Cinco recomendaciones en gasto de receta ahorrarían 1.500 millones hasta 2022

Aproximadamente 1.500 millones de euros. Es, en cifras, la reducción del gasto en transferencias sociales en especie esperada por el Gobierno entre los años 2019 y 2022 como consecuencia de la aplicación de las nuevas propuestas de racionalización del gasto farmacéutico no hospitalario. O, dicho con otras palabras, el “ahorro sustancial” que la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2019-2022 asocia a las cinco recomendaciones extraídas del Spending Review que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elaboró, a petición del Gobierno, sobre el gasto farmacéutico de receta:

1. la generalización de una “subasta a nivel nacional” de medicamentos; 2. la implantación de una nueva definición del SPR; 3. la implantación de protocolos de revisión y seguimiento farmacoterapéutico de las prescripciones; 4. la implantación de sistemas de control periódico para mitigar desviaciones relevantes en el consumo de medicamentos sobre el gasto público de medicamentos en farmacias y 5. la modificación de las medidas de recortes de precios transversales introducidas con el RD 8/2010.

Más allá de hacer referencia a ese “ahorro sustancial”, la documentación que el Gobierno remitió a finales del mes de abril a la Comisión Europea no especificaba exactamente ninguna cantidad asociada a las recomendaciones del Spending Review en el capítulo de gasto farmacéutico no hospitalario. Ha sido la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por comparación entre su primer y segundo informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 (el primero tuvo lugar antes de remitirlo a Bruselas y el segundo ha tenido lugar después) quien ha detectado la diferencia, esos 1.500 millones de euros que entre uno y otro escenario han sido imputados a ‘transferencias sociales en especie’, la partida que tradicionalmente recoge el gasto farmacéutico de receta. Pero el potencial de ahorro, añade la AIReF, podría haber sido “mucho mayor”, recordando así que el Gobierno sólo ha tomado nota de cinco de sus recomendaciones, frente a las 19 que incluye el informe original, aún pendiente de publicación.

“Cierta inconsistencia” en la previsión.La imputación del ahorro farmacéutico a las ‘transferencias sociales en especie’ es origen de la única discrepancia que la AIReF plantea sobre las previsiones del Gobierno en Sanidad. En líneas generales, la APE prevé que el gasto sanitario se mantenga constante en relación al PIB, lo que supone un crecimiento promedio del 3,8 por ciento en 2019-2022, similar al de la AIReF (ver gráfico superior).

No obstante, este organismo advierte de “cierta inconsistencia” derivada de haber imputado los 1.500 millones de ahorro solo al gasto de receta, cuando las transferencias sociales en especie no solo incluye esa rúbrica de gasto, sino también conciertos educativos o sanitarios, entre otros conceptos. De ahí que la AIReF considere “demasiado ajustado” el reparto de las diferentes partidas de gasto sanitario. Fuentes de la Autoridad Fiscal lo explican de la siguiente forma: “Si bien estamos en línea con la APE en cuanto a evolución de gasto sanitario, la distribución entre rúbricas no sería la misma”.

Lo que parece claro es que la inclusión de las recomendaciones para el gasto de receta, si bien puede considerarse “prudente” (por incluir ‘solo’ 5 de las 19 propuestas de AIReF) será beneficiosa ante la proyección de crecimiento del gasto sanitario. “De un incremento promedio del gasto de en torno al 2,5 por ciento entre 2016 y 2018 [gráfico inferior] pasaremos a un crecimiento de casi un 4 por ciento entre 2019 y 2020, y sería mayor si el gobierno no contemplara, como ha contemplado, algunos de los ahorros esperados que la AIReF ha hecho sobre el gasto farmacéutico no hospitalario”, reconocen las mismas fuentes.

AIReF pide que se concreten las medidas.No todas las recomendaciones trasladadas al Gobierno en los siete estudios que componen la primera fase del Spending Review (entre ellos I+D y gasto de receta) tienen implicaciones presupuestarias. Ciertamente, los ahorros en Farmacia son los más identificables, pero a la AIReF tampoco se le escapa que sólo aparecen citados como probables en el Programa de Estabilidad.

Por ello, entre sus nuevas recomendaciones, pide al Gobierno “que se concreten las medidas que se van a adoptar en el marco del procedimiento de revisión integral del gasto comprometido con las instituciones comunitarias y cuya realización, en varias fases y áreas específicas de gastos, se encargó a la AIReF por acuerdo del Consejo de Ministros”. Asimismo, señala que el acuerdo de Consejo de Ministros que concrete estas medidas “debería incluir los compromisos concretos asumidos, con un horizonte claro de implementación”. AIReF no pasa por alto lo que el propio Gobierno otea en el horizonte. Que la reforma del sistema de financiación subirá el gasto sanitario, lo cual, sin medidas adicionales (aumento de ingresos o reducción de gastos) incidirá en el déficit de las administraciones públicas.

El “ahorro sustancial” de las 5 propuestas de AIReF sobre el gasto farmacéutico de receta ascendería a 1.500 millones

El potencial de ahorro en gasto farmacéutico no hospitalario, según AIReF, podría haber sido “mucho mayor”

En líneas generales, la APE prevé que el gasto sanitario se mantenga constante en relación al PIB

AIReF recomienda al Gobierno que concrete las medidas que va a adoptar y un “horizonte claro de implementación”

ANÁLISIS “NOVEDOSO” DE LAS SUBASTAS.El propietario del Spending Reviewes el Gobierno”. La AIReF responde así a la preguntas que más le formulan estos días: la de cuándo publicará sus análisis del gasto público. La semana pasada, tras la información publicada en EG, otra pregunta a formular era: ¿Ha recomendado AIReF unas ‘subastas eléctricas’? AIReF ni confirma, ni desmiente: “El estudio analiza las subastasde una manera exhaustiva y novedosa”, asegura. Para saberlo habrá que esperar a su publicación, pendiente de que el Consejo de Ministros, que lo encargó, tome razón formal del mismo, algo que tiene que canalizar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.1

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