Política Sanitaria Global. Gestión de la pandemia por COVID19, debate FADSP

La primera sesión de las 37 Jornadas de Debate sobre la Sanidad Pública: Salud y Políticas de Salud en el entorno de la pandemia COVID-19 trató sobre la Política Sanitaria Global, en concreto sobre la gestión de la pandemia producida por COVID-19.

Este debate fue moderado por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública, y hubo cuatro panelistas:

  • Carlos Ponte, que es el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias.
  • Sally Ruane, profesora de la Universidad de Laicester en Reino Unido y directora de la “Health Policy Research Unit”.
  • Jean-Pierre Unger, que trabaja en el “Department of Public Health”, en el Instituto de Medicina Tropical en Bélgica.
  • Eleonor Minho Conill, investigadora de la Universidad de Florianópolis de Brasil y del Observatório Iberoamericano de Políticas e Sistemas de Saúde (OIAPSS).

El primero en intervenir es Carlos Ponte que empieza su ponencia destacando que no nos encontramos ante una crisis sanitaria, sino que es una crisis estructural, la cual está ligada al modelo de crecimiento; y aún siendo esta crisis global, las respuestas que se dan son fragmentarias por parte del los Estados, destacando el caso de España dónde las respuestas a la crisis se dan desde las Comunidades Autónomas, lo cual explica que es un error, puesto que se sabe que el virus no respeta fronteras.

Carlos Ponte explica que el factor crucial para el control del virus ha sido la gobernanza. Siendo una gobernanza deficiente un factor de riesgo y la causa de una mayor propagación del virus. Destaca que uno de los problemas principales desde su punto de vista es que en general los países del mundo occidental (incluyendo España) tomaron una estrategia de mitigación con respecto al virus, asumiendo una convivencia con una transmisión baja del virus, provocando así las llamadas olas. Esta estrategia, explica Ponte, que se ha adoptado en los países de Europa por la dificultad de aplicar medidas restrictivas en estos territorios, unido a intereses económicos de las grandes multinacionales.

En cuanto a la vacunación, destaca un gran problema: no se está vacunando en los países con menos recursos económicos, son los países ricos los que están “acaparando” estas vacunas. Aún así, viendo países como Israel o Reino Unido, que tienen a gran parte de su población vacunada, parece que la vacunación funciona. Pero no podemos apostar todo a las vacunas, es necesario un acuerdo político – social, en el que la sociedad tome parte activa en las decisiones.

La segunda ponente del debate fue Sally Ruane, que se centra en el impacto del virus y en las medidas políticas tomadas en Reino Unido. Explica que en el Reino Unido hubo dos olas importantes: la primera en la primavera de 2020, y la segunda, con un mayor impacto, en septiembre de 2020. Al principio, las medidas de control del virus son más laxas, intentando retrasar así unas medidas restrictivas; estas medidas restrictivas se toman entre marzo y junio de 2020 decretándose un confinamiento; y posteriormente Ruane destaca otro confinamiento más corto en noviembre, y un último confinamiento más estricto entre enero y abril del año 2021. Considera que hubo una falta de liderazgo y compromiso por parte del Primer Ministro británico y una falta de planificación, centrándose en un primer momento en una estrategia de inmunidad colectiva. Destaca también la falta de pruebas y rastreo y el poco personal sanitario, así como las malas condiciones de los mismos.

Al igual que en España, cuando llegó el verano de 2020 hubo un relajamiento en las medidas, y un intento de fomentar la economía a través del consumo, ofreciendo descuentos del 50% en hostelería durante agosto de 2020. Esto fue una de las causas por las que a finales de ese mes empezaron a ver un aumento notable de los casos de infectados.

Con respecto a la vacunación, Ruane destaca que hay cierto escepticismo por parte de la ciudadanía, producido por los casos de trombosis, aunque las autoridades del Reino Unido alertan a la ciudadanía de que los beneficios de la vacunación son mayores; aunque destaca como un problema grave que no se están vacunando a las personas que no poseen la residencia, a pesar de encontrarse en grupos vulnerables. Explica también que la vacunación se está realizando de forma masiva y que no se realiza a través de la Atención Primaria, sino que es realizado por el ejercito, las farmacias y por personas voluntarias pertenecientes al Sistema Nacional de Salud británico.

El tercer ponente es Jean-Pierre Unger que explica que el caso de Bélgica es muy similar al del Reino Unido. Al comienzo de la pandemia Bélgica es el país de Europa con mayor número de muertes, explica que esta tasa elevada se debe a ciertos elementos estructurales cómo es la alta desigualdad social del país, habiendo un mayor número de muertos en las zonas del país más pobres. A este factor se añade otros que son propios del sistema sanitario belga, que ha estado muy afectado por las políticas de austeridad, quedando un sistema muy deficiente. Unger destaca estos problemas con respecto a la crisis del COVID19:  pocas camas hospitalarias, pocos laboratorios de despistaje, falta de oxígeno en los hospitales, y pocos recursos humanos: el personal de enfermería estaba limitado legalmente en sus funciones, no pudiendo así apoyar al personal médico; y tampoco se solicitó la colaboración del personal sanitario jubilado. Al igual que pasó en España, esta falta de camas se tradujo en la negación a la atención de los mayores, sobretodo de aquellos que estaban en residencias; violando así los derechos humanos de estos mayores.

En cuanto a las competencias políticas en materia sanitaria, el ponente explica que tras la sexta Reforma del Estado estas responsabilidades quedaron fragmentadas, lo cual también afectó negativamente la respuesta de Bélgica frente al virus.

Unger destaca como una historia de éxito el papel de la Agencia de Protección del Niño y de la Familia (la ONE), un servicio público de la comunidad francesa en Bélgica, responsable de los programas de medicina preventiva (vacunas, medicina escolar, consultas, etc.). Este servicio es el que ha compensado la falta de recursos sanitarios de los servicios de inspección sanitaria regionales, encargándose del rastreo en las escuelas, guarderías y campos de vacaciones.

Unger termina su intervención lamentando la falta de un servicio como la ONE para los ancianos.

La última ponente en intervenir es Eleanor Minho Conill, que nos relata la situación de Brasil y las medidas tomadas por el Gobierno. Brasil adopta una política de dispersión con respecto a la pandemia, lo cual presenta resultados trágicos. Minho destaca que en Brasil la financiación pública es menos del 50%, siendo el resto privada; esto provoca que haya muchos intereses privados en la gestión del país.

La pandemia llega a Latinoamérica, y por tanto a Brasil, más tarde de lo que los hace en Europa, pero en el caso de Brasil nos explica que no ha habido ninguna ola, sino que los casos han subido a un máximo y se han mantenido, sin llegar a bajar. La postura del Gobierno Federal de Brasil ante la pandemia ha sido de negación, tanto con respecto al virus como hacia la ciencia. Minho explica que el Gobierno realizó un control ideológico, prohibiendo a la prensa hacer publicaciones sobre investigaciones del coronavirus.

Por su parte, el Ministerio de Salud no quería informar del número de casos de muertos, sino que solamente informaba sobre los pacientes recuperados, negando así la severidad del virus.

No hubo (ni hay) una coordinación general por parte del Gobierno Central de Brasil contra la pandemia, sino que cada Estado y Municipio hace sus propias políticas, según sus propias consideraciones. Esto provoca que haya zonas de Brasil donde a penas hay casos, mientras que en otras la incidencia es muy alta.

Con respeto a la vacunación, Minho explica que el presidente Bolsonaro no apoya las vacunas y crea bulos sobre estas, creando situaciones de alarma y escepticismo entre la población.

Finalmente, la ponente destaca que con la liberación de Lula se ha podido ver una cierta presión por parte de la oposición para crear una investigación sobre la inacción del Gobierno de Bolsonaro frente a la pandemia, y las consecuencias de esto.

Finalmente todos ellos resaltaron la necesidad de una mejor coordinación de recursos y políticas dentro de los propios países y de gobernanza mundial ante las crisis sanitarias y del reforzamiento de la OMS como organismo tecnico y salubrista, autonomo e independiente de los intereses comerciales, asi como la necesidad de fomentar el acceso universal a las vacunas.

www.fadsp.org

7 de Abril, día mundial de la salud: noprofiton.eu

          No a la privatización de la salud y de los cuidados en las residencias de ancianos
Dos de las claves de la pandemia – después de millones de casos y centenares de miles de muertos – son la
capacidad de los sistemas sanitarios y la provisión de cuidados en las residencias de personas mayores, que
en la primera oleada tuvieron más del 60% del total de las muertes.

Los sistemas de salud en la Unión Europea (UE), tanto los basados en el seguro de empleo, como los financiados a través de impuestos generales, son servicios tradicionalmente públicos, debilitados en los últimos años por la austeridad y los recortes. En paralelo, crece la asistencia privada1, pese a ue el afán de lucro en la sanidad , a la vez que beneficios para los accionistas, entraña riesgos para la salud, no sólo por empeorar las condiciones laborales, salariales y formativas, sino también porque “selecciona” a los pacientes con menores riesgos y costes, centrándose en la enfermedad crónica y la cirugía programada, en vez de las emergencias o los pacientes complejos y críticos, lo que no sólo afecta a la seguridad y calidad, sino que condiciona su utilidad ante situaciones especiales como la actual pandemia.

La UE ha catalogado a la asistencia sanitaria como una actividad económica, cuando es una necesidad básica y un derecho. La consecuencia es desafiar la naturaleza pública de la salud (mercantilizar) a través de la
competencia y la libertad de elección, con la pretensión de la eficiencia; pero los hechos niegan mayor eficiencia, mientras aumentan las desigualdades en el acceso a la atención médica.

La gobernanza económica de la UE es la principal responsable de los recortes del gasto público en salud.
Después de la crisis financiera de 2008, la UE reformó la economía política de los Estados mediante el“Pacto
por la Estabilidad y el Crecimiento : control estricto de los presupuestos y “reformas estructurales económicas y fiscales”, con el argumento de favorecer el crecimiento y la competencia
2, exigiendo un déficit presupuestario por debajo del 3% y una deuda por debajo del 60% del PIB. La aplicación de este Pacto ha tenido muchos vericuetos: las exigencias fueron muy duras con Grecia (tuvo que reducir el 40% el gasto en salud) 40%) o Portugal, con drásticas reducciones de plantillas y salarios a los trabajadores sanitarios, mientras que Alemania casi duplicaba el gasto sanitario en los últimos diez años.

En el período 2011 – 2019, la Comisión ha emitido un total de 107 recomendaciones relacionadas con la
salud (incluyendo los cuidados a largo plazo), todas apoyadas o auspiciadas por las grandes corporaciones
y 76 con la finalidad de recortes y/o la “rentabilidad” de la asistencia sanitaria: la asunción de la UE es que
el “gasto sanitario es un riesgo a largo plazo para la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Es decir, la subordinar la salud a la prioridad y jerarquía del crecimiento económico.

El RDL 16/2012 del gobierno del PP en 2.012, es una respuesta a la “viabilidad requerida por la Unión Europea”. Según Amnistía Internacional, en la Sanidad Pública en España3 hubo una reducción de 28.500 empleados entre 2012 y 2014 (cuando el número total era de aproximadamente 477.000), mientras que según
Eurostat4, entre “2012 y 2017, el número de camas de hospital en la EU-28 disminuyó el 3,3%””, en algunos
casos a un ritmo acelerado. Es evidente que cuando llegó el Covid-19, la capacidad de respuesta estaba disminuida.

Eficiencia. La Comisión Europea se alimenta del enfoque neoliberal “lo mejor son los negocios”, que presupone que los hospitales privados son más eficientes que los públicos, aunque los hechos lo refuten. Según datos de la OCDE de 2.019, la mayor eficiencia de la atención médica privada con fines de lucro es un cuento de hadas. EEUU, con un sistema sanitario privatizado, gasta en sanidad el 16.96% del PIB, mientras que los países de la media de la UE-27, con sistemas de salud más públicos, el gasto es la mitad (8,26%) y el que más, Alemania, el 11,65%. En dólares per cápita, EE.UU. Gasta $ 11,072 per capita, tres veces más que la UE-27, $ 3800. La asistencia sanitaria privada es más cara para los usuarios y también para los gobiernos.

En un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la privatización de la
salud en relación con el COVID-19, señala que un “aumento del 10% en gasto en salud privada se relaciona
con un aumento del 4,3% en casos de COVID-19 y un aumento del 4.9% en mortalidad relacionada. Es decir, la privatización “eleva significativamente el riesgo de prevalencia y mortalidad de COVID-19”
La Asociación Público-Privada (APP). Es la estrategia estrella de la UE en la mercantilización de la salud5, inmensamente rentable para las empresas y demoledora para el sector público. Una formula importada del
Reino Unido, que ha abandonado la UE, pero ha dejado el legado del modelo de Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI): las empresas construyen hospitales y los alquilan al NHS, una operación muy rentable, por
ejemplo, ante un coste inicial de 1.100 millones de libras se obtendrán 7 mil millones en contratos a lo largo de 40 años. El NHS tiene una deuda en PFI estimada en 55.000 millones de libras esterlinas, una sexta
parte del total del gasto del NHS. Una grave losa.

El modelo PFI en España permitió construir hospitales (nueve en Madrid) sin que la administración pública
incurriese en déficit, como exigía el Pacto de Estabilidad de la UE, pero con unos costes finales muy gravosos para el sector público
6. Los resultados son catastróficos, pero la UE es renuente a sacar conclusiones negativas. En Marzo de 2018, un informe del Tribunal de Cuentas Europeo afirmaba que es ineficiente financiar cientos de AAPs en el sector de la salud (ocupan el segundo lugar del total de las APP en la UE).

Cabildeo y Unión Europea. El Banco Central Europeo ha jugado un papel importante en la última década en
el desmantelamiento de las estructuras de salud pública
7 mostrándose sensible a presiones como las de
Health Coalition (entre sus miembros está el lobby farmacéutico EFPIA y Biotechnology Europabio) que
propone aumentar la inversión privada en salud del actual 35% al 60% en el 2.040 y crear un» fondo público-privado de la UE para la infraestructura social «. Mientras que otro lobby, Health First Europe, señala que
el numero total de camas en Europa disminuye significativamente, mientras crecen las camas privadas que
ya suponen el 20,45% del total.

El protagonismo de los lobbys de la salud en Bruselas es creciente, desde el asesoramiento sobre reformas
estructurales hasta la intermediación en reuniones entre funcionarios de salud y empresas hospitalarias.
Los contactos y los acuerdos con la Comisión Europea son opacos, como ocurre con McKinsey (asesora de
la privatización del NHS del Reino Unido y recientemente de la OMS ante la pandemia) o con la Unión Euro-
pea de Hospitales Privados (UEHP), constituida por asociaciones nacionales de hospitales privados y muyión
activo en Bruselas. El relato es que “los hospitales privados no crean desigualdad «; la desigualdad se crea
“si el sector público se niega a pagar a los hospitales privados y obligue a los pacientes a afrontar los gastos
de su propio bolsillo”. Se firma que lo privado es necesario “para aliviar la presión sobre lo público” o que
“el principio de no-discriminación” obliga a repartir el dinero público.

Lo cierto es que cuando vino la pandemia, la capacidad de los hospitales privados para contribuir a la respuesta fue mínima. De hecho, están acostumbrados a dejar esas cosas a los hospitales públicos.
El impacto devastador en las residencias de ancianos. La crisis del COVID-19 golpeó duramente el sector
de cuidados de larga duración, poniendo de manifiesto problemas estructurales
8: insuficiencias en la financiación, en las plantillas y en la calidad y seguridad de los cuidados. Al igual que en la asistencia sanitaria, las residencias de mayores han estado sometidas a un proceso de privatización por decisiones políticas de los
estados y de la UE, que han sido muy importantes en la propagación del virus. Según el Centro Europeo de
Prevención y Control de Enfermedades, las «muertes en los hogares de ancianos representaron cerca del
60% de todas las muertes por COVID-19, sólo en el primer brote. Los centros de personas con discapacidad
también han estado en el ojo del huracán.

La privatización de los cuidados de larga duración ha tenido un impacto desastroso, en España, tres de cada
cuatro residencias son de gestión privada y muchos residentes tienen parte de sus costos financiados con
fondos públicos. En Madrid, cuando se desplegó el ejercito para desinfectar los edificios de las residencias,
se encontraron se encontraron con ancianos “muertos en sus camas” y una Investigación de la BBC
9 describió pacientes Covid sin aislamiento ni personal adecuado, con turnos agotadores de los trabajadores y sin
equipos de protección. Mientras, el gobierno de la Comunidad comunicaba a los gerentes de los hogares
de ancianos que no mandasen a los enfermos al hospital. A finales de abril de 2020, 6.000 personas habían
muerto en residencias de ancianos en Madrid.

Los analistas del mercado, han descrito a las residencias de ancianos como un sector listo para la inversión y
altamente rentable, en buena medida merced a las condiciones laborales de precariedad, bajos salarios y
falta de formación, que han sido mortales durante la pandemia. Así, la firma inmobiliaria Knight Frank, describía el “creciente apetito de los activos inmobiliarios para el cuidado de personas mayores «, con inversiones superiores a 6.500 millones de euros al año”, y con margenes de beneficio, antes de impuestos, entre el 25 y el 35%.

DomusVi, con sede en Francia, es el grupo líder del mercado en España, con 135 hogares de ancianos. A finales de 2020 se habían producido 2.100 muertes en Residencias DomusVi en España. Es curioso que en la
UE no hay un lobby específico de proveedores privados de cuidados de ancianos, quizás porque ya existen
las suficientes herramientas para que los operadores con fines de lucro puedan tener éxito. De hecho, las
últimas directivas de la UE en este terreno no diferencian si la entidad es pública o privada.

Europa ante la pandemia y la postpandemia. Las políticas de la UE de comercialización de la salud y de los
cuidados a largo plazo, en defensa de determinados intereses e ideologías, han tenido un efecto muy negativo ante la pandemia, con miles de muertos: la lucha contra la privatización de la salud y los servicios de
atención es una lucha para salvar vidas. Cierto es que las políticas de salud son principalmente responsabilidad de los Estados, y la UE tiene un poder limitado, pero una pregunta clave es qué haría la UE con más poder sobre la salud.

La UE, como respuesta a la crisis, ha lanzado un programa con una multimillonaria financiación 2021-2027,
para «mejorar la accesibilidad, la eficiencia y resiliencia de los sistemas de salud ”y“ reducir desigualdades
en el acceso a la asistencia sanitaria «, junto con medidas destinadas a abordar las amenazas transfronterizas y hacer medicamentos disponibles y asequibles. Sin embargo, no hay claridad en los objetivos. La UE
debbe la importancia de lo público en la atención de la salud, rectificando la opinión histórica ( y errónea)
de la Comisión de equiparar “eficiencia” con provisión privada. Es decir acabar con el neoliberalismo y las
políticas que han dañado a los sistemas sanitarios:

1.- Poner fin a la austeridad del “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, con nefastas consecuencias.
2.- Eliminar las presiones hacia la comercialización y privatizaciones que socavan los sistemas de bienestar .
3.- Garantizar que los fondos de recuperación de COVID-19 se utilicen en servicios públicos de salud, y no fines de lucro, lo que incluye el programa de financiación EU4Health de 9.400 millones de euros.
4.- Proteger la agenda de los servicios públicos, desde la digitalización hasta la atención integrada, para que
no sea cooptada por empresas con fines de lucro.

La pandemia de COVID-19 ha sido una llamada de atención que ha puesto en valor a los trabajadores sanitarios y a los servicios públicos sanitarios, pero que también ha mostrado sus debilidades y la necesidad de una mayor financiación sanitaria pública, mejores salarios y condiciones para los trabajadores, aumento de
personal y el bloqueo de las privatizaciones.

El 7 de abril de 2021 (Día Mundial de la Salud), únete al Día de Acción por # Health4All, coordinado por la
Red contra la comercialización y privatización de la salud y protección social.
    https://noprofitonpandemic.eu
europeanhealthnetwork@gmail.com

¡Atención a las más que probables condicionalidades para recibir ayudas desde la UE, presididas por normas
sobre deuda, déficit y desequilibrios macroeconómicos!

Es vital proteger la naturaleza pública de la salud y la asistencia sanitaria en Europa, y garantizar que los
fondos de recuperación de COVID-19 no se desvían a proveedores con fines de lucro. de gastos, incluyendo cuidado de la salud.
Que nadie se lucre con la pandemia! Protección para todxs!

Deforestación, cambio climático y pandemia

Entrevista en EL SALTO. 28 Noviembre, 2020

CRISIS CLIMÁTICA. Andreas Malm: “El distanciamiento social no amenaza de muerte a ninguna fracción de la clase capitalista, pasar a cero emisiones sí”. Investigador experto en crisis climática, escritor y activista, Andreas Malm cree tan poco en la respuesta de los gobiernos a la emergencia global que plantea la necesidad de acabar con el gran capital fósil mediante un movimiento social que presione desde abajo a los Estados
usando la desobediencia civil e incluso el sabotaje. Dos de sus obras acaban de llegar al mercado de libros en castellano.

Se puede ser profesor de Ecología Humana de la Universidad de Lund (Suecia) y una de
las voces expertas más relevantes a nivel internacional sobre crisis climática, por un
lado, y escribir un libro titulado
Cómo dinamitar un oleoducto de próxima
publicación por Errata Naturae
, así como formar parte del grupo Klimax, partidario de
la desobediencia civil y el sabotaje, por otro. De hecho, Andreas Malm (Fässberg,
Suecia, 1977) plantea la necesidad de que los Estados se preparen ya para “derribar”
corporaciones como ExxonMobil, BP, Shell o Total para frenar la debacle climática.
Escéptico con los gobiernos del mundo respecto a la respuesta ante esta emergencia
pero ferviente creyente en un movimiento popular que, desde abajo y lejos de los
Estados, obligue a estos a actuar de forma contundente contra la mayor crisis de la
humanidad y del planeta desde la última glaciación, dos de sus libros acaban de llegar al
mercado en castellano. En su último trabajo,
El murciélago y el capital: coronavirus,
cambio climático y guerra social
(Errata Naturae, 2020), profundiza en los orígenes de
la pandemia de covid-19, sus causas y sus consecuencias desde un punto de vista
económico y medioambiental. Además, Capitán Swing acaba de editar
Capital Fósil: el
auge del vapor y las raíces del calentamiento global
, un volumen publicado en 2017
que Naomi Klein calificó como “la historia definitiva sobre cómo nuestro sistema
económico creo la crisis climática”.

Equiparas un mundo en permanente pandemia de covid-19 con el que resultaría de una “vuelta a la normalidad” pero en un planeta con un cambio climático desbocado. ¿Hay salida?


Hay una salida: podemos nacionalizar todas las empresas de combustibles fósiles y ordenarlas que dejen de producirlos y, en lugar de poner CO2 en la atmósfera, volver a enterrarlo. Y, por supuesto, ordenar a todas las empresas de combustibles fósiles que ya son propiedad de los Estados que hagan lo mismo. Y cambiar toda la economía mundial de esa base energética a la energía solar y eólica. También revertir la deforestación,
dejar que las selvas tropicales vuelvan a crecer sobre los pastos de ganado y las
plantaciones de soja y regenerar franjas de territorios desde Australia hasta Alabama. Hay una salida; la ruta es bastante conocida. Solo algunos intereses muy poderosos bloquean el camino. Ahí es donde debe emprenderse la lucha.
Esta pandemia ha demostrado que los Estados conservan la capacidad de interrumpir los negocios, simplemente ordenando el cierre de las empresas, y cambiar los esfuerzos productivos hacia
el único objetivo de supervivencia
Llamaron locos a quienes plantearon medidas drásticas para frenar la emergencia  climática pero cuando se tomaron al llegar el covid-19 nadie vio ninguna locura.

¿Una economía de guerra para fabricar paneles solares y aerogeneradores a ritmo de bombarderos en la II Guerra Mundial es posible?

Por supuesto, no hay nada técnicamente inviable al respecto. De hecho, esta pandemia ha demostrado que los Estados conservan la capacidad de interrumpir los negocios, simplemente ordenando el cierre de las empresas, y cambiar los esfuerzos productivos hacia el único objetivo de supervivencia. Claramente podrían hacer lo mismo en el frente climático. Nunca más deberíamos creer la mentira de que sería demasiado
incómodo, demasiado perturbador y desagradable hacer la transición de los combustibles fósiles. En ese sentido, la pandemia le ha dado al movimiento climático algo de munición propagandística. Solo necesitamos usarlo de manera efectiva.


La mayoría de los gobiernos se ha tomado la lucha contra el covid-19 como una guerra, movilizado ingentes recursos económicos e incluso paralizando su actividad económica. Sin embargo, ningún ejecutivo se ha tomado igual una amenaza del calibre de la crisis climática. ¿Hay respuesta a la pregunta de por qué
a los gobiernos del mundo no les tembló la mano para paralizar la economía con el covid-19 y, sin embargo, ni se plantea algo así frente a la amenaza global del cambio climático?

Esta es una pregunta compleja que debe responderse en varios niveles, si es que puede responderse satisfactoriamente. Es algo que no deja de desconcertarme. Primero, y quizás lo más obvio, es que las medidas tomadas para combatir el covid-19 se han anunciado como temporales. Nadie está hablando de un cambio permanente en nuestra forma de vida: es una pausa, una interrupción desafortunada, y volveremos a la normalidad tan pronto como podamos. Un alejamiento de los combustibles fósiles sería permanente. Marcaría una transición que nunca se revertirá: no vamos a dejar de quemar combustibles fósiles para salvar el clima de un colapso total y luego reiniciar unos meses o años después. Las medidas que están ahora en vigor se pueden vender a todo el mundo, incluido al capital, como un precio alto que debe pagarse solo por un
corto período.
No hay razón para creer que las naciones entrarán en acción automáticamente cuando sus propios territorios sean quemados por el calor Por otro lado, una transición ecológica y un alejamiento de los combustibles fósiles no tendrían que incluir nada parecido a los inconvenientes extremos de un encierro: no aislaría a las personas en sus hogares, no prohibiría las multitudes o las pequeñas reuniones, no desconectaría la vida cultural, no destrozaría prácticamente todas las interacciones humanas. Estos aspectos cuasi totalitarios de un confinamiento no servirían para un cambio de la energía fósil a la renovable. En este sentido, debería ser
mucho más fácil para los gobiernos implementar un programa de acción de emergencia climática. Incluso podría mejorar la vida de las personas, no sería necesario convertirla en tantas pesadillas solitarias. En última instancia, la diferencia parece reducirse a los intereses de clase. Abandonar los combustibles fósiles significa liquidar todo un departamento de acumulación de capital, lo que se conoce como la industria de los
combustibles fósiles.

La razón por la que no se toman estas medidas tiene menos que ver con las molestias que causarían a la gente común como con la extraordinaria cantidad de poder concentrado en esta industria. El distanciamiento social y restricciones similares no amenazan a ninguna fracción de la clase capitalista con una sentencia de muerte, pasar a cero emisiones sí.

No existe una receta más segura para más pandemias que la deforestación; en esto, la ciencia es unánime
Asimismo, el contraste se evapora cuando se considera que los Estados de todo el mundo también han intentado, aunque mal, proteger a los ciudadanos de los eventos climáticos extremos recientemente. Han enviado a los bomberos a las llamas y han evacuado a las poblaciones en peligro por los huracanes. Combatir los síntomas es algo que los Estados pueden hacer —ya sea de manera pobre o eficiente—, tanto en lo que
respecta al clima como al coronavirus. Pero en ninguno de los campos parecen capaces de perseguir las causas. Se ha dejado que los impulsores de las pandemias se aceleren en 2020 tanto como los del calentamiento global: lo más importante es que la deforestación se está acelerando este año como nunca antes. La devastación del Amazonas central alcanzó un nuevo pico el verano pasado, y el Gobierno indonesio acaba de abrir sus selvas tropicales a inversionistas extranjeros para una tala ilimitada. No existe una receta más segura para más pandemias que la deforestación; en esto, la ciencia es unánime. Es mediante la tala de bosques, y los bosques tropicales en particular, que los patógenos entran en contacto con poblaciones humanas como el SARS-CoV-2, transportado por murciélagos, cuyos bosques han sido arrasados en los
últimos años, particularmente en el sureste Asia, lo que los obliga a viajar con sus virus a algún otro lugar, donde se topan con humanos. Y, sin embargo, en lo más profundo de la segunda ola de la pandemia del covid-19, todavía no hemos visto una sola iniciativa en ningún lugar del mundo para frenar la destrucción de los bosques tropicales. En cambio, la tendencia es una aceleración. Visto desde este ángulo, los Estados han
abordado el problema de la pandemia tan irracionalmente como lo han hecho con el clima: echando más leña al fuego, más rápido.
La del covid fue una crisis casi repentina. El cambio climático, aunque se acelera y
tiene consecuencias devastadoras que aparecen de repente, lleva décadas fraguándose y es gradual.