Plan de choque social. Medidas de emergencia

PLAN DE CHOQUE SOCIAL. Las organizaciones impulsoras del Plan de Choque Social lanzamos una serie de propuestas urgentes para proteger a la mayoría de la sociedad y, en especial, de la clase trabajadora desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización.

 

Si el Gobierno realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras. Hay medidas que se tienen que aplicar de forma urgente para dejar de poner en riesgo vidas y evitar un colapso sanitario y social. El Gobierno tiene que escuchar a centenares de sindicatos, organizaciones y plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y sociales que exigimos una salida de esta crisis sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y económica que ponga la vida en el centro y no los beneficios de las grandes empresas.

Dejar en manos de la buena voluntad del IBEX 35, los especuladores y otros poderes económicos la protección de la sociedad y el medio ambiente no es una opción si se quiere evitar que se dispare, aún más, la desigualdad social, el deterioro climático y ambiental y la destrucción de derechos.

REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA. UNIVERSALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA. INTERVENCIÓN DE LA SANIDAD PRIVADA SIN COMPENSACIÓN ECONÓMICA

Los próximos días se prevé que los sistemas sanitarios de los territorios donde se concentran más casos de Covid-19 lleguen al colapso. No es casual porque el límite de capacidad de la sanidad pública se ha visto reducido por más de una década de recortes y privatizaciones. Es imprescindible y urgente dotar de recursos suficientes a los centros sanitarios. De la misma forma, la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) para todo el personal de estos centros pone en riesgo sus vidas y la de las personas enfermas y envía centenares de profesionales a la cuarentena, debilitando aún más el sistema sanitario. La intervención de la sanidad privada tiene que traducirse ya en la movilización de todos los recursos privados al servicio del interés general y la salud pública. Esta movilización masiva de recursos no puede traducirse en una factura millonaria de las empresas sanitarias privadas que provoque nuevos recortes después de la emergencia. Estas empresas deben dejar de parasitar recursos públicos en un momento en que son aún más necesarios que nunca.

En la situación extraordinaria que vivimos, es importante reforzar la información y los servicios básicos de urgencia para garantizar Derechos Sexuales y Reproductivos. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Anticoncepción de Urgencia (AU) siguen siendo servicios de urgencia para todas las mujeres independientemente de la edad y de si tienen o no tarjeta sanitaria.

 

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