La salud también se defiende con derechos sociales La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias apoya la huelga general
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias expresa su apoyo a la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre. Lo hacemos desde nuestra convicción de que la defensa de la sanidad pública es inseparable de la defensa de unas condiciones de vida dignas, de la reducción de las desigualdades sociales y de una distribución más justa de la riqueza. Esta es, en cierto modo, una huelga atípica. No se convoca para impugnar globalmente la política del Gobierno de España, que ha impulsado avances importantes en materia laboral, salarial y de protección social. La mejora del empleo, el incremento del salario mínimo, la reforma laboral y la ampliación de derechos sociales constituyen conquistas que deben reconocerse y defenderse. Pero esos avances conviven con una realidad mucho menos favorable para una parte importante de la población. El crecimiento económico y la creación de empleo no están garantizando por sí solos una mejora suficiente de las condiciones materiales de vida. Persisten salarios bajos, convenios colectivos bloqueados y dificultades para recuperar el poder adquisitivo perdido. La inflación, impulsada inicialmente por las crisis energéticas y los conflictos internacionales, también se ha visto alimentada en determinados sectores por incrementos de precios y márgenes empresariales. Mientras numerosas empresas registran beneficios extraordinarios, muchos hogares siguen encontrando dificultades para llegar a fin de mes. La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento, especialmente para las generaciones jóvenes. Pero existe también un empobrecimiento menos visible: el que se produce cuando las familias deben dedicar una proporción creciente de sus ingresos a servicios que deberían estar garantizados públicamente. El recurso a seguros sanitarios privados, la educación privada o los cuidados contratados para atender a personas dependientes reduce la renta disponible y aumenta las desigualdades entre quienes pueden pagar y quienes no tienen esa posibilidad.