Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Estado español. Plataforma DESC


1.- Introducción
El presente Examen Periódico Universal (en adelante, EPU) se enmarca en un reciente contexto de retroceso de los DESC desde que se desencadenó la crisis económica en el país en 2008. Desde entonces, diversas medidas de austeridad, con un fuerte recorte del gasto público, fueron
implementadas implicando una regresión en derechos sociales sin proteger su contenido mínimo esencial. Algunas de estas medidas de austeridad todavía persisten a día de hoy, tal y como señalan las observaciones finales del examen a España del Comité DESC que tuvo lugar en marzo de 2018.
2.- Discriminación e igualdad
Las medidas de austeridad provocan una mayor situación de discriminación entre la población migrante y refugiada, comunidad gitana, personas con discapacidad, personas LGTBI y personas sin hogar, en especial si son menores de edad y mujeres.
Si bien desde 2014 se recogen datos y se ha establecido un protocolo sobre los delitos de odio que sufren estos colectivos, hay muy pocas denuncias. No existe normativa que aborde la discriminación de forma integral, por ello recomendamos:
1. Aprobar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que trasponga adecuadamente la Directiva 2000/43.
2. Eliminar los aspectos de las normativas que generan discriminación que se indican en el informe y trabajar coordinadamente entre agentes.
3.- Justiciabilidad de los DESC
El Estado español ha incumplido sistemáticamente las recomendaciones de los órganos de Derechos Humanos de Naciones Unidas en cuanto a la protección de todos los derechos humanos sin jerarquías. A día de hoy los DESC se reconocen como principios rectores de la política social y
económica en la Constitución y no como derechos, de modo que no son justiciables.
Recomendamos:
1. Reformar la Constitución española para dotar a los DESC de la misma jerarquía y grado de protección que a los derechos civiles y políticos, articulando la posibilidad de la invocación de estos derechos ante los jueces y tribunales (se detalla en el informe).
2. Establecer un procedimiento eficaz para la ejecución de los dictámenes y las recomendaciones de los órganos de los Tratados y Convenciones del Derecho Internacional de los derechos Humanos ratificados por el Estado español en los Tribunales internos, ya que a día de hoy no existen mecanismos.
3. Promover un plan de formación en DIDH en las Judicaturas y Fiscalías del Estado.
4.- Derecho al trabajo digno
Aunque la tasa de desempleo se ha reducido desde 2015 todavía hay 3,5 millones de personas desempleadas. Se ha reducido la tasa de paro de larga duración pero ha aumentado la tasa de temporalidad (27%) y la rotación en la contratación (38% contratos temporales en 2018 inferiores a 1 mes y 35% jornada parcial). Ha descendido el presupuesto en formación y ha sido deficitaria la puesta en marcha del Sistema de Garantía Juvenil creado en la Unión Europea. Doble discriminación de las mujeres (salario -28%- y contratos parciales -76%-). Recomendamos:
1. Establecer políticas de empleo activas que incluyan la formación y que no se limiten al actual modelo productivo, basado en servicios como la hostelería y el comercio, sino que diversifiquen más la actividad productiva y la reorienten hacia servicios de alto valor añadido. Ver salarios en el informe.
2. Mejorar la puesta en marcha del Sistema de Garantía Juvenil creado por la UE, para que se garantice que todos los menores de 30 años reciban una buena oferta de empleo o formación.
3. Derogar de la Ley 3/2012.
4. Establecer mecanismos para el control de la contratación temporal.
5. Modificar el art. 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones
laborales en las empresas que externalizan/subcontratan.
6. Extender la mejora salarial pactada, como el salario mínimo de convenio de 14.000 € anuales, a los trabajadores y trabajadoras de las empresas subcontratadas por la Administración.
7. Aprobar Ley de igualdad salarial, para reducir la brecha salarial y una Ley que obligue a las empresas a comunicar a los representantes de los trabajadores los salarios desglosados por género.
5.- Pobreza
Algunos datos tras 10 años de que estallara la crisis económica:
 21,5% población en riesgo de pobreza.
 25% pobreza laboral.
◦ 42,9% familias monoparentales (83% mujeres).
 26,8% pobreza infantil.
El sistema de redistribución de la riqueza débil e ineficaz, de difícil acceso, infrafinanciado (33,8% PIB) y con diferencias territoriales. Recomendamos:
1. Garantizar el derecho a las rentas mínimas de cantidad suficiente.
2. Mejorar prestación por hijo/a a cargo.
3. Atender especial vulnerabilidad familias monoparentales.
6.- Derecho a la vivienda
Los datos en relación con el derecho a la vivienda apenas mejoran desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, mutando las problemáticas:
 Aumento precio alquiler: 9,3% último año.
 Desahucios: 44.000 en 2018, 62% por alquiler; 650.000 desde 2008.
 Viviendas vacías: 3.443.365 (INE 2011).
 Personas sin hogar: 300.000
 Solicitantes vivienda de protección oficial: 400.000
 Pobreza energética 9,6%
 Vivienda pública: 2%
Realizamos las siguientes recomendaciones:
1. Plan estratégico que priorice alquiler y rehabilitación con suficientes fondos para financiar vivienda social.
2. Modificar LAU para proteger inquilinos/as más allá de las tímidas mejoras del RD 7/2019.
3. Cumplir Dictámenes CDESC y diseñar procedimientos de realojo y protección en desahucios.
7.- Derecho a la educación
Los últimos años ha habido una progresiva reducción del gasto público (20% menor que antes crisis), universalidad y calidad de la educación. Mayor tasa de Abandono Educativo Prematuro de la UE (17,9% en 2018). El 64% del alumnado gitano no termina la educación obligatoria. La LO 8/2013 establece itinerarios segregadores. Se vulnera el derecho a la educación inclusiva. La educación en y para los DDHH ha sido excluida de los planes de estudio incumpliendo recomendaciones anteriores y del examen 2018 en el Comité DESC. Recomendamos:
1. Igualar el gasto público en educación y en ayudas y evitar diferencias entre CCAAs y público-privado.
2. Promover políticas públicas en educación que favorezcan la equidad, la igualdad y la inclusión. Terminar con la segregación.
3. Apoyar la universalización de la educación infantil pública. Reducir el fracaso escolar y el abandono temprano de la educación.
8.- Derecho a la salud
La aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL) fue un paso importante pero insuficiente hacia el cumplimiento de las recomendación del Comité DESC en su examen a España de marzo de 2018, pero sigue teniendo importantes problemas, en especial a las personas migrantes en situación
irregular (las CCAAs han de desarrollarla). Recomendamos:
1. Desarrollar un Reglamento del RDL 7/2018 que clarifique el contenido de este y garantice el derecho a la atención sanitaria.
2. Eliminar las barreras a la exclusión que se detallan en el informe.
3. Asegurar el gasto público necesario para garantizar una financiación suficiente.
4. Parar privatizaciones y recuperar lo privatizado.
9.- Empresa y derechos humanos
El Estado Español aprobó el Plan nacional de empresas y DDHH en 2017 sin participación de las entidades en todo el proceso (ver informe) ni desarrollo en sus 3 años de vigencia. Además, junto con el resto de Estados miembro de la UE, hace pocos meses, se ha salido del apoyo en la elaboración del borrador del tratado vinculantes sobre transnacionales. Por ello recomendamos:
1. Incorporar a España en la tramitación del tratado internacional vinculante de UN para las empresas transnacionales.
2. Elaborar un 2º Plan de Empresas y Derechos Humanos que contenga medidas para, siguiendo con las Recomendaciones del 6º Examen PIDESC a España.

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