Con apoyo ciudadano en la calle y en la tribuna del Parlamento – en convocatoria de la Plataforma y Stop Listas de Espera -, la Junta General del Principado ha aprobado el dictamen de las Listas de Espera (LdE), después de más de dos años de trabajo en Comisión.
El dictamen fue aprobado con el respaldo de todos los grupos políticos con la excepción del PSOE. La resolución señala como principales responsables políticos de la ocultación de las listas al exconsejero de Sanidad del Gobierno asturiano, Faustino Blanco, y al exgerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Tácito Suárez. Concluye la oposición que la interrupción en la transparencia en materia de listas de espera «fue producto de una decisión de los servicios centrales de la Administración sanitaria, cuyos máximos responsables políticos en ese momento eran Faustino Blanco y Tácito Suárez, y que las razones no fueron motivos técnicos como argumentaron, sino simple y llanamente la inconveniencia política de publicar unos datos que no eran favorables al Consejo de Gobierno». El informe señala además responsabilidades en los actuales máximos dirigentes del Principado, el actual consejero de Sanidad, Francisco del Busto, y el gerente del Sespa, José Ramón Riera. El dictamen da por constatado que «el incumplimiento en materia de transparencia de la normativa vigente es sostenido a lo largo del tiempo, abarcando desde la puesta en marcha del portal de transparencia de Astursalud hasta la legislatura presente». La responsabilidad de esos «incumplimientos e irregularidades» corresponde a Del Busto y Riera, afirman en el documento aprobado. «La responsabilidad política recae sobre ellos en tanto no pongan solución a lo que aquí se plantea», afirma el dictamen.
El diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova fue muy crítico con el Gobierno asturiano. «Hoy se confirma que teníamos razón», ha dicho, dirigiéndose a las filas socialistas para añadir que «a partir de hoy, la negación, la trampa y la inercia ya no valen». Ha anunciado que la mejora en la transparencia va a formar parte de sus peticiones en la negociación para los presupuestos regionales para 2018. Opiniones similares sustanciaron la intervención de Marta Pulgar, diputada de Izquierda Unida. Por parte de Foro Asturias, Carmen Fernández, ha acusado al actual Consejero y a Faustino Blanco: Este dictamen es una enmienda a cinco años de gestión sanitaria socialista»El PP ha justificado la necesidad de exigir responsabilidades políticas ante el «apagón informativo». Mientras, Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos), ha argumentado que la estrategia del PSOE en esta materia ha sido equivocada, al haberse conformado con una actitud «negacionista» cuando el problema es real.
Cuando se sometió a votación en el pleno el documento, quedó en evidencia la soledad del PSOE. Fueron 31 votos a favor y 14, los del PSOE, los sufragios en contra. Posteriormente se votó el voto particular del PSOE que fue rechazado por idéntico resultado. El voto particular del PSOE negaba incumplimientos por parte de la sanidad asturiana en el periodo investigado, porque no existen normas que impongan la obligación de publicación de unos datos en una periodicidad concreta. Fueron problemas técnicos, añadían los socialistas, los que obligaron a no publicar los datos. Los socialistas acusan además a la comisión de investigación de haber «desbordado» el marco temporal y declarar responsabilidades «sin fundamento suficiente». El órgano, según el PSOE extendió la responsabilidad a «hechos encuadrados fuera del límite temporal marcado por el pleno y a hechos no incluidos en su marco objetivo».
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