El movimiento ‘Yo Sí Sanidad Universal’, en defensa de una Sanidad igualitaria, ha denunciado «la responsabilidad del Gobierno y de las comunidades autónomas en la persistencia de la exclusión sanitaria», por lo que lanzó la campaña ‘A juicio la exclusión sanitaria’ para «defender ante los tribunales el derecho a la salud de las personas afectadas», ya que «tras más de un año desde la publicación del Real Decreto-Ley (RDL) 7/2018, del 27 de julio, del Gobierno de Pedro Sánchez, la exclusión sanitaria sigue vigente».
Ricardo Angora, Nacho Revuelta, Clara Benedicto y Javier Moreno
Así lo expresaron desde este grupo, el cual, además de exponer su nueva iniciativa, hizo público un informe «que recoge algunos de los relatos» de los que tuvieron conocimiento y que «ilustran las distintas realidades de exclusión que está aplicando la Administración». En el acto de presentación intervinieron los doctores Clara Benedicto y Nacho Revuelta, que son miembros de esta organización y médicos de Atención Primaria; el doctor Ricardo Angora, que es vocal del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM); Javier Moreno, que es abogado del grupo jurídico de apoyo a ‘Yo Sí Sanidad Universal’; y Tomasa, una mujer de Perú afectada por la situación denunciada.
La plataforma en cuestión recibe, «cada día, solicitudes de ayuda de personas desesperadas a quienes se les niega el acceso a la atención sanitaria o se les facturan cifras desorbitadas a las que no pueden hacer frente», alertó Clara Benedicto, que señaló que «la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la atención sanitaria tiene que ser para todas las personas sin que pasen penurias financieras. Estos es un riesgo y una realidad en España».
Ascendientes reagrupados
Tal y como explicó esta especialista, en el país existen «tres tipos de vulneraciones de derechos dentro de la exclusión sanitaria». En primer lugar, «casos de exclusión validados por la ley», especialmente en lo que se refiere a «los ascendientes reagrupados, madres y padres que han obtenido la tarjeta de residencia como familiares de sus hijos españoles», a los cuales «se les niega el acceso a la asistencia pública» y se les insta a recurrir a «Sanidad Privada», detalló.
En segundo lugar, se encuentran los «casos de exclusión originados por la inconcreción de la ley», sobre todo, «con personas que llevan menos de 90 días en España, a quienes se considera turistas, a pesar de que hayan llegado con intención de quedarse o estén empadronados», continuó Benedicto, que añadió que el RDL 7/2018 establece que estas circunstancias concretas «se pueden valorar mediante un informe social, elaborado por una trabajadora social, pero esto no se está aceptando y se transgrede la ley», hasta el punto de que «se coacciona a los profesionales» para que no emitan dichos informes.
Bajas del DAR
Por último, existen las «prácticas contrarias a derecho», prosiguió esta profesional sanitaria. Según se especifica en la página oficial del Ayuntamiento de Madrid, la ciudadanía considerada como no asegurada o no beneficiaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), por estar sin papeles, entre otras causas, «puede solicitar en los centros de Atención Primaria el alta en el sistema informático. El alta permite conseguir el código DAR (Extranjero no asegurado) o el código TIR (Transeúnte sin permiso de residencia)», sostuvo. En este sentido, aclaró que, en cuanto al DAR, «a partir del 2018 se están haciendo borrados masivos sin ninguna justificación legal y sin avisar a las personas».
Asimismo, a estas personas «se les dice que ya no tienen derecho a renovar el DAR y se les manda a que paguen la Sanidad Privada», insistió Benedicto. Por otro lado, aclaró que «los TIR son como el DAR, pero sin derecho a cobertura farmacéutica», por lo que, «actualmente, es ilegal, según el RDL»; sin embargo, según los datos facilitados por la plataforma, «el número de TIR está aumentando exponencialmente».
Además, según recalcó Benedicto, «el Defensor del Pueblo ha hecho un informe en el que llama la atención a Madrid y a Galicia por los casos de exclusión y las transgresiones de Derechos Humanos», por lo que formuló «nuevas recomendaciones al Ministerio de Sanidad» y a las citadas regiones «para proteger el derecho a la salud y garantizar la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a ciertos colectivos vulnerables excluidos de la normativa vigente».
Desconocimiento de los profesionales
Igualmente, esta componente de ‘Yo Sí Sanidad Universal’ puso el foco sobre el «desconocimiento por parte de los profesionales» con respecto al tema, ya que, según sus datos, «más de un 65 por ciento de los profesionales a los que se preguntó tenían un conocimiento escaso o nulo de la legislación que afectaba a sus pacientes» y «más de un 56 por ciento no conoce el impacto del RDL o directamente lo desconoce».
Por su parte, Javier Moreno destacó que la normativa 7/2018 «dice que las personas, desde que llegan a España, tienen derecho a la protección a la salud». Por estos motivos, «el grupo jurídico trabaja un recurso de amparo en cuanto a instancias nacionales, contra el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), aunque se esta estudiando llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)», expresó, tras lo que también llamó la atención sobre «la cuestión de género» que subyace a la problemática, dado que «las mujeres son un colectivo especialmente vulnerable, en cuanto a los embarazos o la interrupción voluntaria de estos».
Tomasa
Así, Tomasa relató su experiencia al llegar a España embarazada, cuando recibió «el rechazo» de varios servicios de salud, hasta que, finalmente, después de varios intentos y esperas, fue atendida. «Me decían que no me atendían porque no estaba legal», pero «tenía su solicitud de asilo y tenia la tarjeta blanca desde el cuarto día que estaba en España, por lo tanto era solicitante de asilo». En su caso, no solo «no se aceptó la vía del informe social», sino que del primer día que acudió a Urgencias le llegó «una factura» que presentó a «Médicos de Mundo, por lo que la factura está pendiente de un recurso», argumentó.
PSOE y Unidas Podemos
Nacho Revuelta concluyó que, según el informe presentado, «lo que dice el Partidos Socialista Obrero Español (PSOE) es absolutamente falso» en cuanto a la universalización de la Sanidad en España, y que, desde este movimiento, tienen «dudas de que su compañero de Gobierno, de Unidas Podemos, tenga interés en este tema, ya que el Ministerio de Sanidad no es uno de los Ministerios en los que quiera participar activamente».