Declaración del 28 de abril, Oviedo

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD Y SANIDAD. 

Declaración del 28 de abril, Oviedo

En el actual gobierno de las instituciones y los asuntos públicos, la participación comunitaria es simbólica o, en el mejor de los casos, extremadamente débil. Es un claro síntoma del déficit democrático de nuestra sociedad, que niega el sentido de pertenencia y la capacidad de intervención de la ciudadanía. Una carencia, en la Salud y la Sanidad, que es una de las claves para allanar el camino a las privatizaciones (en donde casi todo puede ser un nicho de negocio) y conformar un modelo neoliberal, caracterizado por lo patológico, individual, medicalizador, mercantilista y consumidor de recursos.

Pese a esta realidad, se han realizado a lo largo de los años esfuerzos loables e importantes en el espacio institucional (principalmente los Consejos de Salud y algunos Municipales), impulsados por ciudadanos y profesionales, reivindicado cuestiones como la promoción de la salud, la naturaleza estatal y el control social de los servicios sanitarios o los derechos de los pacientes. Estos esfuerzos siempre se han visto contrarrestados por el gerencialismo con normativas esterilizantes, discursos retóricos e instrumentalización política, con nula voluntad de los poderes públicos a este respecto. Recientemente, sin embargo, el municipalismo de nuevo cuño está abriendo nuevas expectativas a la participación comunitaria y al abordaje de los determinantes sociales de la salud.

De forma igualmente reciente, han emergido con fuerza las mareas blancas, con distintas denominaciones y modalidades, como una forma de presión – básicamente de resistencia – asentada en la movilización civil y por fuera de las estructuras de poder. Las mareas han mostrado en bastantes ocasiones eficacia para revertir medidas injustas y perjudiciales, si bien con algunos problemas como la seducción del “sanitarismo” y reivindicaciones que se pueden englobar en “too much medine” y “más es mejor”. En todo caso, es indudable que las movilizaciones y la presión social son imprescindibles y determinantes en los procesos participativos, aunque con la servidumbre de estar habitualmente sometidos a dinámicas recurrentes de flujo y reflujo.

En nuestra opinión, la experiencia acumulada debe servir para formular, desde dentro y desde fuera de las estructuras formales, una estrategia de participación que vertebre la Salud y la Sanidad articulada en torno a los siguientes objetivos:

1.- La restitución de los derechos y los recursos enajenados y, en primer lugar, de la asistencia sanitaria como un derecho universal garantizado por el sector público.

Implica, entre otras cuestiones, la derogación de la ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión, el RD 16/2012 y suprimir los sistemas paralelos (MUFACE y mutuas laborales), con el compromiso de recuperar todas las concesiones y externalizaciones.

Ahora bien, cabe preguntase si los servicios públicos, como la Sanidad Pública, ¿pertenecen a la sociedad o son instrumentos de dominación del poder público? En realidad, por su doble naturaleza, expresan ambas cosas a la vez: De una parte, representan la universalidad de las prestaciones y en teoría de las necesidades de la sociedad. De otra, y al mismo tiempo, son instrumentos de dominación del poder político al servicio de la distribución de cargos, clientelismo, nepotismo, o cuando no desviación de fondos y corrupción. En otros términos, no cabe el simplismo de “estado frente a mercado”, ya que el estado, gobernado por partidos influidos por las políticas neoliberales, interviene siempre en favor del mercado.

Defender el estado de bienestar, reivindicar por ejemplo la renta básica, o apostar por el estado o por el “tercer sector” asociativo, son formas nobles de resistencia a las políticas de redistribución minadas por el neoliberalismo. Pero más allá de la defensa de los servicios públicos y la oposición a la privatización de los bienes comunes (el agua, el conocimiento, la cultura, la salud, la sanidad, la educación, el mar o internet), es imprescindible revisar la concepción del Estado (no es igual “soberanía del estado” que “soberanía de la voluntad popular”) y transformar los servicios públicos en instituciones democráticas que permitan a la ciudadanía el acceso a la información, la deliberación y la intervención, es decir, democratizar radicalmente la democracia.

  1. La exigencia de democracia y “Gobierno Abierto” de las instituciones y los servicios públicos.

El Gobierno Abierto es transparencia, participación y rendición de cuentas, es generar en las instituciones a todos los niveles espacios permanentes de deliberación e intervención ciudadana en la toma de decisiones, en función de las preferencias y necesidades sociales. La participación es nuclear en la evolución de un sistema de democracia representativa (que autoriza a unos pocos a hablar y actuar en nombre de la mayoría) hacia otro modelo de democracia real, con fórmulas de autogobierno, que se opone a la apropiación de los espacios públicos por parte de poderes privados o estatales.

La historia del mundo occidental se ha construido desde un doble principio: el derecho a la propiedad privada, que otorga poder absoluto a los propietarios, y el derecho a la soberanía del estado, que otorga poder absoluto a los que lo detentan. Un doble absolutismo: El derecho privado (la propiedad) y el derecho público (la soberanía), son los ejes de la separación entre la sociedad civil y el estado. Por tanto, el problema no se reduce a la privatización de los bienes comunes por parte de las multinacionales, sino también a la perversión y la confiscación de lo público en un marco de la democracia representativa.

En este contexto, la ciudadanía queda fuera del gobierno de los asuntos públicos no sólo cuando son privatizados, sino también cuando se delega el gobierno y la gestión de los mismos. Las consecuencias son evidentes: La “empresarialización” de los servicios; la reconversión de la ciudadanía en simple consumidora pasiva de recursos; o la exclusión, no sólo de la ciudadanía, sino también de los funcionarios y empleados de los centros de decisión (en el epicentro de la crisis de lealtad al sistema), subordinados a los intereses del partido que gobierna, quizás con la excepción de la “nobleza funcionarial”, allegada al poder como “cargos de confianza” y separada de los empleados “de abajo” o de “primera línea”.

  1. La movilización de la ciudadanía y la alianza por la salud:

Un proyecto de Comunidad responsable de los Cuidados de la Salud, como expresión de una alianza entre la sociedad civil y sus organizaciones, las autoridades locales y regionales, y los recursos sanitarios, académicos y profesionales, con la finalidad de intervenir sobre los determinantes sociales de la salud.

Las políticas saludables tienen que estar presentes en todas las políticas, con el objetivo del empoderamiento de la salud propia y colectiva, con propuestas inclusivas que abarquen a toda la población porque la salud está condicionada por las condiciones de vida y trabajo, la exposición a tóxicos persistentes, disruptores endocrinos, stress, alimentos procesados, contaminación del aire y del agua, etc.

Las políticas públicas no pueden olvidar que su verdadera finalidad es la eficiencia social, a cuyo servicio, y no al revés, ha de estar la eficiencia económica, para ello es necesario reactivar un nuevo contrato social, con derechos y obligaciones, en donde los Consejos de Salud en sus distintos ámbitos representen la forma organizada de la alianza por la salud.

  1. La equidad, la independencia y la reordenación de los recursos como ejes de la necesaria reorientación del sistema sanitario:

El cuidado de la salud debe ser equitativo, sus beneficios han de llegar a todo el mundo por igual sin barreras económicas, sociales, de género o étnicas, con especial atención al descontrol de las Listas de Espera, que son el motivo fundamental de crecimiento de los seguros y el ejercicio privado.

El sistema debe ser independiente, sin complicidades con la medicina privada y sin sometimiento, como ahora ocurre, a la industria tecnológica y farmacéutica. Es necesario rescatar la capacidad de control sobre las innovaciones y realizar inversiones seguras, productivas y coste/efectivas. Y en sentido contrario, desinvertir en medicalización y en gastos que no producen salud.

El sistema debe, por último, reestructurar la pirámide asistencial del modelo sanitario con mayores recursos y protagonismo de los servicios de Salud Pública y Atención Primaria.

Jornada del 28 de Abril, OVIEDO
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ASTURIAS

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