Organizaciones integradas en la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto-ley 16/2012 (REDER), como Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se han reunido a las puertas del Ministerio de Sanidad, en Madrid, para pedir al Gobierno que acabe, “de una vez por todas”, con la exclusión sanitaria, una situación que conlleva vulneraciones del derecho a la salud en España, como los más de 1.500 casos registrados por Médicos del Mundo durante la pandemia de la Covid-19.
Concentradas frente a la sede ministerial, estas organizaciones exigen a la Administración “que cumpla su compromiso de aprobar una nueva ley que permita recuperar la Sanidad Universal en España y acabar, así, con la exclusión sanitaria que continúan sufriendo muchas personas migrantes en situación irregular”.
En este acto se llevó a cabo la presentación de la campaña ‘Sanidad sin peros’, en la que estas entidades realizaron una pegada de carteles que recogen las promesas incumplidas por el Ejecutivo en materia de Sanidad Universal. “Hace ya tres años que el Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos aprobó el Real Decreto 7/2018, con el que se comprometió a acabar con la exclusión sanitaria”, recuerdan.
Sin embargo, “esta nueva normativa solo introdujo una serie de cambios legislativos que modificaron parcialmente la situación, ya que nuestro sistema de salud sigue dejando sin cobertura a grupos de personas vulnerables, como las que llegan en procesos de reagrupación familiar o quienes llevan en España menos de 90 días. La ley, además, no protege de manera especial ni a menores, ni a mujeres embarazadas”, denuncian desde REDER.
Sin atención ante enfermedades graves
De esta manera, Médicos del Mundo confirma, entre los más de 1.500 casos de vulneración del derecho a la salud reportados en la pandemia, “44 mujeres embarazadas, 90 menores de edad, 78 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 46 personas reagrupadas y 674 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación”.
Además, como resultado de estas exclusiones, “no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH y Salud Mental”, apuntan estas entidades. Estas cifras “no representan un reflejo exhaustivo de la dimensión de la exclusión sanitaria, ya que pueden ser muchas más las personas que aún permanecen fuera del sistema y a las que ni siquiera las organizaciones consiguen llegar”, señalan.
Los más vulnerables
La coordinadora de Incidencia Política de Médicos del Mundo, Eva Aguilera, preguntada por Acta Sanitaria, destaca que la pandemia “ha sacado a la luz la exclusión sanitaria, precisamente las personas que no tienen tarjeta sanitaria ni un acceso normalizado al servicio público de salud han sido las más vulnerables, han tenido menos acceso a la información y la dificultad de acceso a prevención y atención Covid-19”.
“Es cierto que, durante el momento inicial del Estado de Alarma, varias comunidades autónomas actuaron con procedimientos ad hoc para emitir tarjetas sanitarias temporales de urgencia para estas personas, pero fue una medida temporal ajustada al Estado de Alarma, porque tenían conciencia de la gravedad de la situación”, recuerda Eva Aguilera. En el otro lado se encuentran regiones “en las que se sigue aplicando el Real Decreto de 2018 con la mirada más restrictiva posible”, lamenta.
Eliminar la diferenciación y el periodo mínimo
Para hacer frente, cuanto antes, a esta situación, las organizaciones de REDER solicitan a la Administración que tramite, y con carácter de urgencia, un anteproyecto de ley que elimine “la diferenciación en el derecho a asistencia sanitaria entre la población con nacionalidad española o con permiso de residencia y la población migrante en situación irregular”, además del “periodo mínimo de estancia en España como elemento necesario para la obtención del derecho a asistencia, y reconocerlo en base a la intención de permanencia en territorio español, que deberá acreditarse por medios que no exijan un tiempo mínimo de estancia”.
También, estos organismos piden “reconocer el derecho a la asistencia sanitaria de las personas ascendientes que llegan a España como resultado de un proceso de reagrupación familiar” y “garantizar la inclusión del derecho a prestación farmacéutica con un régimen que no discrimine por la situación de irregularidad administrativa, reconociendo, de forma expresa, la exención de copago farmacéutico en los casos de especial vulnerabilidad”.
Aguilera espera que, “después de haber recibido las aportaciones que las organizaciones hemos hecho a la consulta pública para tramitar el anteproyecto de ley, además de las cartas y comunicaciones a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se decida iniciar el proceso de tramitación legislativa con carácter de urgencia”. “Nos preocupa que las previsiones del Ministerio son no iniciar el trámite hasta finales de este año o inicios del próximo”, reconoce.
Hasta la tramitación de dicha ley, estas organizaciones piden a la cartera sanitaria del Gobierno que adopte las medidas temporales necesarias que garanticen el acceso a la atención necesaria a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa