PLAN DE CHOQUE SOCIAL. Las organizaciones impulsoras del Plan de Choque Social lanzamos una serie de propuestas urgentes para proteger a la mayoría de la sociedad y, en especial, de la clase trabajadora desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización.
Si el Gobierno realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras. Hay medidas que se tienen que aplicar de forma urgente para dejar de poner en riesgo vidas y evitar un colapso sanitario y social. El Gobierno tiene que escuchar a centenares de sindicatos, organizaciones y plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y sociales que exigimos una salida de esta crisis sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y económica que ponga la vida en el centro y no los beneficios de las grandes empresas.
Dejar en manos de la buena voluntad del IBEX 35, los especuladores y otros poderes económicos la protección de la sociedad y el medio ambiente no es una opción si se quiere evitar que se dispare, aún más, la desigualdad social, el deterioro climático y ambiental y la destrucción de derechos.
REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA. UNIVERSALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA. INTERVENCIÓN DE LA SANIDAD PRIVADA SIN COMPENSACIÓN ECONÓMICA
Los próximos días se prevé que los sistemas sanitarios de los territorios donde se concentran más casos de Covid-19 lleguen al colapso. No es casual porque el límite de capacidad de la sanidad pública se ha visto reducido por más de una década de recortes y privatizaciones. Es imprescindible y urgente dotar de recursos suficientes a los centros sanitarios. De la misma forma, la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) para todo el personal de estos centros pone en riesgo sus vidas y la de las personas enfermas y envía centenares de profesionales a la cuarentena, debilitando aún más el sistema sanitario. La intervención de la sanidad privada tiene que traducirse ya en la movilización de todos los recursos privados al servicio del interés general y la salud pública. Esta movilización masiva de recursos no puede traducirse en una factura millonaria de las empresas sanitarias privadas que provoque nuevos recortes después de la emergencia. Estas empresas deben dejar de parasitar recursos públicos en un momento en que son aún más necesarios que nunca.
En la situación extraordinaria que vivimos, es importante reforzar la información y los servicios básicos de urgencia para garantizar Derechos Sexuales y Reproductivos. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Anticoncepción de Urgencia (AU) siguen siendo servicios de urgencia para todas las mujeres independientemente de la edad y de si tienen o no tarjeta sanitaria.
PROTEGER A LAS TRABAJADORAS DE SERVICIOS ESENCIALES. En medio de esta emergencia hay millones de personas trabajadoras sosteniendo la vida en multitud de sectores además del sanitario: residencias, Servicio de Atención Domiciliaria, sociosanitarios, cuidados, suministro de agua y energía, transporte, limpieza, alimentación, farmacias y muchos otros. La mayoría son trabajadoras con condiciones precarias y trabajos poco valorados socialmente. Esta primera semana de estado de alarma desde todos estos sectores llegan denuncias de la irresponsabilidad empresarial, la falta de aplicación de protocolos sanitarios y la práctica inexistencia de Equipos de Protección Individual (EPI). En muchos servicios externalizados por las administraciones públicas se reproduce esta situación. Hasta ahora Inspección de Trabajo no está reaccionando con la rapidez y la contundencia necesarias a la denuncia por parte de los sindicatos de situaciones dramáticas.
Es especialmente preocupante la situación en sectores en contacto permamente con grupos de riesgo como residencias o el Servicio de Atención Domiciliaria que se encuentran ya en colapso. Sin la precariedad que sufren las geroculturas y el resto de trabajadoras de cuidados se habrían evitado contagios y muertes. También nos preocupa la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las jornaleras y jornaleros migrantes del campo andaluz. Muchas viven en asentamientos de chabolas, sin acceso a agua o a luz y sin ningún tipo de asistencia sanitaria y jurídica. Hay que intervenir ya y obligar a las empresas a adoptar medidas de protección inmediatamente..
Hay que señalar la situación de abandono y vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar y los cuidados. El régimen especial de la Seguridad Social las priva del derecho al paro y las deja con pensiones más mermadas que al resto de trabajadoras. En esta crisis sanitaria y de cuidados están sufriendo despidos, las internas están encerradas con sus empleadores y sin medidas de protección sanitaria en las que la inspección de trabajo pueda intervenir. Para que la situación deje de ser tan precaria se debe ratificar el Convenio 189 de la OIT. Mientras tanto, es impostergable la inclusión de este sector en la provisión de Equipos de Protección Individual para evitar la propagación del contagio.
SUSPENDER DEL PAGO DE ALQUILERES, HIPOTECAS Y SUMINISTROS BÁSICOS Y PARALIZACIÓN DE TODOS LOS DESAHUCIOS. Esperar que se genere una cadena de solidaridad por parte de los especuladores está condenado al fracaso. Son necesarias medidas que les frenen. Hay que exonerar el pago de hipotecas y alquileres para que esta crisis sanitaria no provoque que más familias pierdan su hogar. La moratoria del pago de las hipotecas aprobada por el Gobierno consiste en una simple suspensión temporal con criterios muy restrictivos. Cuando finalice las personas hipotecadas tendrán que seguir haciendo frente a sus pagos -a diferencia de las empresas que soliciten ERTEs, que quedarán exoneradas del pago de las cuotas de Seguridad Social-. Para la banca, sólo aplaza el cobro y, de nuevo, no asumen ningún coste de esta situación. Exigimos la exoneración de los pagos mientras dure esta situación y, por lo tanto, que no se acumule deuda.
En el mismo sentido, hay que garantizar el acceso a todos los suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), sin restricciones y con una expresa prohibición de corte en todo el ámbito doméstico, y que las grandes empresas asuman el coste con sus beneficios millonarios. Estos servicios esenciales para la vida deben ser gestionados de forma pública y democrática.
Para cumplir con los Dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, es también necesario alargar la paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional más allá de la duración estricta del estado de alarma, dado que sus efectos se verán en los próximos meses. Para paliar el efecto de la crisis a medio plazo se debe constituir un parque público de vivienda suficiente.
RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA MACHISTA. La estrategia del confinamiento traslada toda la tensión, la carga de los cuidados y la vulnerabilidad sobre las familias y otras unidades de convivencia, y especialmente sobre las mujeres. Se necesitan medidas de choque que mantengan activados y refuercen los recursos sociales de prevención, detección de la violencia machista y apoyo a las mujeres expuestas a situaciones de violencia en este contexto, para que el confinamiento no se convierta en un aislamiento y una condena para ellas.