Crítica a las Residencias de Mayores del ERA

“LAS RESIDENCIAS PÚBLICAS DE MAYORES DE ASTURIAS
– ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL CIUDADANO – PROPUESTAS DE MEJORA»

Documento presentado ante la Consejería de Servicios Sociales y Consejería de Salud el 10/11/2021por la Plataforma de Afectados del ERA, la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública y la Asociación de Ayuda entre Mayores. Número de registro REGAGE21e00023420230

NOTA DE PRENSA SOBRE LA DISFUNCIONALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA  DE  LAS RESIDENCIAS GERIÁTRICAS PÚBLICAS (ERA)

Pofesionales sanitarios integrantes de asociaciones ciudadanas, en concreto la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma de Afectados del ERA y la Asociación Ayuda entre Mayores, presentamos ante las autoridades competentes un documento de crítica constructiva y pluridisciplinar sobre la regulación, organización, coordinación y supervisión de la atención – particularmente sanitaria – que venían recibiendo los usuarios de residencias geriátricas del  ERA, cuya disfuncionalidad explica, al menos parcialmente, la elevadísima letalidad comparativa de sus usuarios durante la pandemia.

Analizamos, como ciudadanos, y también como profesionales sanitarios, la información accesible sobre  la situación pasada y presente del Organismo Autónomo, así como las  iniciativas de coordinación sociosanitaria emprendidas, cuyo plan actual caduca precisamente a final de este año. Nos encontramos con importantes deficiencias históricas que afectan a las lógicas expectativas de los usuarios y de sus familiares, y que repercuten en aspectos esenciales para que se realice una atención sanitaria adaptada a las necesidades de pacientes complejos. En ese análisis, hemos vislumbrado un trato discriminatorio en relación al resto de la población, especialmente en el caso de los usuarios más vulnerables. 

Aportamos unas recomendaciones que creemos factibles, realistas y, sobre todo, muy necesarias a corto plazo. Hemos de resaltar que varias de nuestras recomendaciones  ya fueron sugeridas en la única inspección previa a 2020 de la que tenemos constancia, efectuada en 2015 por técnicos y médicos del Defensor del Pueblo actuando como Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, realizada concretamente a la Residencia Mixta de Gijón. En aquel momento, las sugerencias de mejora  fueron sorprendentemente despreciadas por la Administración, por lo que recordarlas y ampliarlas con la experiencia acumulada es importante para restaurar una situación anómala que nunca hubiera debido producirse. No se puede repetir la historia.

Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión

El gobierno ha publicado para consulta pública, (finaliza el 7 de diciembre) un Anteproyecto de Ley, cuya finalidad declarada es consolidar la equidad, universalidad y cohesión del SNS” . El Anteproyecto es ambioso en sus objetivos, pero su valoración no puede ser positiva:

Crítica del Anteproyecto

Aspectos positivos con algunas contradicciones:

– Avances en la universalidad. Ampliación de la asistencia sanitaria, el artículo 2 vuelve a incluir en la atención sanitaria a los españoles residentes en el extranjero que se encuentren temporalmente en nuestro país (modificando el RD 8/2008 ) y a las personas extranjeras no regularizadas (excluidas en el RDL 16/2012) ni registradas como residentes en España. Aunque se precisan algunos tramites como la necesidad de un informe previo favorable de los servicios sociales cuando no se pueda demostrar una estancia superior a 90 días en el país, lo que se ha demostrado que es una dificultad de acceso.

– Establecimiento de una cartera común de prestaciones del SNS, cambiando la Ley 16/2003 y sobre todo el decreto 16/2012 (que habia establecido tres niveles) Un cambio necesario. Llama la atención que no se aproveche para incluir en la cartera de servicios la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia.

– Se eliminan algunos copagos para algunos colectivos: El articulo 4 modifica el RD 1506/2012 y excluye el copago ortoprotésico para los que ya están excluidos del copago farmacéutico. Claro que para la población general se siguen manteniendo los copagos en la prestación farmacéutica, dietas y ortoprotésis, lo que supone una evidente e discriminación para las personas más enfermas y con menos recursos. 

– Se modifica la composición del Comité Consultivo del Consejo Interterritorial para incluir la representación de organizaciones de pacientes y de ciudadanos (con 8 representantes, como ya tienen sindicatos y empresarios).

– Se modifica (artículo 5) el Fondo de Garantía Asistencial para incluir en el mismo la compensación de las prestaciones de la cartera común para los residentes en otra comunidad autónoma.

– En una disposición adicional única se establece la coordinación en red de las Agencias Autonómica de Evaluación Tecnológica. Si bien, la formula elegida es la de un Consorcio, lo que deja abierta la opción de incorporar a entidades de naturaleza privada (?) Hay que recordar que los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas.

Aspectos claramente negativos:

– No es posible mejorar la equidad sin acabar con  el modelo de las Mutualidades de funcionarios, e integrarlas en el regimen general del SNS. Las Mutualidades son la mayor causa de inequidad porque realizan, con financiación pública, prestaciones sanitarias en condiciones diferentes al resto de la población. Sin embargo, se puede inferir la continuidad del modelo en el artículo 2, apartado 4.

– La Ley debería de garantizar de manera inequívoca el carácter público de la titularidad, gestión y organización de los centros sanitarios y, por tanto, rechazar la gestión indirecta de los servicios del SNS. Es decir, formas de colaboración público-privada por las que apuesta el Anteproyecto:

El artículo 1, copia textualmente el apartado 1 de la Ley 15/97: “preservando la condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”. Si bien, incorpora algunas objeciones, dado que afirma que utilizar otras formas de gestión será un “recurso excepcional… y habrá de contar obligatoriamente con una memoria que justifique…” Es evidente que las experiencias en este país, nos dicen que dejar esta vía abierta a la privatización es altamente peligroso.

 EN RESUMEN, no consolida el sistema sanitario público, sino que lo debilita ya que no contempla acciones concretas para que la equidad se lleve a la práctica, tampoco para garantizar la universalidad.

Se necesitan cambios sustanciales, al menos en tres cuestiones básicas: 1. Revertir la  ley 15/97 (formas de gestión privada) porque no garantiza la titularidad y gestión pública de los centros del sistema sanitario. 2. Revertir el modelo de las Mutualidades de funcionarios, el mayor factor de inequidad y discriminación en la atención sanitaria financiada públicamente. 3. La supresión de toda forma de  copago.

 25/11/2021, Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias

informacion.publica@mscbs.es.

La violencia contra las mujeres, un grave problema de salud pública

El 25 de noviembre, es mucho más que un día mundial en el calendario, porque la violencia contra las mujeres afecta a más de la mitad de la población y tiene su origen en la desigualdad entre mujeres y hombres que, a pesar de los avances pervive en sociedades como la nuestra, que proclaman la igualdad y suscriben Tratados y Declaraciones de Derechos Humanos, pero que aun estamos lejos de haber alcanzado.

Conmemorar esta fecha, sirve para concienciar sobre lo que la OMS ha calificado como violación de los Derechos Humanos de las mujeres y un grave problema de Salud Pública, por su magnitud a escala mundial y por el impacto en la salud de las mujeres, y sus hijas e hijos.

Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres (30%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

La mayor parte de las veces el agresor es la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (27%) de las mujeres de 15 a 49 años que han estado en una relación informan haber sufrido algún tipo de violencia física y /o sexual por su pareja.

En España, cifras oficiales contabilizan 37 mujeres asesinadas en 2021 y son ya 1.118 desde 2003.  Hay 44 menores víctimas mortales por violencia de género desde 2013.

Además, el último informe de criminalidad del Ministerio del Interior arroja un incremento del 27% en los delitos contra la libertad sexual sobre 2020. En el caso de las violaciones, el incremento es del 30,6%.

Condenamos rotundamente los asesinatos y todas las formas de violencia machista, y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asimismo, la OMS advierte que los confinamientos durante la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones sociales y económicas han aumentado la exposición de las mujeres a sus parejas maltratadoras, al tiempo que han limitado su acceso a diferentes servicios de ayuda. En España durante el confinamiento se produjo un incremento del 31% de las llamadas al 016 y del 443% de consultas on line.

Sabemos que la violencia contra las mujeres afecta negativamente a su salud física, mental, sexual y reproductiva. El sector sanitario tiene una importante función que desempeñar para proporcionar atención integral de salud a las mujeres que sufren violencia, y como punto de entrada para derivarlas a otros servicios de apoyo que puedan necesitar.

Por ello ha resultado especialmente negativo para la detección y atención sanitaria a la violencia, el que los centros sanitarios de Atención Primaria hayan estado (y aun muchos lo estén) cerrados a la población y mantengan preferentemente atención telefónica

Es fundamental reforzar la Atención Primaria, y cumplir con las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que para el sector sanitario establece la formación de profesionales y la puesta en marcha de protocolos de detección temprana, apoyo y atención a las mujeres ante la violencia machista.

Particularmente hay que revisar los protocolos de atención sanitaria ante la violencia sexual, para evitar la revictimización y detectar e intervenir ante la violencia que se ejerce sobre las jóvenes a través de las nuevas tecnologías.

Llamamos a apoyar y acudir a las acciones convocadas por el movimiento feminista para reclamar la necesidad de actuaciones urgentes y decididas por parte de los responsables públicos y de toda la sociedad.