UN NUEVO CONTRATO SOCIAL DE CIUDADANÍA PARA LA SANIDAD PÚBLICA EN ASTURIAS
La Sanidad Pública, una de las claves del estado social y un servicio público básico para la ciudadanía, está sufriendo un importante deterioro como consecuencia de las políticas de austeridad, con recortes de derechos y recursos en todo el estado, de especial gravedad en algunas CCAA como Madrid o Valencia. Sin embargo, sin infravalorar el impacto de las políticas de ajuste, un análisis más detallado de los sistemas sanitarios públicos, pone al descubierto que la salud y la enfermedad vienen conviviendo desde tiempo atrás, con políticas incapaces de dar respuestas a las necesidades de salud de la ciudadanía, la mayoría de ellas consumistas y mercantilistas, de dudoso valor técnico y contenidos que, cuando menos, son a-sociales y a-democráticos. Por tanto, a la hora de formular una alternativa, no cabe limitarse a desandar el camino de las privatizaciones y los recortes de la “austeridad”, sino que es preciso un abordaje estructural que recupere y ahonde en la naturaleza y los significados de la Salud Pública.
- La restitución de lo que es nuestro, de los derechos y los recursos sanitarios públicos enajenados: La asistencia sanitaria es un derecho universal que debe garantizar el sector público.
1.1. La derogación de la ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión y el RD 16/2012, de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario. Así mismo, es necesario suprimir los sistemas paralelos (MUFACE y mutuas laborales) y comprometer la recuperación de todas las concesiones y externalizaciones (previa auditoría) de servicios, consultorías y sistemas de información cedidos a empresas multinacionales. La Sanidad Pública tiene que asegurar el acceso a una cartera amplia de servicios en todo el Estado, en función de las necesidades de la población, sin barreras de acceso, geográficas o económicas, como es el caso de los copagos.
1.2. La financiación no se puede subordinar a la deuda o al requilibrio presupuestario. Debe ser “suficiente” (se ha propuesto un incremento de un punto de porcentaje de PIB, para situarnos en la media de los países de la UE), “redistributiva” (mediante impuestos directos) y “finalista”. Eliminación de la desgravación fiscal del seguro privado y de los ya mencionados copagos.
1.3. Las políticas de personal que acaben con los recortes de plantillas y la no-reposición de jubilaciones, que se orienten a la estabilidad laboral y la promoción profesional basada en el mérito, con incentivos apropiados y procedimientos transparentes y democráticos.
2.- La movilización de la ciudadanía por la salud, un proyecto de Comunidad responsable de los Cuidados de la Salud, que refleje la alianza entre la sociedad civil y sus organizaciones, las autoridades locales y regionales, y los recursos sanitarios, académicos y profesionales, con la finalidad de intervenir sobre los determinantes sociales de la salud.
2.1. Las políticas saludables tienen que estar presentes en todas las políticas con propuestas para toda la población, cuya salud está afectada por la exposición a tóxicos persistentes, disruptores endocrinos, stress, alimentos procesados o la contaminación del aire y del agua. Estos y otros problemas se agudizan en relación con la mayoría social, que vive condicionada por la precariedad socioeconómica y mayor riesgo para todas las causas de enfermedad. Hay retos específicos en alimentación, salud ambiental, cáncer, cardiovasculares, salud mental, mayores con fragilidad y dependencia, que demandan políticas públicas saludables que modifiquen los entornos y los estilos de vida, para garantizar una alimentación sana y ecológica, prevenir la carga de enfermedades evitables, fomentar las condiciones de vida dignas y abordar problemas identificados como la obesidad, el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, las desigualdades en salud están incrementadas y enraizadas, sin medidas correctoras y sin estudios adecuados que evalúen el impacto de la precariedad. Las políticas públicas olvidan su verdadera finalidad: la eficiencia social, a cuyo servicio, y no al revés, ha de estar la eficiencia económica.
2.2. El empoderamiento de la ciudadanía. La salud como una nueva cultura de vida, basada en la información, el conocimiento (alfabetismo en salud) y la autonomía para asumir responsabilidades sobre la salud propia y colectiva. Es necesaria la participación estructurada de la Comunidad, con mecanismos de interacción en los procesos y la toma de decisiones. Un nuevo contrato social con derechos y obligaciones, en donde los Consejos de Salud representen la forma organizada de la alianza por la salud. Existen ejemplos aprovechables en los que apoyarse: Canadá, El Salvador, la reciente experiencia de Akron-Ohio en EEUU, etc.
- Un nuevo modelo de organización que corrija el patrón vertical de hegemonía de la asistencia especializada y de fascinación tecnológica, orientada al consumo y a un sumatorio de procedimientos singularizados, episódicos y desarticulados:
3.1. Reestructurar la pirámide asistencial del SESPA con recursos (hasta alcanzar el 25% del prepuesto sanitario en 5 años) y protagonismo de la Atención Primaria, con competencias del médico de familia como coordinador del paciente en todo el circuito sanitario. En el futuro la atención sanitaria se acercará más al domicilio y se alejará del hospital, con mayor cronicidad, comorbilidad y demandas socio-sanitarias, unos servicios que en la actualidad están en la precariedad. La superación de barreras entre centros de salud y hospitales, salud física y mental, sanidad y cuidados sociales, es otro de los retos. La tendencia en los sistemas avanzados es la asistencia integrada (más efectiva), comunitaria y pluridisciplinar, la interacción de médicos comunitarios, especialistas, enfermería, comadronas, fisioterapeutas, salud mental y atención social.
3.2. La organización y el buen gobierno de las instituciones y servicios para recuperar la naturaleza genuinamente pública de las instituciones y los servicios, y redefinir la frontera entre lo público y lo privado, a través de una nueva ley de Ordenación Sanitaria, que revoque la del SESPA del 93 y termine con la deriva de “empresarialización” y “gerencialismo” que comprometen la condición pública de los servicios, el buen gobierno institucional y la participación de los profesionales, sin falsos modelo como las actuales unidades de gestión clínica.
3.3. Promover la transparencia, la integridad y la gestión de los conflictos de interés. Herramientas estratégicas que incorporan valores éticos, imprescindibles para recuperar la confianza en las instituciones y evitar la corrupción institucional.
- Mejoras necesarias en la atención de la salud. La totalidad del sistema tiene que cambiar: existe un abismo entre la “buena atención” y lo que realmente reciben los pacientes. Al otro lado del abismo está la seguridad y otras mejoras básicas, que son obligadas para construir el sistema de salud del siglo XXI:
4.1. La atención debe ser más segura: “Primero no hacer daño”. no es sólo una responsabilidad del cuidador individual sino también de políticas que interesan al conjunto del sistema.
4.2. La atención de la salud debe ser efectiva, basada en el uso razonado y científico.
4.3. La atención de la salud debe estar centrada en el paciente, en su cultura individual, su contexto social y el respeto a sus necesidades específicas. El paciente debe desempeñar un papel activo en la toma de decisiones sobre su propio cuidado.
4.4. La atención debe ser oportuna, sin demoras no deseadas.
4.5. El sistema de salud debe ser eficiente y reducir costes sin merma de la calidad.
4.6. El cuidado de la salud debe ser equitativo: sus beneficios han de llegar a todo el mundo por igual sin barreras económicas, sociales, de género o étnicas.
5.- El control de las tecnologías sanitarias y de la medicalización. En defensa de una inversión productiva, segura, coste/efectiva y de alto rendimiento técnico que ponga punto final a la subordinación de la industria tecnológica y farmacéutica. El objetivo último no puede ser otro que impugnar las leyes de propiedad intelectual, el monopolio de las patentes y los derechos del secreto comercial., pero caben, no obstante, medidas intermedias en esa dirección:
5.1. Desinvertir en capítulos de gasto que no producen salud: una agenda política de “sostenibilidad interna” que oriente los recursos hacia lo que es efectivo, con el compromiso de invertir con criterios de “uso racional”, la implicación de los profesionales, el público y los pacientes (comisiones fármaco-terapéuticas…), la financiación selectiva vinculada al valor terapéutico y la innovación , herramientas de evaluación de seguridad y eficacia, apoyo a los genéricos y biosimilares, la incorporación de la equivalencia terapéutica, la centralización de compras y la desintermediación de funciones y procesos, la reivindicación de licencias obligatorias en productos muy caros de contrastada eficacia…
5.2. “Desprescribir”. Los Sistemas Sanitarios, incluidos los públicos, tienen un rol activo en la medicalización de la sociedad, Es preciso tomar conciencia de este problema y promover políticas activas para combatirlo. Si bien, no es una responsabilidad exclusiva de la oferta de los servicios sanitarios, sino que reúne elementos culturales, económicos y políticos en los que interviene toda la sociedad, con el resultado de creciente consumismo sanitario y expropiación de la salud.
5.3. La gestión de la información. La atención sanitaria reúne una gigantesca cantidad de datos difíciles de procesar y utilizar, que nos sitúan ante el reto de nuevas tecnologías de la información, de bases de datos “estructuradas” e indicadores válidos y sensibles, que incorporen las evidencias científicas disponibles y métodos de análisis avanzados. Un cambio sustancial en la forma de trabajo de los profesionales y en el tratamiento de los pacientes, similar a lo que significó en su día el “higienismo” moderno (1870), la penicilina (1928) o el ensayo clínico controlado y aleatorio (Bradford Hill, 1970).
6. La conciencia de que nuestros problemas presentes y venideros, como las amenazas del Tratado de Libre Comercio (EEUU -UE), el Tratado de Libre Comercio, CETA (Canadá – UE) o el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), sólo se pueden resolver desde la solidaridad con otros pueblos, desde el compromiso con las políticas de cooperación de acceso universal a los medicamentos esenciales, un fondo internacional de apoyo a las poblaciones sin cobertura universal (incluyendo a los afectados por el pago de la deuda pública) o la inversión pública en la I+D para las enfermedades “olvidadas” de la pobreza en los países del tercer mundo.
La clave de la presente alternativa no es otra que la articulación de una gran movilización social, sanitaria e institucional por la salud, la equidad y la calidad de la atención a la enfermedad. Una estrategia de cambio, como en su día propuso el informe Beveridge al formular el estado de bienestar: “Una democracia no puede imponer o regalar la liberación de la Necesidad, debe ganársela”.
Diciembre. 2014