La vuelta a la «normalidad» del interés político por el Sistema Nacional de Salud

Eldiario.es

Ha bastado que el brote epidémico comenzase a declinar en España para que el interés por parte de todos los partidos políticos por la situación de la sanidad volviese a los niveles subterráneos de antes de la crisis.

Al menos así parece deducirse de las dificultades habidas en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso para alcanzar siquiera unos niveles mínimos de acuerdo para capacitar a nuestro sistema sanitario para dar una mejor respuesta a los futuros brotes que cabe prever en ausencia de vacuna y tratamientos consolidados.

Poner de manifiesto las dificultades para alcanzar esos acuerdos no debe, sin embargo, ocultar el firme acuerdo tácito que existe entre todos los partidos, y sobre todo entre los mayoritarios, PSOE y PP, para no poner en cuestión las bases sobre las que se asienta el Sistema Nacional de Salud (SNS). Unas bases que, sin embargo, son, a nuestro juicio, arenas movedizas, que amenazan con romperlo en dieciocho sistemas diferentes (uno por cada una de las CCAA, más otro distinto para los funcionarios mutualistas de MUFACE, MUGEJU e ISFAS), acabando con el carácter universal e igualitario al que se aspiraba cuando se creó.

Si algo ha puesto de relieve la crisis actual han sido los déficits regulatorios y estructurales de nuestro sistema sanitario en muchos terrenos:

– En el de la Salud Pública, los déficits de los mecanismos de información y vigilancia epidemiológica han sido evidentes, con amplias repercusiones sobre la (ausencia de) detección precoz de la crisis y la amplitud del desarrollo de ésta. Esos déficits son el resultado de la desconexión entre los sistemas de nivel autonómico con la organización central de los mismos, que dependen del Instituto de Salud Carlos III.

– En el campo de la asistencia sanitaria, las carencias de los sistemas de información sobre los recursos personales y materiales disponibles y su distribución han resultado igualmente manifiestas. En este caso las responsabilidades se dividen entre unas CCAA que han venido presentando dificultades permanentes al suministro en tiempo y forma de la información necesaria tanto para la gestión ordinaria del sistema como, más aún, en situaciones de crisis, y un Mº de Sanidad que ha hecho dejación de sus competencias y obligaciones en la demanda y elaboración de esa información.

– En cuanto a los mecanismos de compra centralizada que puedan beneficiar al SNS y a cada una de las CCAA de las economías de escala y el “poder de compra” derivados de su funcionamiento conjunto, su existencia estaba ya prevista en la propia Ley General de Sanidad (LGS). Su puesta en marcha ha sido dificultada de manera sistemática por las CCAA, sobre todo aquéllas que disponen de un mayor nivel de gasto, y a esos efectos han resultado inútiles las propuestas basadas en la adhesión voluntaria a mecanismos de compra centralizada para productos concretos, como las vacunas. El fracaso de un mecanismo de compra centralizada de material sanitario puesto en marcha de manera apresurada al inicio del estado de alarma no pudo, como era previsible, sustituir la función de un mecanismo que, para ser eficaz, requiere un funcionamiento y una relación estable con los proveedores.

– Pese a todo, el sistema sanitario asistencial (no así el socio-sanitario, sobre todo las residencias de ancianos) ha demostrado una alta capacidad de adaptación, basada sobre todo en la capacitación profesional y el esfuerzo del personal sanitario. Un esfuerzo realizado pese a la reducción de las plantillas, la situación de eventualidad de más de un tercio del personal sanitario en su conjunto, y las restricciones salariales; situaciones todas ellas resultado de las políticas de recorte presupuestario aplicadas al sistema sanitario durante años tras la crisis económica previa, que constituyen una seria amenaza frente a posibles rebrotes epidémicos.

Como expusimos en un informe remitido por nuestra Plataforma a la Comisión de Reconstrucción, las situaciones descritas tienen su raíz en las carencias observables en las normas que rigen en el momento actual la estructura y el funcionamiento del SNS, comenzando por la LGS que lo creó.

Cuando en 1986 se aprobó ésta, se habían producido ya una serie de actuaciones que condicionaban el desarrollo de ese modelo. Se había producido antes el traspaso de las competencias periféricas en materia de Salud Pública a la totalidad de las CCAA, e incluso las de asistencia sanitaria de la Seguridad Social a dos de ellas, Cataluña en 1981 y Andalucía en 1984.  En ninguno de esos casos la LGS definió un modelo mediante el que se fijara de qué forma se debía mantener la cohesión del sistema sanitario en su conjunto. Un problema que se complicó aún más con la mala definición de lo que suponía la “coordinación” que la Administración General del Estado debía ejercer para mantener la cohesión del SNS.

A esas limitaciones de partida la Ley añadió otras propias: no definió la relación entre la organización periférica de la Salud Pública y la de los servicios que siguieron dependiendo de la Administración central. En el campo de la asistencia sanitaria, la LGS no definió siquiera si el modelo al que se aspiraba era el de la descentralización completa de su gestión a la totalidad de las CCAA. Estableció además un modelo de financiación de esta competencia sólo previsto para su aplicación a aquéllas que tuvieran establecida en su Estatuto de autonomía la posibilidad de asumir la gestión de los servicios propios de la Seguridad Social, entre ellos la asistencia sanitaria, que hasta 1994 fueron sólo siete CCAA. Esas insuficiencias se complementaron con un desarrollo igualmente precario de los órganos y mecanismos de coordinación, entre ellos el Consejo Interterritorial.

El desarrollo posterior confirmó esas tendencias: en 2008, el Instituto Carlos III, incluidos los centros “nacionales” dedicados a la Salud Pública (Epidemiología, Microbiología) y la Escuela Nacional de Sanidad, pasó a depender del Ministerio de Ciencia e Innovación, bajo cuyo mandato permanece, tras un breve paso por el de Economía.

Por su parte, en enero de 2002, previa modificación de sus Estatutos de autonomía para incluir la posibilidad de asumir competencias en gestión de la asistencia sanitaria, se produjo el traspaso de ésta a las 10 CCAA que todavía no lo habían recibido. Un traspaso que fue además la condición para que se les aplicase un nuevo modelo de financiación que supuso la integración de la financiación de la asistencia sanitaria en el sistema de financiación autonómica general. Las condiciones de éste suponen la imposibilidad de ejercer ningún control sobre el gasto sanitario de cada una de las CCAA, pese a que éste significa un promedio, con tendencia a crecer, de más 35% del presupuesto y el gasto de cada una, y a que esas partidas son la razón principal del déficit y el endeudamiento de muchas de ellas.

Basados en esas premisas, nuestras propuestas a la Comisión son dobles:

1) En el plazo más inmediato, se deben adoptar medidas para paliar los efectos más directos de la epidemia sobre el sistema sanitario y para preparar una mejor respuesta de éste ante posibles rebrotes u oleadas sucesivas de la misma.

Entre esas medidas se encuentran el reforzamiento general de las plantillas de los centros sanitarios; la contratación específica de personal para la detección precoz de casos y seguimiento de contactos desde la atención primaria; la compra del material necesario para la realización de los test diagnósticos precisos; la compra y acumulación de equipos de protección personal que garanticen su disponibilidad; o incluso la realización de procesos de formación específicos del personal sanitario que mejoren su capacitación frente a nuevas situaciones de crisis. Todas ellas requieren de una financiación adicional, que ya ha sido concretada por el Gobierno en la suma total de 9.000 millones de euros.

El control centralizado de la utilización de esos fondos y su dedicación a los fines específicos para los que se prevean constituye en todo caso una garantía de equidad y eficiencia en la utilización de los mismos muy superior al debate que se ha iniciado ya sobre los criterios de distribución de esos fondos y su puesta a la libre disposición de las CCAA que se está planteando desde éstas.

2) En el medio plazo, que se elabore con el mayor acuerdo posible una nueva Ley General de Sanidad de orientación federal, que incluya un nuevo sistema de financiación, y cuyos contenidos básicos, y las reformas estructurales más importantes, definimos en el texto enviado a la Comisión de Reconstrucción. Normas que no sirvieron siquiera para realizar una descentralización ordenada de los servicios sanitarios deben sustituirse por otras que garanticen el funcionamiento cohesionado de los servicios autonómicos una vez completado el proceso de descentralización, como garantía de la protección sanitaria universal reconocida en el texto constitucional.

Es una propuesta a la que, sin embargo, pasado el “apretón” de la fase más aguda de la crisis, parecen hacer oídos sordos todos los partidos, que por el contrario, se sienten conformes con proponer maquillajes cosméticos, como la creación de una Agencia de Salud, que no suponen ningún cambio efectivo real en el gobierno del SNS.

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