Son aspectos que ya se están aplicando, pero que carecen de una regulación específica a nivel regional
La Ley de Salud que prepara el Gobierno regional, además de actualizar y ampliar el contenido de la anterior, vigente desde hace más de treinta años, recogerá por primera vez dos derechos ampliamente demandados por los distintos colectivos de pacientes: el de la libre elección de médico de cabecera, pediatra o especialista así como el de una segunda opinión médica. Son cuestiones que ya están plasmadas en normas de carácter estatal -en concreto, la elección de médico fue desarrollada en un Real Decreto de enero de 1996-, pero nunca habían sido trasladadas a la legislación autonómica. De hecho, tanto uno como otro son ya efectivos en Asturias desde entonces. Así, cada año miles de usuarios piden el cambio de su médico de cabecera. Es un trámite para el que no se les requiere justificar o argumentar los motivos. Solo con pedir el canje, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) está obligado a tramitarlo y concedérselo. Eso sí, al tener establecido un número máximo de pacientes por facultativo, no siempre se pueden atender determinadas peticiones.
En los planes de la Consejería de Sanidad está ahora llevar a cabo la transposición de estas normas estatales para, en la práctica, mejorar su aplicación en lo que respecta a ambos aspectos. El Gobierno regional lo hará, como queda dicho, en la futura Ley de Salud que está elaborando y en un posterior decreto, en el que desarrollará su contenido.
En cierta medida, el Partido Popular se adelantó, al presentar el año pasado en la Junta General del Principado una Proposición de Ley de Garantías de Prestaciones Sanitarias en la que, entre otras cuestiones, recogía el derecho a la libre elección de médico de familia, pediatra o personal de enfermería «sin necesidad de justificación previa».También la elección de centro de salud y centro hospitalario en el que someterse a una intervención quirúrgica, consulta externa o prueba diagnóstica o terapéutica por un problema de salud nuevo. En dicha Proposición de Ley también contemplaban el derecho a solicitar una segunda opinión médica, a partir de los 16 años, «cuando concurran especiales circunstancias de riesgo o gravedad en el ámbito de las técnicas diagnósticas o en el tratamiento terapéutico». El plazo que planteaban para resolver la solicitud era de diez días. Y daban quince más -con una prórroga de otros cinco- para conocer ese segundo criterio médico.
«Absolutamente necesarias»
El portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Carlos Ponte, considera que tanto la elección de médico como la segunda opinión son «absolutamente necesarias. Un derecho del paciente». De lo que recela es de la red integrada de servicios sanitarios que, según avanzó hace unos días en la Feria de Muestras Francisco del Busto, también se perfila en el anteproyecto de Ley de Salud y con la que se pretende «favorecer la continuidad asistencial y facilitar que los usuarios accedan a los dispositivos más adecuados en cada caso, con independencia de donde vivan». No quiere la Plataforma que en Asturias se intente aplicar el modelo implantado en Madrid por Esperanza Aguirre. Un «modelo de mercado» en el que el resultado «no es tanto facilitar el libre acceso de los pacientes al servicio sino establecer un criterio mercantil que lleva a la competencia entre los distintos centros sanitarios».
A la espera de conocer el contenido del anteproyecto de la Ley de Salud, Ponte advierte además de que el Consejo de Pacientes que la consejería prevé crear «debería ser un órgano con participación en la toma de decisiones».