No suele pasar, pero en las últimas semanas una gran parte de la sociedad mira a las residencias de mayores. Las razones para ello son dramáticas: allí se encuentran las personas que, por su edad y estado de salud, constituyen el principal grupo de riesgo ante el covid19. Por ello, es en estos espacios donde deberían extremarse las prevenciones y cuidados para evitar que la pandemia se cobre vidas humanas.
Sin embargo, desde que empezó la crisis sanitaria, las profesionales de los centros —son mayoritariamente mujeres las que allí trabajan y las que denuncian— han desmentido este supuesto. Y el parte de personas fallecidas no ha hecho más que corroborar lo que las trabajadoras señalan: la tarde del 27 de marzo, según un recuento de la agencia Europa Press eran ya 1.615 las personas fallecidas por coronavirus. El número más elevado por mucho, 1.065, en la Comunidad de Madrid. Las cifras han de tomarse con precaución, pues varían continuamente y, al no haberse realizado el test en muchos de estos casos, son imprecisas.
Tras la primera semana de estado de alarma y ante la situación que empezaba a trascender desde las residencias, el pasado sábado 21 el Gobierno dispuso que la Unidad Militar de Emergencias (UME) pudiera intervenir en estos dispositivos. Dos días después, en la televisión, la titular de Defensa, Margarita Robles, contaba cómo estas unidades habían encontrado escenarios de gran preocupación, con cadáveres entre los ancianos. Señalados quedaban centros privados que, mediante la ocultación de fallecimientos, habrían intentado evitar el cierre.
El jueves 26, en un reportaje de El Salto Madrid, trabajadoras de residencias de gestión pública en la Comunidad de Madrid desmentían que la falta de prevención y el abandono de cadáveres fuera un problema circunscrito a residencias privadas de escasa fiscalización. En la propia red de gestión pública las profesionales afrontan la pandemia sin material de prevención, angustiadas ante la eventualidad de contagiar a las personas que cuidan. Las fuentes desvelaban así un dramático abandono institucional: su muestra más dura, cuerpos sin vida que permanecían en las instalaciones entre 24 y 48 horas.
DE UNA “NORMALIDAD” INSOSTENIBLE A UNA CRISIS LETAL
Muchas de las demandas de familiares y trabajadoras confluyeron el pasado septiembre en la Marea de Residencias. Un movimiento asambleario que aglutinaba gentes de la Comunidad de Madrid pero también del País Vasco o Galiza. Carmen López, integrante de esta red, ha experimentado en estas últimas semanas de qué manera se concretan, en una crisis sanitaria sin precedentes, las consecuencias de la situación de escasez de recursos o insuficiencia de personal que llevan años denunciando. Y si bien ha notado algunos cambios después de que, en los días posteriores a la declaración del estado de alarma, el clamor por la insuficiencia de recursos de todo tipo en las residencias fuera masivo, considera que estos avances están lejos de ser suficientes.
Y cuando López habla de insuficiencia se refiere tanto a los materiales de protección como a la función de la UME, que “desinfecta los espacios exteriores, pero las trabajadoras y trabajadores entran y salen en tres turnos diarios: van en transporte público, caminan por la calle, van al supermercado”. Esta profesional cree que los centros deberían ser directamente intervenidos, pues, como muestran los números: “Una vez que entra el covid19 en una residencia avanza de forma desmesurada y a pasos agigantados”.
Las negligencias en la prevención, la insuficiencia de personal o la falta de previsión de reposición ante las bajas de trabajadoras con síntomas forman parte de la habitual dejadez institucional hacia estos centros
Las negligencias en la prevención, la insuficiencia de personal, la no previsión de reposición ante las bajas de trabajadoras con síntomas, encajan para esta profesional en la dejadez institucional para con estos centros. Su diagnóstico es rotundo: “Todas las residencias en cualquier comunidad autónoma funcionan mal”. E invita a mirar hacia Euskadi: “En principio son las que mejor están, las que tienen mejores ratios, y míralas, llevan mucho tiempo en huelga”.
Las trabajadoras denuncian no tener materiales para prevenir los contagios ni tiempo para dar cariño y tranquilizar a las personas a las que atienden y que viven la situación aislados y en medio del desconcierto
Si en tiempos de “normalidad” el funcionamiento de las residencias se mantiene “gracias al sobreesfuerzo de las trabajadoras”, con la llegada de la crisis se ha pasado de un escenario de precariedad e insuficiencia del personal —y en consecuencia, de mala calidad del servicio—, a una cuestión de vida o muerte en la que las trabajadoras denuncian no tener ni los materiales para prevenir los contagios ni el tiempo para dar cariño o para tranquilizar a las personas a las que atienden y que viven la situación aislados, a la espera, en medio del desconcierto.
VIDAS QUE IMPORTAN MENOS
Daniel Prieto es doctor en sociología y ha investigado la representación de la vejez. Si le preguntas qué valor social se le da a las personas mayores que posibilita que las alerta sanitaria les haya encontrado en este estado de vulnerabilidad, se cabrea un poco: “Pareciera que hablamos de un colectivo homogéneo con necesidades similares por el hecho de haber alcanzado cierta cifra en el DNI, de forma que el resto de características personales se diluyen haciendo de la parte el todo. Así, una persona mayor es antes ‘mayor que persona’”, señala.
En esta deshumanización parece consistir parte del problema: arrejuntados bajo el arquetipo de dependencia, algo que no se corresponde con la realidad de la mayoría de personas que pasan los sesenta años, pagan esto con su agencia: “La dependencia encierra un valor despersonalizante, nos hace menos sujetos, menos individuos”. El supuesto de dependencia permitiría que “expertos o instituciones adopten decisiones en torno a estas personas sin tener en cuenta sus deseos y consideraciones respecto a sus propias vidas”.
El hecho de que las personas mayores que no son dependientes supongan la excepción en los centros, dificulta que sean los principales afectados quienes denuncian su propia situación: “Facilita ese funcionamiento de caja negra por el que solo nos enteramos de lo sucedido en su interior cuando acontece la tragedia”.
Para Sancho la situación en la que se encontraban hasta ahora las personas mayores y que ha explotado en la crisis sanitaria tiene que ver en la “desigualdad en su valor social y, en consecuencia en el trato que reciben”
Mayte Sancho, experta en gerontología social, coincide en señalar la homogeneización de realidades muy diversas como problema, y recuerda que la mayoría de las personas mayores de 60 años no solo son autónomas sino que asumen la mayor parte del cuidado de quienes superan los ochenta. “Las personas en situación de dependencia, generalmente mayores de 80 a 85 años, son las candidatas a ingresar en una residencia. De alguna manera responde al perfil de una mujer, con dos o más enfermedades crónicas, que vive sola, que sube y baja dos o tres alturas para acceder a su domicilio que vive de una escasa pensión de viudedad y cuya red de apoyo familiar y social es muy escasa”.
Para Sancho la situación en la que se encontraban hasta ahora y que ha explotado en la crisis sanitaria tiene que ver en la “desigualdad en su valor social y, en consecuencia en el trato que reciben. No olvidemos que hay amplia evidencia científica que demuestra que en el trasfondo de los malos tratos están los estereotipos”.
A la relegación social de las personas internas en las residencias se une el escaso valor que se da al trabajo de cuidados y que redunda en las precarias condiciones laborales de sus profesionales. “Esto lo hacíamos antes las mujeres en casa gratis, y ahora que lo hacemos profesionalmente nos tratan como si tuviésemos que estar agradecidas por cobrar para nuestros caprichos”, ironiza Sastre.
Jornadas parciales que implican ir varias veces a los centros en un mismo día, gente con hasta 17 turnos distintos semanales, todo por un salario escaso, “¿cómo se vive así?”, se pregunta la sindicalista, “¿cómo se concilia?”. Para la integrante de ELA la subcontratación de la gran mayoría del personal, y el hecho de que se trate de un sector feminizado, son los factores que alimentan la naturalización de sus precarias condiciones laborales.
REPENSAR O SUPERAR LAS RESIDENCIAS
“La vida en las residencias normalmente es triste ya de por sí”, recuerda Carmen López, señalando una vez más las consecuencias de la falta de recursos: “Las actividades prácticamente no existen o son mínimas, hay un abandono total por parte de las instituciones que las han relegado a un último plano y ahora estamos viendo pues, de aquellos barros, estos lodos”. Esta profesional espera que pasada esta etapa dramática se haga “un profundo análisis de las atrocidades que se han cometido en las residencias con los recortes y la privatización de lo público en general”.
“Mucha gente tiene que estar sintiendo vergüenza ahora mismo”, reflexiona Ane Sastre, y reivindica que es esto lo que han estado denunciando como profesionales en una huelga que ha durado 243 días y que decidieron aplazar el pasado 13 de marzo. “Cuando esto acabe, volveremos con más fuerza que nunca, pues nada puede volver a ser como antes. No vamos a dar ni un paso atrás”.
“Cuando esto acabe, volveremos con más fuerza que nunca, pues nada puede volver a ser como antes. No vamos a dar ni un paso atrás”, declara Sastre
Es en la dinámica neoliberal de privatización descarnada y búsqueda a toda costa de beneficios —dejando abierto el negocio a empresas piratas o fondos de inversiones— donde tanto las profesionales como Camargo ponen el foco. Para que haya un cambio de modelo, el político ve fundamental revertir este proceso, y confía en que esta situación haya despertado una mayor conciencia social, pero no cree que haya voluntad política para ello, al menos en la Comunidad de Madrid.
Es lo que le dice su experiencia. En la anterior legislatura llegaron a tramitar una ley para mejorar la situación en las residencias, pero Ciudadanos y el Partido Popular la frenaron: “No veían problema con la ratio y nos acusaron de querer crear alarma social”. Quizás el Gobierno pueda avanzar con una legislación básica estatal fijando ratios mínimos, aventura.