En la Junta General del Principado ha comenzado la ronda de comparecencias de la Proposición de Ley de supresión del Procurador General. Una iniciativa legislativa secundada por todos los grupos parlamentarios menos por Izquierda Unida.
Los diputados han escuchado a los respresentantes de 13 asociaciones y al catedrático de la Universidad de Oviedo, Francisco Bastida. Todos han expresado su rechazo a la eliminación de la figura del Defensor del Pueblo en Asturias.
Bastida, ha abogado por «mantener» la continuidad del Procurador General, y ha dicho que la Junta General debería «hacer una iniciativa legislativa para restringir, en la medida de lo posible, la función del Defensor del Pueblo».
Ha defendido «instar una modificación para que las defensorías autonómicas sean competentes para controlar todas las Administraciones radicadas en un territorio», y «si se quiere mayor eficacia», eliminar las «singulares» que hay en la región, en referencia a las del Menor y Anciano, para «centrarlas en la Procuraduría General».
Para Bastida, si se suprime este órgano se «prescinde de un elemento de control, que no va a ser suplido por una comisión de esta Cámara», y «se desampara en época de crisis a colectivos vulnerables, que son los que acuden a la defensoría»
Por su parte, los partidos políticos, que han declinado realizar preguntas, han dejado, en el caso de IU, abiertas sus aspiraciones a «corregir» la ley durante su tramitación; el Grupo Mixto ha planteado «buscar alternativas» y el PP ha reiterado que son medidas «necesarias» pese a que no son «las que más» les gustan.
El responsable de Amnistía Internacional en Asturias, Francisco Javier Fernández, ha expresado su «preocupación por proyecto de supresión», y ha indicado que durante más de 6 años de existencia de la Procuraduría, ésta ha desarrollado una «extensa labor, ha elaborado observaciones, además de las resoluciones emitidas, ha ofrecido informes y explicaciones sobre derechos de los ciudadanos».
La presidenta de la Federación de Mayores, Dolores San Martín, que ha expresado la «sorpresa» que ha causado la propuesta de supresión, se ha referido a la Procuraduría como «una figura correcta, clave para la ciudadanía por proximidad y cercanía con el movimiento asociativo».
La portavoz de Cruz Roja de Asturias, Celia Fernández, ha revelado que en la Procuraduría han encontrado «colaboración y entendimiento», y que «siempre ha estado dispuesta a ayudar y facilitar el trabajo»,
El presidente de Proyecto Hombre, Luis Manuel Flórez, ha dicho que «se propone suprimir» al Procurador cuando «lo habría que potenciar», ha advertido que «no se cuestiona su trabajo» y que «defender los derechos de los más débiles nunca puede ser un lujo».
El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, ha opinado que la desaparición propuesta «debilitaría el control», y ha pedido a los grupos políticos que «reconsideren mutilar» un órgano «fundamental» para los ciudadanos.
«Error y paradoja» conviven en opinión del portavoz de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, Carlos Ponte, con la propuesta de supresión del Procurador, que «ahondaría en la fractura y distancia entre la calle y la política».