Prácticamente la totalidad de la población española respira aire nocivo para la salud. Una situación que ya no solo afecta a la calidad y esperanza de vida de las personas, sino que representa un grave problema para la vegetación. Según el último informe de Ecologistas en Acción La contaminación por ozono en el Estado español durante 2021, tres de cada cuatro personas residentes en nuestro país (el 73%) ha respirado aire insalubre en los primeros diez meses de este año.
El ozono troposférico se forma mediante la reacción química de combinar la radiación solar y las emisiones de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, producidos por la combustión de carburantes fósiles en centrales eléctricas, vehículos y calderas. Por lo que a las medidas covid habría que añadir un verano relativamente cálido en la mayor parte del país como variables que han influido positivamente en la mejora de la calidad del aire, y no a ninguna acción institucional dirigida a ello. Una situación que lamentablemente dista mucho de la tendencia al alza de la contaminación por ozono derivada del incremento de las temperaturas medias y de las olas de calor, resultado del cambio climático, que se estiman con la vuelta a la “normalidad”.
A pesar del “avance”, Ecologistas en Acción apunta que la contaminación por ozono supone, según datos de la AEMA, la muerte prematura de entre 1.500 y 1.800 personas anuales solo en España. Las personas más afectadas son las embarazadas, los niños, los más mayores y las que tienen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas. Un problema de salud pública que ya en 2013 implicaba, según el Banco Mundial, un coste económico de 38.000 millones de euros anuales.
Estos contaminantes no afectan únicamente a las personas, sino que, como apunta la AEMA, la exposición a altos niveles de ozono provoca graves problemas a la vegetación y disminuye el rendimiento de los cultivos. Según un informe de este mismo organismo de 2014, Italia y España son los dos países europeos que sufren mayores daños sobre la agricultura, afectando a 122.000 kilómetros cuadrados en nuestro país, más del 60% de la superficie cultivada. Una estimación de costes económicos derivados de la menor producción que ya en el año 2000, solo en los cultivos de trigo y tomate, ascendía a los 800 millones de euros.
Once Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco) aún no han aprobado un plan autonómico de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono, a pesar de que, según establece no solo la legislación sino la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es obligatorio.