La gripe y las autoridades sanitarias
La vacunación contra la gripe es un rito anual, recomendado con machacona insistencia por las autoridades sanitarias y algunas sociedades científicas. Así, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de EEUU considera que hay que vacunar a todas las personas sanas mayores de 6 meses de edad, siempre que no tengan contraindicaciones.
Sin embargo no hay datos consistentes que apoyen esta recomendación. Tom Jefferson, jefe del Grupo de Vacunas de la Colaboración Cochrane (el principal productor mundial de revisiones médicas basadas en la evidencia), expresó serias reservas sobre los datos que respaldan las recomendaciones de la vacuna contra la influenza: «La gran mayoría de los estudios son profundamente defectuosos.»
Una revisión Cochrane de 2012 sobre la eficacia de la vacuna en la población pediátrica, observó grandes diferencias entre los estudios que estaban financiados por la industria farmacéutica (la mayoría observacionales y con muchos problemas metodológicos) y los que tenían financiación pública (con conclusiones muy poco favorables a la vacuna). Otra revisión Cochrane de 2014 sobre la vacuna en adultos sanos, incluyendo mujeres embarazadas, concluyó que la vacunación no muestra ningún efecto apreciable en los días de trabajo perdidos o en la hospitalización.
Por tanto, ¿cómo llegamos hasta aquí? Si los datos que respaldan la vacunación generalizada contra la gripe son débiles, ¿por qué esta insistencia de nuestras autoridades en la vacunación contra la gripe? Quizás el temor al pasado pueda ser una explicación, empezando por la terrible pandemia de gripe de 1918-1919, que mató a aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo. Hacia finales de 1940 ya se había desarrollado una vacuna contra la influenza, y su uso se generalizó con la epidemia de 1957 (cerca de 2 millones de muertos) y se ha visto reforzada con las alarmas de la «gripe aviar» H1N1 de 1976 y con posterioridad de la denominada gripe A o porcina, pese a la aparición de casos de síndrome de Guillain-Barré en los receptores de la vacuna.
Tampoco hay que desconsiderar la presión que ejerce la Industria y la acusada tendencia del sistema sanitario a actuar (y medicalizar) aunque no tenga suficientes razones para hacerlo, como muestra una reciente revisión en The Lancet, en donde se refiere que el 25% de las prótesis de rodilla que se ponen en España no están justificadas.
Nuestras autoridades sanitarias declaran un gasto importante de 700.000 euros anuales, solo por la compra de la vacuna de la gripe, mientras las dudas sobre la eficacia de la vacuna no han hecho más que continuar. La CDC de EEUU se pregunta si están justificados los costes de la vacunación, y la FDA, también de ese país, reconoce la «escasez de ensayos aleatorios», advirtiendo de graves fallos metodológicas en muchos estudios de la vacuna de la gripe.
Por nuestra parte, es evidente que se necesitan más y mejores estudios para demostrar con consistencia la utilidad de esta vacuna. Pero dado que la gripe es una enfermedad que puede causar complicaciones graves, no queremos descartar la vacunación en términos absolutos, pese a que tenemos como precedente el penoso escándalo del Tamiflú. ¿Qué dicen ahora nuestras autoridades sanitarias que compraron Tamiflú de forma masiva como solución mágica contra la gripe? Por tanto, menos lobos y más prudencia a la hora de establecer recomendaciones y gastar el dinero público. Lo que han de hacer las autoridades es planificar adecuadamente los recursos sanitarios ante los previsibles picos de demanda, no hacer recortes y no precarizar a los trabajadores sanitarios.