FADSP | La Sanidad Pública española lleva años sometida por los gobiernos del PP a un intenso proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización que ha producido graves daños en el sistema sanitario. Con el cambio de gobierno se abren nuevas expectativas de que se transforme en positivo la actual situación, pero hay que ser conscientes de que todos los problemas no podrán abordarse a la vez ni todos tienen soluciones fáciles solo desde este país porque provienen de tendencias internacionales presentes en todos los sistemas sanitarios.
Con estas limitaciones entendemos que los problemas prioritarios a afrontar por el nuevo gobierno deberían ser:
1.Pérdida del carácter universal y accesible del sistema asistencial
El RDL 16/2012 suprimió el derecho a la atención de personas inmigrantes no regularizadas, jóvenes sin trabajo o amas de casa; introdujo el copago farmacéutico para pensionistas y parados de larga evolución lo que ha hecho que parte de estos colectivos no retiren los medicamentos prescritos por el personal facultativo (una estimación de 2,1 millones de personas según los resultados del último Barómetro Sanitario).
2.- Incremento de las desigualdades sanitarias entre Comunidades Autónomas, clases sociales o lugar de residencia
Asociadas al Modelo de Financiación del Sistema Sanitario, a la privatización y fraccionamiento del sistema, a la inexistencia de un Plan Integrado de Salud y a la inoperancia e irrelevancia el Consejo Interterritorial de Sanidad que debería coordinar todos los Servicios de Salud Autonómicos.
3.- Listas de espera cada vez más grandes, ocultas y sin criterios de racionalidad o necesidad
Además de ser la más importante causa de descrédito del sistema publico, favorece la contratación de seguros privados y facilita que muchos enfermos recurran a la sanidad privada (el gasto privado alcanza ya el 30% del gasto sanitario total).
4.- Marginación de la Atención Primaria y aumento del consumismo sanitario
Necesaria para la promoción y prevención de la salud por el auge de la asistencia curativa basada en la súper-especialización y los recursos hospitalarios. La prevención de dirige fundamentalmente al diagnostico precoz a de la enfermedad (screening masivos) que no mejoran la mortalidad en lugar de abordar los determinantes de la salud (alimentación, medio ambiente, hábitos de vida). Se precisan mas recursos profesionales en Atención Primaria, especialmente de enfermería y un enfoque mas comunitario y mas enfocado hacia la prevención y la promoción.
5. Persistencia de las privatizaciones y los instrumentos legales que la facilitan
La privatización de la Sanidad Pública ha continuado, tanto de forma directa (gestión privada con recursos públicos), como indirecta y mas silenciosa (externalizaciones, conciertos, derivaciones sistemáticas de enfermos, pruebas diagnosticas, etc). Mientras permanece la legislación que la facilita como la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión permite privatizar centros y servicios sanitarios o las nuevas unidades de gestión clínica que pretenden fraccionar y transformar los servicios asistenciales en empresas.
6.- Penetración del sistema por lobbys y empresas privadas, en su mayor parte multinacionales
Los laboratorios farmacéuticos, multinacionales tecnológicas, consultoras, fondos de inversión, grupos financieros, constructoras, etc., controlan los sistemas de información, las historias clínicas y recetas electrónicas, las centrales de llamadas, la formación del personal, o la investigación desarrollo e innovación con recursos públicos. Todo ello ha generalizado la corrupción. Se están generando así una gran burbuja sanitaria que desvía fondos públicos a empresas constructoras, fondos de inversión, empresas de auditoria, industria tecnológica o laboratorios farmacéuticos, próximos al poder.
7.- Crecimiento desproporcionado e irracional del gasto farmacéutico
Especialmente el hospitalario que utiliza fármacos cada vez más costosos y que apenas aportan alguna mejora sobre los existentes. Este aumento del gasto farmacéutico ha sido propiciado por el pacto del Ministerio de Sanidad con Farmaindustria, y su traslación a las CCAA, que habría que cancelar urgentemente. Este crecimiento desproporcionado puede poner en riesgo la sostenibilidad económica del sistema
8.- Doble dedicación de parte del personal facultativo
Permitir la presencia del mismo personal en los centros públicos y privados crea problemas de colusión de intereses y favorece la creación de listas de espera, incrementa la concertación con el sector privado, la selección de pacientes, o las corruptelas.
9.- Proliferación y uso intensivo e irracional de los recursos tecnológicos
Existe de manera importante una sobreutilización de los recursos tecnológicos (alrededor del 30% se usan de manera inapropiada), lo que además de disparar el gasto sanitario incrementan la iatrogenia y acaba empeorando la salud de la población
10. Perdida de calidad asistencial y desmotivación del personal sanitario
Ambas cuestiones tienen una estrecha relación con la ausencia de una auténtica política de personal por la inestabilidad y precariedad laboral, la ausencia de instrumentos de incentivación como la carrera profesional, la nula participación del personal en la gestión de centros y servicios, y el poco desarrollo práctico de la medicina basada en la evidencia científicamente probada (guías clínicas, protocolos de actuación, etc.)
11.- Ausencia real de participación social en la planificación y control del sistema
Es necesaria la puesta en funcionamiento de de instrumentos participativos de profesionales y ciudadanos para mejorar y adecuar el sistema sanitario y su funcionamiento a las necesidades de salud, que no puede sustituirse por organizaciones de enfermos por la industria farmacéutica
Como ya hemos señalado se trata de temas que deben de abordarse, de manera paulatina y continuada, para avanzar en la recuperación de la Sanidad Pública de calidad, universal, como un servicio público básico para toda la población.