Plan de choque social. Medidas de emergencia

PLAN DE CHOQUE SOCIAL. Las organizaciones impulsoras del Plan de Choque Social lanzamos una serie de propuestas urgentes para proteger a la mayoría de la sociedad y, en especial, de la clase trabajadora desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización.

Si el Gobierno realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras. Hay medidas que se tienen que aplicar de forma urgente para dejar de poner en riesgo vidas y evitar un colapso sanitario y social. El Gobierno tiene que escuchar a centenares de sindicatos, organizaciones y plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y sociales que exigimos una salida de esta crisis sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y económica que ponga la vida en el centro y no los beneficios de las grandes empresas.

Dejar en manos de la buena voluntad del IBEX 35, los especuladores y otros poderes económicos la protección de la sociedad y el medio ambiente no es una opción si se quiere evitar que se dispare, aún más, la desigualdad social, el deterioro climático y ambiental y la destrucción de derechos.

REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA. UNIVERSALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA. INTERVENCIÓN DE LA SANIDAD PRIVADA SIN COMPENSACIÓN ECONÓMICA

Los próximos días se prevé que los sistemas sanitarios de los territorios donde se concentran más casos de Covid-19 lleguen al colapso. No es casual porque el límite de capacidad de la sanidad pública se ha visto reducido por más de una década de recortes y privatizaciones. Es imprescindible y urgente dotar de recursos suficientes a los centros sanitarios. De la misma forma, la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) para todo el personal de estos centros pone en riesgo sus vidas y la de las personas enfermas y envía centenares de profesionales a la cuarentena, debilitando aún más el sistema sanitario. La intervención de la sanidad privada tiene que traducirse ya en la movilización de todos los recursos privados al servicio del interés general y la salud pública. Esta movilización masiva de recursos no puede traducirse en una factura millonaria de las empresas sanitarias privadas que provoque nuevos recortes después de la emergencia. Estas empresas deben dejar de parasitar recursos públicos en un momento en que son aún más necesarios que nunca.

En la situación extraordinaria que vivimos, es importante reforzar la información y los servicios básicos de urgencia para garantizar Derechos Sexuales y Reproductivos. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Anticoncepción de Urgencia (AU) siguen siendo servicios de urgencia para todas las mujeres independientemente de la edad y de si tienen o no tarjeta sanitaria.

La sanidad privada exige renegociar los precios

DIARIO MÉDICO
La Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), patronal sanitaria del sector privado en la comunidad autónoma, ha denunciado públicamente que, a causa de la pandemia de Covid-19, «los centros privados han aumentado de forma muy significativa sus costes para poder ofrecer absolutas garantías a los enfermos. Hay que admitir, sin dilación, que ofrecer servicios a los pacientes de compañías aseguradoras resultará materialmente inalcanzable si éstas no asumen esta realidad y la trasladan a una renegociación de los precios que pagan hasta ahora. Nadie puede trabajar a pérdidas demasiado tiempo en el núcleo de su actividad».

Para Lluís Monset, director general de la ACES: «Nuestra petición de renegociación de tarifas es inaplazable. Apelamos a la responsabilidad de todo el sector asegurador para no demorar más los tratamientos de muchas patologías que durante la crisis del Covid-19 han quedado rezagados. Con los precios vigentes actualmente, el sector sólo podría trabajar para pacientes totalmente privados (que lo pagan de su bolsillo), pero, por responsabilidad, los centros están iniciando la actividad y atienden a todos los pacientes que tienen un seguro, sabiendo que no cubren los gastos y que esta situación no puede alargarse más. El riesgo de cierre de empresas o de dejar desatendidos a miles de pacientes, es ya una realidad que debe visualizarse como un problema de todos y buscar entre todos las soluciones».

La patronal catalana asegura que además de las informaciones de los socios de ACES, el propio sector asegurador conoce esta situación, «como lo demuestran las declaraciones públicas del consejero delegado de ASISA, Enrique de Porres, que manifestó el pasado 5 de mayo: «Sabemos que va a haber un encarecimiento que va desde un 30% hasta un 200% del precio de los actos sanitarios» «.

ACES es la patronal de las empresas de prestación de servicios sanitarios y sociales privados de Cataluña. Con más de 43 años de trayectoria, actualmente representa a 239 empresas con 388 centros, principalmente del sector sanitario, pero también del sociosanitario y social. En esta comunidad autónoma 2.314.008 personas (31,08%) disponen de un seguro de salud privado y la financiación sanitaria privada representa el 3,5% del PIB catalán; sólo la rama de prestación de servicios sanitarios ocupaba antes de la pandemia a 14.000 trabajadores y a 6.900 médicos.

Carta abierta de ​la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular “Medicamentos a un precio justo”

Para
Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez – Castejón, Presidente del Gobierno
Excma. Sra. Carmen Calvo Poyato, Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Excmo. Sr. Pablo Iglesias Turrión, Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales
y Agenda 2030
Excmo. Sr. Salvador Illa Roca, Ministro de Sanidad
Excmo. Sr. Pedro Francisco Duque Duque, Ministro de Ciencia e Innovación
14 de mayo de 2020

Actualmente el mundo se encuentra en una situación singular, que ninguna de las generaciones que hoy viven ha conocido hasta el presente. La pandemia causada por el virus SARS-Cov-2 ha propiciado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, además de haber demostrado que sólo mediante un Sistema Nacional de Salud (SNS) con
recursos se puede hacer frente a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Por todo ello, la iniciativa legislativa popular (ILP) que hemos promovido se vuelve más necesaria que nunca. Como bien conocen, esta ILP busca cambiar el sistema actual de fijación de precios de medicamentos, pasando de precios basados en el valor, a precios basados en los costes de investigación y fabricación. Todo ello mediante procesos transparentes, permitiendo a la ciudadanía conocer los precios a los que se adquieren los medicamentos. Además, busca fomentar la investigación pública sin fines comerciales, para así innovar en base a las necesidades de la sociedad. Su implementación supondría conseguir mayor capacidad para el desarrollo de medicamentos y vacunas para la
COVID-19 desde laboratorios públicos y, muy especialmente, facilitaría su adquisición sin precios especulativos.

– Necesitamos que los medicamentos y otros productos sanitarios, como mascarillas, guantes, resto de material de los Equipos de Protección Individual o ventiladores, entre otros ejemplos, se adquieran en base a costes de fabricación y no de valor, disminuyendo la especulación actual en torno los mismos. De esta forma, el SNS preservará fondos económicos y a la larga podrá contar con más recursos. Además, ninguna persona vería comprometida su salud por intereses económicos.

– Es preciso que las administraciones públicas tengan mayor capacidad para discutir precios en las negociaciones con la industria, al igual que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de la información sobre los participantes en esas reuniones, la fecha, lugar de celebración, el tema y los principales puntos tratados, acta y minutas, documentos compartidos y acuerdos alcanzados, reforzando así la transparencia.

– Por último, nuestro país requiere urgentemente que se potencie la investigación y el desarrollo, con estudios independientes de la industria y que no respondan a motivaciones económicas, sino del conjunto de la sociedad. Apostamos por la formación de un fondo público de investigación para el desarrollo de medicamentos, vacunas y otros procedimientos y materiales relacionados con la COVID-19 como con el resto de enfermedades, para no tener que depender de la producción extranjera, como está ocurriendo a lo largo de esta crisis. Tal y como queda recogido en el Artículo 43 de la Constitución Española, es trabajo de los poderes públicos asegurar el derecho de protección de la salud de la ciudadanía. Además, la Organización Mundial de la Salud considera que el acceso equitativo a los medicamentos, de forma segura y asequible, es de importancia vital para que cada persona goce del máximo grado de salud posible.

Por ello, además de las medidas propuestas, instamos al Gobierno que haga uso de la figura de “licencia obligatoria” existente en el derecho internacional y en la legislación española. Dicha medida permite la producción, uso, venta e importación de un producto por un tercero, pagando al titular los derechos de su uso. Además, es importante que saquemos enseñanzas de las debilidades que ha puesto de manifiesto la actual situación de emergencia y planteemos respuestas para el presente y el futuro. La crisis ha agravado el problema de la escasez de medicamentos y productos sanitarios, en este caso, necesarios para la contención y tratamiento de la COVID19. Este
problema no es nuevo. La mayor demanda mundial, la concentración de la producción en unas pocas empresas o los cambios en los criterios reglamentarios están entre las causas que, en cierta medida, el Gobierno podría remediar.
Así, el Gobierno tiene el deber no sólo de asegurar la calidad de los medicamentos y el acceso a los mismos, sino también de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una industria farmacéutica pública, local, sostenible, productiva y responsable que produzca y comercialice medicamentos a precios justos.

Sigamos trabajando en pro de la ciudadanía, de la salud, de la disminución de las desigualdades y de potenciar un Sistema Nacional de Salud universal y de calidad. Una calidad que debe ir dirigida tanto para el servicio que presta para la ciudadanía y pacientes como para sus trabajadores y trabajadoras

COMISIÓN PROMOTORA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
“MEDICAMENTOS A UN PRECIO JUSTO”
Email:
info@medicamentosaunpreciojusto.org
Web: https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org