Permitir la compatibilidad de la práctica médica pública y la privada tiene una lógica basada en las libertades individuales: los médicos que trabajan en la privada lo hacen fuera del horario que dedican a la asistencia pública; la decisión de trabajar en ambos sistemas es estrictamente personal y los gobiernos no tendrían legitimidad para inmiscuirse.
Es curioso que este planteamiento no sea defendido por la empresa privada que exige la incompatibilidad de sus trabajadores cuando tienen cierto nivel. ¿Puede trabajar un vendedor en El Corte Inglés y en Zara? Obviamente no. El empleado desde El Corte Inglés podría remitir clientes a Zara si sus incentivos son mayores. No es posible trabajar para dos empresas del mismo sector con distintos intereses. Esto pasa en medicina.
Hace unos meses un cardiólogo inglés escribía un artículo explicando que dejaba su consulta privada porque su práctica particular estaba intoxicando su actividad pública. El aspecto que más le preocupaba no era solo que tenía menos tiempo para mantenerse al día sino que, dado que la medicina privada vive en gran medida de ofrecer a los pacientes intervenciones de bajo valor añadido, esta conducta acabó siendo trasladada a su actividad pública:
“Los pacientes creen que el pago implica una medicina de mayor calidad; pero, igual que pagar más por el champú con vitaminas añadidas, la promesa es mucho mayor que la realidad”.
Este efecto pernicioso puede apreciarse al analizar lo que pasa en Alemania, donde la compatibilidad pública–privada es total: el Estado paga por ciertos servicios acordados a médicos privados. Sin embargo, el 77% de los médicos convence a los pacientes para que paguen de su bolsillo servicios no financiados públicamente. Los médicos venden estas prestaciones asegurando que no están financiadas porque el gobierno solo quiere ahorrar. Es evidente que el médico alemán se gana la vida con lo que financia el Estado, pero se hace rico convenciendo a los pacientes para que paguen de su bolsillo intervenciones médicas extra.
La tentación es alta: vender “más medicina” es muy fácil. Hay clientes que valoran la rapidez de acceso o la hostelería de la medicina privada; pero el riesgo de sobreactuación médica es elevado. Cuando es el mismo profesional el que provee tanto “lo indicado” como “lo no indicado”, el conflicto está asegurado.
Pongamos un ejemplo hipotético. En un centro hospitalario un afamado cirujano “engorda” su privada de varices ofreciendo procedimientos terapéuticos no financiados pero que “vende” diciendo que “aportan ventajas sobre los que él puede realizar en el hospital público”.
El efecto perverso que puede tener que este médico trabaje en la pública y en la privada es quíntuple:
(1) engaña a los pacientes ya que los deriva a su privada desde la pública mediante una información sesgada;
(2) disminuye la eficiencia del sistema público ya que, por un lado, tiene un enorme incentivo para sobre-indicar la cirugía de varices y “engordar” la lista de espera (precisamente para aumentar el número de pacientes susceptibles de acabar en su privada) y, por otro, se facilita la posibilidad de realizar una atención mixta (por ejemplo, pruebas complementarias hechas en la pública para pacientes atendidos en la privada);
(3) hace daño a los enfermos que realmente necesitan la intervención, ya que tienen que esperar más porque la lista de espera está ocupada por pacientes que no necesitan la operación;
(4) pervierte el mercado ya que se aprovecha de una posición de privilegio para contactar con un gran número de potenciales clientes, a los que no acceden otros colegas que solo trabajan en la privada;
(5) hace daño a su propio hospital ya que no le interesa introducir innovaciones sensatas en su práctica pública y así poder seguir ofreciendo supuestas o verdaderas ventajas técnicas en su privada.
Este ejemplo es una exageración retórica. Muchos médicos comparten con total honestidad la práctica pública y la privada pero, igual que si se trabaja para El Corte Inglés y Zara, más tarde o más temprano, los distintos intereses pueden interactuar de manera perjudicial.
Además, la no existencia de dedicación exclusiva aumenta el paro médico y perjudica a los facultativos que trabajan solo en la privada, un mercado laboral con muy bajos sueldos debido a la competencia de los profesionales para los que la privada es un ingreso complementario al de la pública; y la precariedad laboral médica siempre acaba siendo mala para los pacientes.
En suma, la exclusividad de los médicos, especialmente en quienes tienen responsabilidades de organización y gestión en los centros públicos, es fundamental para el buen funcionamiento, no solo de la sanidad pública sino también de la privada; su lógica es la eficiencia pública, la protección de los intereses de los pacientes y del mercado laboral médico; por ello debería ser defendida e incentivada por los gobiernos y los colegios profesionales.
Abel Novoa en médico de familia, presidente de la Plataforma NoGracias y miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública
Este artículo apareció publicado en La Verdad de la Región de Murcia con fecha 2 de marzo de 2016
PETICIÓN
En relación con nuestra Sanidad, el modelo desarrollado a partir de la Ley General de 1986, con cobertura universal y gratuita, de gestión pública y financiada mediante impuestos, es revindicado por la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, este modelo se desarrolló con una importante carencia: LA REGULACIÓN LEGISLATIVA DE LA DEDICACIÓN EXCLUSIVA OBLIGATORIA PARA LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA SANIDAD PÚBLICA, quienes constituyen el pilar fundamental de la asistencia sanitaria en los hospitales.
La dedicación exclusiva es un acuerdo entre la Administración y el servidor público para que este segundo no desempeñe ninguna labor relacionada con su profesión de manera privada, con lo cual la Administración se asegura que el empleado público dedicará todo su tiempo y esfuerzo a las labores encomendadas, a cambio de un sobresueldo. Una retribución de nuestros médicos especialistas acorde a la formación y responsabilidad exigidos en el ejercicio de su profesión, similar a la media europea.
En la Administración Pública, aunque sin una retribución específica, la mayoría de sus empleados ejercen su profesión de una manera exclusiva, puesto que su régimen de incompatibilidades se basa en la necesidad de aplicación del principio de dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, si bien es cierto que se respeta el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
Sin embargo, en un colectivo tan importante, vital, como son los médicos especialistas, la compatibilización de su trabajo en los hospitales públicos, con el desarrollo de esa misma actividad en hospitales privados, mutuas u otras entidades e incluso en su propia consulta privada, resulta habitual.
Hay muchas definiciones de “calidad asistencial” pero similares en cuanto a su significado, según el Consejo de Europa es el grado por el que el tratamiento dispensado aumenta las posibilidades del paciente de alcanzar los resultados deseados y reduce las posibilidades de resultados indeseados, considerando el estado de conocimiento actual.
No se puede garantizar una calidad asistencial que maximice el nivel de bienestar del paciente en los hospitales públicos cuando sus especialistas tienen la posibilidad de rentabilizar al máximo los tratamientos más novedosos y eficientes en el sector privado, así como de restringir su uso en el sector público. O cuando las listas de espera se hacen inviables y obligan a acudir al sector privado o padecer esa espera.
El conflicto de intereses se establece por el hecho de que el pluriempleo es un estímulo que potencia los denominados “comportamientos oportunistas potenciales en la práctica médica” descritos en la literatura científica.
1. Absentismo y elusión de tarea.
2. El desvío de pacientes al sector privado.
3. La demanda inducida y la selección de pacientes.
4. La apropiación y el uso indebido de los recursos públicos para fines privados.
Esta regulación evitaría esos conflictos de intereses en el desempeño del empleo público, aseguraría la eficiencia y neutralidad necesarias para servir al interés general y sería complementaria con la formación y fidelización de los trabajadores del sector.
Por ello, pedimos al Congreso de los Diputados regular la dedicación exclusiva obligatoria para los médicos especialistas que trabajan para la sanidad pública.
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