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FUENTE: EL COMERCIO. Ni en su peor pesadilla habrían podido imaginar los Borbolla Cue, una familia del pueblo llanisco de Balmori, el llegar al extremo en el que ayer se vieron: a punto de ser desahuciados de la casa en la que han vivido toda su vida. La quiebra de la empresa de construcción que les sustentaba y el cáncer que padece el padre, Francisco Borbolla, son motivo y parte del drama que atraviesan desde 2015. Ese año, la empresa de Francisco, especializada en la instalación de baldosas, realizó su último trabajo. Fue en Las Malvinas, en la capital llanisca, y actuando como subcontrata. «Me dejaron a deber 200.000 euros», relató Francisco, de 64 años. A esa cuantía se sumó «otro tanto» que desembolsó para «pagar al personal». Desde entonces la situación económica de la familia se fue agravando, hasta el punto de que se vieron en la encrucijada de «pagar» la hipoteca o «comer». El calvario por la pérdida de la casa, situada en el barrio de El Corral, comenzó a principios de 2020 y en 2021 terminó saliendo a subasta, hasta que finalmente fue adquirida por una sociedad inmobiliaria con sede en Oviedo.
A primera hora de la tarde del jueves, a los Borbolla Cue les llegaba el temido anuncio: a las 11.30 horas del viernes serían desahuciados. Con más de setenta personas congregadas a esa hora frente a la casa para arroparles -desde vecinos a colectivos y políticos-, una llamada de su abogado minutos antes de las doce del mediodía trasladaba a María Inmaculada Cue, de 59 años, un respiro temporal, pues el desahucio se suspende durante un mes. «Es un alivio muy grande», compartió emocionado Francisco Borbolla, quien debido al cáncer se desplaza en silla de ruedas y utiliza una bombona de oxígeno. «Nunca en mi vida pensé que me iba a pasar esto», confesó el padre, para quien salir de su casa sería «firmar la pena de muerte».
«En esta situación nos podemos ver cualquiera», recordó Adriana Borbolla, una de las hijas dos hijas del matrimonio. Subrayó además que nunca se han negado a pagar, pero «en la medida de nuestras posibilidades y no en las cantidades desorbitadas que nos pedían». Por parte de la empresa que ha adquirido la casa, la voluntad trasladada ayer es la de negociar para causar el «menor daño» a la familia. Pendiente está de resolver además el recurso presentado por el abogado de los Borbolla Cue, que consideran que «cumplen los supuestos de vulnerabilidad y hay una serie de requisitos económicos» que también reúnen.
Actualmente, el Ayuntamiento carece de viviendas de emergencia para realojar a la familia. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, indicó ayer que sí hay a nivel autonómico «capacidad de respuesta». Mientras tanto, para la familia empieza a correr el plazo de un mes.