Empresas o Servicios de Salud

Públicado  22.12.2014 |  La Nueva España.

¿Servicios clínicos o empresas? Carlos Ponte. Desde hace tiempo, los sistemas sanitarios están transitando hacia nuevos modelos de gestión y organización, que cuestionan una buena parte de los conceptos tradicionales de la salud. Ideas-fuerza, como la «salud pública» de los años 50 o la «salud para todos» de los 70, han quedado fuera de juego por la inexorable lógica de la competencia en los sistemas sanitarios. El «eficientismo» ha saltado del mundo empresarial al Estado y los servicios públicos, incluida la educación y la sanidad pública, con una radical reconfiguración de su gestión y organización.

El alcance de estos cambios sólo se podrá valorar adecuadamente cuando los observemos con suficiente distancia histórica. Sin embargo, ya podemos estimar, desde hoy, que la preocupación por la salud está dejando de ser el principal motor de las acciones de los servicios sanitarios públicos, sustituida por una lógica económica de naturaleza mercantil. Un problema incluso de mayor calado que las tantas veces denunciadas externalizaciones o privatizaciones.

En los últimos años, los servicios sanitarios públicos han sustituido el concepto de pacientes por el de consumidores y clientes, e incorporado categorías y variables propias de la economía empresarial: la salud entendida como un bien de transacción equivalente a cualquier otra mercancía. Así, los servicios traducen toda su actividad en términos de costo/ beneficio o costo/ efectividad, un razonamiento jerárquico e inflexible, como estamos viendo con el Sofosbuvir en el tratamiento de la hepatitis C o con determinados fármacos oncológicos. Esto es, un enfoque económico de la salud por encima de cualquier otra consideración.

La gestión clínica, importada de «managed care» de EEUU, es quizás la máxima expresión de este modelo economicista. Las Unidades o Áreas Clínicas pierden su significación social, sus referencias de salud pública y los valores éticos de la medicina tradicional; para reconvertirse en microempresas regidas por la productividad, el control de costos y la introducción de contratos de riesgo. Un giro conceptual que incorpora las técnicas de empresa: la externalización, la descentralización, el poder omnímodo de los gerentes, el benchmarking, la individualización de las remuneraciones, la flexibilidad del personal, el reparto de beneficios, la satisfacción del consumidor, etc.

Cuando los servicios sanitarios se transforman en unidades productivas, emergen múltiples indicadores de rendimiento de actividad, de procesos o de costes, en detrimento de los verdaderos objetivos de la atención de la salud. Al tiempo que el paciente se transforma en cliente, el profesional sanitario pasa a ser un micro-gestor de recursos, algo que poco o nada tiene que ver con el compromiso responsable en el uso racional de los recursos y la justicia distributiva.

La legitimidad de estos cambios reside en la supuesta eficiencia del «gerencialismo» y la promesa de las bondades de la «elección de los consumidores». Cuando, en realidad, es un modelo ciego, autoritario e ineficiente, en el que los pacientes apenas tienen opciones y mucho menos soberanía para elegir lo que consumen en este ámbito. En la práctica, mimetismo empresarial que ya ha fracasado en otras experiencias, con efectos perversos para el sistema sanitario público.

Cabe añadir, por otra parte, que la reconfiguración del sistema sanitario tiene un claro antecedente en el denominado «complejo médico- industrial», definido por el economista Arnold Relman, en alusión a los proveedores privados de la industria de tecnologías y medicamentos: un híbrido societario de los sistemas públicos de salud, con una influencia decisiva, plenamente asumida por la administración pública, con efectos paradójicos como los sobrecostes de la medicalización, el uso inadecuado de las tecnologías o los precios abusivos, que, en su conjunto, pueden representar hasta el 30% del total del gasto sanitario.

En todo caso, hay que decir que no se trata de negar la utilización de indicadores económicos en la actividad sanitaria, o la necesidad de eficiencia o productividad, sino de cuestionar la hegemonía de estas categorías, que no entienden que la protección y la reparación de la salud son un derecho universal y la razón de ser de los servicios sanitarios. La prioridad del sistema sanitario va más allá de la economía y del consumo, porque sólo desde las políticas sociales y la salud pública se pueden establecer condiciones armónicas de reciprocidad entre la oferta y la demanda, y estándares válidos de efectividad ante la salud y la enfermedad.

La alianza del Sistema con la ciudadanía y los valores éticos, inseparables de la salud, y no sólo argumentos económicos, son las bases sobre las que hay que reconstruir los servicios públicos, una necesidad cada día más evidente.