THE ECONOMIST 19/10/2022
«No tiene sentido», dijo Joe Biden el 6 de octubre, al indultar a unos 6.000 estadounidenses condenados por posesión de una pequeña cantidad de marihuana. Aunque el cannabis es completamente legal en 19 estados del país, a nivel federal todavía se considera igual de peligroso que la heroína y más que el fentanilo, dos drogas que el año pasado provocaron la muerte de más de 100.000 estadounidenses por sobredosis de opioides. Es evidente que la prohibición no está funcionando, y donde se ve de forma más marcada es con la cocaína, no con el cannabis.
Desde que Richard Nixon lanzó hace medio siglo la «guerra contra las drogas», el flujo de cocaína hacia Estados Unidos se ha disparado. La producción mundial alcanzó un récord de 1.982 toneladas en 2020, según los últimos datos, aunque es probable que se trate de una subestimación. Ese récord se produce pese a décadas de denodados y costosos esfuerzos por atajar el suministro. Entre 2000 y 2020, Estados Unidos invirtió en Colombia 10.000 millones de dólares para acabar con la producción de coca y pagó a las fuerzas armadas locales para que fumigara las plantaciones con herbicidas desde el aire o para que arrancaran los arbustos a mano. No sirvió de nada: cuando se erradica la coca de un monte, se traslada a otro.
En Colombia, los asesinatos son tres veces más frecuentes que en EE.UU.; en México, cuatro veces
El mayor perjuicio recae sobre los países dedicados a la producción y el tráfico, donde los beneficios de la droga alimentan la violencia. En Colombia, los asesinatos son tres veces más frecuentes que en Estados Unidos; en México, cuatro veces. En algunas zonas, las bandas de narcotraficantes tienen tanto dinero y tantas armas que rivalizan con el Estado y ofrecen a policías y funcionarios la opción de “plata o plomo”, corromperse o morir asesinados. La prohibición también expulsa a los niños de la escuela, ya que las bandas de narcotraficantes favorecen la captación de miembros que son demasiado jóvenes para ser procesados.
Dos presidentes, Gustavo Petro, de Colombia, y Pedro Castillo, de Perú, reclaman un cambio. Petro ha propuesto alejar a la policía de los campesinos cultivadores de coca despenalizando la producción de hoja de coca y permitiendo a los colombianos consumir cocaína de forma segura. Son buenas ideas, pero las bandas dedicadas al tráfico de cocaína seguirán siendo poderosas mientras ésta sea ilegal en los países ricos que consumen la mayor parte de la producción, como Estados Unidos.
Las medidas parciales, como no perseguir a los consumidores, no son suficientes. Si la producción sigue siendo ilegal, habrá delincuentes que la produzcan; y la despenalización del consumo probablemente aumentará la demanda y potenciará los beneficios. La verdadera respuesta es una legalización total que permita a no delincuentes suministrar un producto estrictamente regulado y sometido a altos tipos impositivos, como ocurre con el whisky y los cigarrillos. (La publicidad debería estar prohibida).
Las muertes relacionadas con la cocaína se han quintuplicado desde 2010
La cocaína legal sería menos peligrosa, ya que los productores legítimos no la adulterarían con otros polvos blancos y la dosificación estaría etiquetada con claridad, como en las botellas de whisky. Las muertes relacionadas con la cocaína se han quintuplicado en Estados Unidos desde 2010, sobre todo porque las bandas la cortan con fentanilo, una droga más barata y letal.
La legalización debilitaría las bandas. No cabe duda de que algunas encontrarían otros ingresos, pero la pérdida de los beneficios de la cocaína contribuiría a frenar su capacidad de reclutamiento, de comprar de armas de alta gama y de corromper funcionarios. Todo eso reduciría la violencia relacionada con las drogas en todas partes, pero sobre todo en la región más afectada, América Latina.
Qué supondría legalizar la cocaína
Si la cocaína fuera legal, la consumirían más personas. Para algunos, será una elección: esnifar una sustancia que saben que no es saludable porque les proporciona placer. Ahora bien, la cocaína es adictiva. La escasez de investigaciones hace difícil saber en qué medida es comparable en ese sentido con el alcohol o el tabaco. Hacen falta más estudios y también mayores esfuerzos para tratar la adicción. Todo ello (y más) podría financiarse con el dinero ahorrado poniendo fin a la «guerra».
En privado, muchos funcionarios entienden que la prohibición no funciona ahora mejor que en la época de Al Capone. En este momento, la legalización total parece políticamente imposible: pocos políticos desean ser tildados de «blandos con las drogas». Sin embargo, los defensores de la legalización deben seguir insistiendo. Los beneficios (una cocaína menos peligrosa, unas calles más seguras y una mayor estabilidad política en todo el continente americano) superan con creces los costes.