Varios oncólogos han denunciado este lunes presiones para evitar la prescripción de tratamientos contra el cáncer de alto coste. En un hospital privado de Marbella, el director del área de Oncología, José Manuel Trigo, ha revelado a través de X (antes Twitter) un informe en el que se le solicitó reconsiderar la terapia indicada para una paciente y optar por una alternativa más económica.
Según adelantó este lunes ABC, la empresa Atrys Health-Bienzobas, contratada por varias aseguradoras para asesorar en decisiones médicas, estaría influyendo en la elección de tratamientos oncológicos, priorizando opciones más económicas sobre las recomendadas por los especialistas. De acuerdo con el medio citado, los oncólogos sustentan su denuncia en decenas de informes clínicos de 2023 y 2024, que recogen casos de pacientes asegurados por DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna.
Según los médicos, los funcionarios de Muface, Mugeju e Isfas son los más afectados, ya que no tienen una alternativa en la sanidad pública. En su caso, los pacientes no tienen la posibilidad de recurrir a la sanidad pública para recibir los tratamientos que, supuestamente, se les niegan en la sanidad privada hasta el año siguiente.
Los tratamientos mencionados −panitumumab, cetuximab, ramucirumab, pertuzumab− son de uso común en el Sistema Nacional de Salud. Los oncólogos exponen las razones por las que rechazan su autorización: «Las aseguradoras consideran que no son coste-efectivos, que las guías europeas promueven terapias más baratas como opciones más eficientes, o que no están incluidas en la ficha clínica, es decir, no han sido aprobadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)».
Crítica a la injerencia de las aseguradoras privadas
Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en declaraciones a Público, califica de «absolutamente inaceptable» que las empresas aseguradoras privadas presionen a los oncólogos para evitar la prescripción de ciertos medicamentos para el tratamiento del cáncer.
«Esta medida respalda las denuncias y advertencias que hemos estado haciendo desde la Federación sobre la privatización de la sanidad y el hecho de que las aseguradoras privadas brinden atención sanitaria a funcionarios del Estado, personal docente, judicial, policial y militar», afirma Martín. «Consideramos que esto responde a esa visión de la medicina como un negocio más, en el que se busca reducir costes, incluso a expensas de la salud de las personas«, añade.