Artículo de Raúl Álvarez en ASTURIAS 24, que reproducimos por sus repercusiones en el ámbito de la Sanidad.
Entre los compromisos del Gobierno regional para esta legislatura, pocos han recibido tanto mimo como el proyecto de ley autonómica de Transparencia. Es un objetivo importante para Javier Fernández, preocupado por responder al creciente enojo ciudadano con los políticos, y para su consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, cuyo departamento han invertido mucho tiempo y esfuerzo en la redacción del texto. El Principado lo considera un gran trabajo y un avance que pone a Asturias a la vanguardia de España –solo La Rioja y Murcia tienen legislación propia en esa materia— en el control de las acciones del Gobierno y de los destinos del dinero público. Sin embargo, los expertos convocados por la Junta General para dar su opinión sobre el proyecto en los primeros pasos de su tramitación parlamentaria han echado agua este miércoles sobre las aportaciones que significaría su aprobación. En las sucesivas comparecencias de catedráticos de Derecho, se han repetido las críticas: falta de independencia del órgano al que se encarga la aplicación de la ley, ausencia de un esquema claro y disuasorio de sanciones para quienes la incumplan y necesidad de que se hagan públicos los nombres de los infractores.
Los profesores coinciden en que el texto añade poco a la normativa nacional. Ante la Comisión de Presidencia de la Cámara han desfilado esta mañana tres profesores asturianos de reconocido prestigio: el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña, Javier Junceda, y dos catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno e Ignacio Villaverde. Además, a propuesta de UPyD, ha expresado su parecer David Cabo, director de Civio, una fundación sin ánimo de lucro creada en 2011 por especialistas comunicación para promover la transparencia y la apertura en la información pública. Los cuatro han coincidido en señalar las mismas flaquezas en el articulado. “Puede convertirse en una suma de pías intenciones, al estilo de mera directriz o recomendación de funcionamiento”, ha advertido Junceda, alarmado por la falta de un cuadro claro de infracciones y sanciones. Tanto él como Cabo, además, han coincidido en que la legislación asturiana no añade nada a la ley nacional recientemente aprobada.
Otro motivo de crítica unánime entre los expertos es la falta de independencia del organismo encargado de hacer cumplir la ley en caso de reclamaciones de los ciudadanos por la negativa de las administraciones a satisfacer sus consultas. El proyecto atribuye ese cometido al Consejo Asesor de Transparencia, una entidad adscrita al Consejo Consultivo del Principado. Martínez justificó esa decisión con argumentos económicos: evita crear nuevos organismos y aparatos burocráticos. Todos sus componentes serán empleados públicos que no sumarán un nuevo sueldo por su participación en él. Pero los catedráticos y Cabo replican que, a cambio de ese ahorro, el regulador pecará de falta de independencia, dado que todos sus miembros serán designados por el Gobierno regional.
DEFENSA DEL CONSEJO CONSULTIVO
La cuestión ha resultado molesta para el presidente del Consultivo, el también catedrático Bernardo Fernández, al que no le han gustado las dudas sobre la independencia de la institución. Fernández ha pedido a los diputados que dejen al Consejo al margen de las críticas partidistas, ha defendido la imparcialidad de sus miembros y decisiones y ha asegurado que la institución no ha pedido al Principado asumir el control sobre la transparencia. A su juicio, más importante que quién nombra a los consejeros es otorgarles un estatuto que garantice el ejercicio de sus funciones sin interferencias.
Los sindicatos, que quedan incluidos en la ley, se han mostrado favorables a su entrada en vigor. CCOO, sin ninguna reserva. UGT, por boca de su secretaria de Acción Sindical, Mar Celemín, ha mostrado una sola reticencia acerca de la obligación de informar sobre el número de trabajadores con horas sindicales en las empresas, porque puede verse como una forma de señalarlos por ello. Por su parte, el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, se ha mostrado totalmente dispuesto a colaborar con la ley ha recordado que la institución académica asturiana es una de las cinco españolas que hacen pública toda la información sobre su estado económico y financiero.
Las comparecencias siguen este jueves. El consejero de Presidencia tendrá la oportunidad de defender el proyecto.