La pobreza tiene muchas caras: la habitacional, la alimentaria, la energética… pero hay una, la farmacéutica, de la que casi no se habla. Según el Banc Farmacèutic, ONG que se encarga del copago de los pacientes que no pueden costearse los medicamentos recetados por la seguridad social, actualmente casi el 4% de la población que vive en Catalunya la sufre. Antes afectaba a un 3,7%, pero desde que llegó la pandemia de coronavirus la cifra ha subido un 30%. Esto implicaría que unas 300.000 personas padecen esta desigualdad.
El responsable del Fons Social de Medicaments a Catalunya i Aragó, Homero Val Pérez, explica que ya en el 2018 alrededor de un millón y medio de ciudadanos del Estado sufrían dificultades para adquirir productos sanitarios, desde agua oxigenada hasta un tratamiento crónico. Para intentar frenar esta desigualdad y bajo la inspiración de una iniciativa italiana, en 2005 nace el Banc Farmacèutic. En un inicio se hacían campañas de recogida de medicinas solidarias y los repartían a las entidades del tercer sector. «El problema era la trazabilidad del medicamento. ¿Quién lo dispensa? Seguramente personas sin titulación, además la mayoría de las veces no había un buen almacenamiento para los productos», apunta. Debido a eso, cambian de estrategia y recaudan fondos para pagar la medicación de los más vulnerables. Es así como nace el Fons Social de Medicaments (FSM). El Banc Farmacèutic empieza en Barcelona y ya actúa en varias partes del Estado. Cuenta con más de 14.000 farmacias, 2.000 usuarios y 50.000 voluntarios.
En 2016 la ONG firma un convenio con el Institut Català de la Salut (ICS), y se inicia el FSM, que es un programa de derivación en el que las trabajadoras sociales de la sanidad pública verifican la necesidad de los enfermos que muestran dificultades económicas para adquirir medicamentos. Cuando los profesionales comprueban que esta persona realmente no puede asumir este gasto, se le da de alta del servicio a través de una intranet. «A partir de este momento el Banc Farmacèutic asume el gasto farmacéutico del paciente durante seis meses«, subraya. La mayoría de usuarios sufre enfermedades crónicas -diabetes, asma-, y el 17% son menores, de los que más del 50% sufren trastornos nerviosos, como ansiedad o esquizofrenia. Después del primer semestre, la prestación se revisa por si ha cambiado la medicación o la situación económica de la persona.
¿Y qué supone dejar de pagar estos productos sanitarios? Desde el 2012 -con gobierno del PP en el Estado- el copago de las medicinas depende de la renda de cada individuo: por ejemplo, las personas con más de 100.000 euros de ingresos, pagan un 60%, mientras que los que tienen sueldos más bajos, de menos de 18.000 euros, pagan un 40%. «Cuando el paciente dice que no puede pagar quiere decir que no puede hacer frente al copago que le corresponde», explica. Los usuarios del FSM aportan un mínimo mensual de 20 euros, y el farmacéutico de la farmacia colaboradora – hay más de 660 en Catalunya- le hace una simulación de venta, donde el fondo asume aquella medicación financiada por la seguridad social y prescrita con receta electrónica. «Hay tratamientos, como las cremas en los pacientes de quimioterapia a quienes se les reseca la piel, que lamentablemente no las cubre la seguridad social y que nosotros no costeamos», detalla Homero Val.
La Farmàcia Santa Caterina, que se encuentra en el Gòtic de Barcelona, es uno de los establecimientos que forman parte de este programa. La farmacéutica Nieves Úbeda, el técnico Toni Martín y la también farmacéutica Laura Artiles forman un equipo alegre y que cree firmemente en la función del Banc Farmacèutic. Martín, con un tono amable y llano, explica el funcionamiento. «El banco paga a 60 días las aportaciones que debería pagar el paciente a través de una factura mensual». En un primer lugar, los beneficiarios vienen acompañados por voluntarios de la iniciativa. «Así también es más fácil para ellos», cuenta.
La vergüenza como barrera
Uno de los problemas de los usuarios que han caído recientemente en la pobreza, o que sencillamente con su renta no pueden llegar a pagar las medicinas, es la vergüenza. «La gente que está en la calle sabe como buscarse la vida porque le toca cada día, pero la que ahora tiene esta necesidad de ayuda siente vergüenza y orgullo, no sabe a qué puertas llamar, y no acude o solo lo hace cuando no le queda más remedio», lamenta Martín.
Cuando vio su situación, su doctora del CAP la derivó a una trabajadora social, le aceptaron la solicitud y dejó de pagar 100 euros al mes por sus remedios. «Para una persona que tiene los centavos contados vale mucho la pena. Al principio no pensaba que me lo darían porque cobraba un sueldo, pero me lo han dado durante seis meses y me lo han vuelto a renovar. Estoy muy agradecida», celebra. Ahora bien, para ir hasta la farmacia de la que es beneficiaria tiene que hacer un recorrido de 20 minutos en autobús hasta otra parte de Santa Coloma de Gramanet, que es donde vive. Para Nieves Úbeda hace falta que más farmacias como la suya se sumen a la iniciativa, y para eso es necesario visibilizar tanto la pobreza farmacéutica como el trabajo que se hace desde la ONG.
Se podría acabar con 1,5 millones anuales
El responsable del Fons Social de Medicaments a Catalunya i Aragó, Homero Val, asegura que el Banc Farmacèutic tiene «vocación de desaparecer». Su función no sólo es atender a los beneficiarios, sino que intenta dimensionar y cuantificar cuánto costaría sufragar el gasto farmacéutico de las personas vulnerables. La ONG han atendido más de 7.000 planes de medicación -que duran seis meses-, y ha deducido que se podría paliar la pobreza farmacéutica con 1,5 millones al año en los presupuestos de la Generalitat. «Son cifras aproximadas a partir de nuestra acción, pero creemos que es posible», asegura.
La pandemia amplia la desigualdad y llega a las rentas más bajas
Antes de la crisis económica provocada por la pandemia, el Banc Farmacèutic atendía sobre todo a perfiles de enfermedades crónicas -cáncer, lupus, diabetes-, cuya medicación costaba una media de entre 25 y 30 euros por paciente. A partir del 2020 la pobreza farmacéutica se amplía, pues aumenta un 30% en Catalunya y se atiende a personas que hasta entonces no necesitaban la ayuda de la ONG. Desde entonces detectamos mucha necesidad de medicación pero de bajo presupuesto, menos de 10 euros», detalla el responsable del Fons Social de Medicaments a Catalunya i Aragó, Homero Val. «No pueden permitirse ni cuatro euros al mes, porque eso implica que durante dos días no pueden comer», puntualiza. De hecho, Val explica que en el Estado español solo se toma la mitad de la mediación que prescriben los médicos. Algunos compran para tener medicamentos de reserva y caducan, pero otros no los consumen porque no pueden pagarlos, lo que puede empeorar las enfermedades.Frente a esta situación de creciente precariedad, la ONG decide ampliar su acción y abrir el Fons Social d’Emergència y la Campanya Sanitària d’Emergència. «Se trata de atender a pacientes que no pueden siquiera pagarse un tratamiento agudo, como sería el de la gripe o de un herpes», ejemplifica. Mientras que el Fons Social de Medicaments actúa a través de la sanidad pública, el de emergencia trabaja directamente con entidades del tercer sector, que son quienes hacen la derivación.
En el caso de la farmacia Santa Caterina, situada en el Gòtic de Barcelona, hay diversos usuarios que vienen de parroquia de Santa Anna, lugar en el que ayudan a los más necesitados y donde, debido a la pandemia, el perfil de beneficiarios sin recursos se ha diversificado. Según explica Toni Martín, a esa entidad no sólo les dan medicinas, sino también leche para bebés, por ejemplo. «En la cola de Santa Anna el perfil es gente como yo, vestida con tejanos, zapatillas y una camiseta. No los ves necesitados. Son personas que están en ERTEs, EREs, o que se han quedado sin trabajo y han caído en la pobreza farmacéutica y en la de todos los campos», lamenta.
Para conseguir estos productos, los farmacéuticos llaman a los comerciales de los laboratorios, y la gran mayoría los ofrecen sin problemas cuando saben a quién van dirigidos, según Martín. Frente a la posibilidad que la Generalitat pudiese incluir estos 1,5 millones en su presupuesto para paliar la pobreza farmacéutica, los tres trabajadores de la farmacia Santa Caterina dudan sobre la voluntad política. «Creo que tendremos que seguir dependiendo de la voluntad de la gente, que cuanta más información haya más se conseguirá», concluye.