanitaria. Así mismo se encontraron asociaciones entre los niveles de PM 2.5 con otras enfermedades, cuya asociación hasta ahora no era conocida, como septicemia; trastornos de fluidos y electrolitos; insuficiencia renal; e infecciones del tracto urinario, la piel y el tejido subcutáneo. Teniendo en cuenta los valores correspondientes presentados para la carga de enfermedades ya asociadas con la exposición a PM 2.5 , la carga de estas enfermedades recientemente asociadas representa el 31-38% del efecto total de PM 2.5 asociado, similar a una cifra reciente para la carga de enfermedad no previamente asociado con PM 2.5 . 10 Estos hallazgos sugieren que las cifras actuales de morbilidad asociada a PM 2.5 , están siendo considerablemente subestimadas.

Cabe destacar que estas asociaciones se mantuvieron incluso cuando concentración de PM 2.5 estaba por debajo de la directriz de la Organización Mundial de la Salud de 25 μg / m 3 , confirmando las conclusiones de otros autores que no encontraron un límite inferior seguro para la exposición a PM 2.5 .  Es importante saber que incluso pequeñas reducciones en la concentración de PM 2.5 podrían tener beneficios sustanciales sobre la población, Un dato a considerar es que el seguro de salud financiado por el gobierno en los EE. UU. (Medicare), está sesgado hacia las personas mayores de 65 años, ciertos grupos étnicos y personas de bajos ingresos. 

Las personas de bajos ingresos y las minorías étnicas tienden a verse más afectadas, y más expuestas. que otras por la exposición a las PM.  La contaminación del aire es un problema global y debe abordarse como tal. Si bien la OMS está revisando actualmente sus directrices, estas no son jurídicamente vinculantes. Sin embargo, reducir las concentraciones de contaminantes es fundamental para reducir la incidencia y la exacerbación de la miríada de condiciones que se han asociado, con diferentes evidencias, con PM y otros contaminantes del aire. 

Nuestro conocimiento de los efectos de las PM en la salud todavía es deficiente. Necesitamos urgentemente más investigación epidemiológica para descubrir nuevas asociaciones de enfermedades e investigación toxicológica para explorar posibles mecanismos causales.  Durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las restricciones del transporte y de la industria mejoraron sustancialmente la calidad del aire, con una caída del 46% en el riesgo relativo de visitas ambulatorias por asma. 

Aún queda mucho por aprender, pero no debemos confundir las brechas de conocimiento con la escasez de evidencia. Cuanto antes actuemos, antes la población mundial obtendrá los beneficios.