ASTURIAS 29 nov 2022
A través del análisis de la trasposición que han hecho 17 comunidades y Melilla del real decreto de 2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), el estudio revela que 15 comunidades facturan estos servicios sistemáticamente (todas menos Asturias) o se da aviso previo de que se les cobrarán las pruebas realizadas (como es el caso de Euskadi), lo cual tiene un «claro efecto disuasorio».
Tal y como han explicado los portavoces de la plataforma Raquel González y Nacho Revuelta, el real decreto, que no llegó a convertirse en ley por el adelanto electoral, no especificaba la necesidad de probar una estancia mínima de 90 días en España para acceder a la sanidad, pero después el Ministerio lanzó unas recomendaciones para el desarrollo reglamentario del mismo que sí incluyeron este requisito.
Aunque la norma anterior de 2012 que limitó el acceso universal a la sanidad la mantuvo para embarazadas y menores, la de 2018 obvió mencionar estos colectivos, lo que ha fomentado que muchas comunidades les nieguen la atención. «Todas hacen un incumplimiento flagrante de la ley», ha denunciado Revuelta.
Otro de los problemas es la creación de perfiles poblacionales y las diferentes vías de acceso, que facilita la arbitrariedad en la interpretación de los procedimientos para la obtención del documento certificativo, que en muchos casos se prolonga más allá de un año por las incontables barreras para tenerlo.
Según este médico de familia, no hay otro derecho «tan caótico y fragmentado» como el de acceso a la atención sanitaria gracias al «caos y arbitrariedad» de la redacción del real decreto y que no resuelve, en su opinión, el proyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del SNS que tramita actualmente el Parlamento.
El resultado es que los migrantes lo tienen algo menos complicado en Cataluña y Andalucía, seguidas de Navarra o Euskadi, pero realmente difícil en Canarias, Madrid, Melilla o Galicia.
Por todo ello, la plataforma exige al Gobierno blindar la universalidad «en una ley sencilla y clara, sin distinciones por situación administrativa, así como promover un desarrollo reglamentario que garantice la homogeneidad en el acceso», concluye; según informó EFE.