Apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

El pasado 7 de julio el Consejo de Ministros de España acordó enviar a las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se trata de una ley elaborada con el objetivo de adaptar el marco jurídico español a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), de Naciones Unidas.

Esta nueva ley es necesaria porque la legislación española vigente vulnera los derechos humanos de las personas con discapacidad en general, y especialmente de las personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial (personas psiquiatrizadas, diagnosticadas de un “trastorno mental”).

El artículo 12 de la Convención, llamado “Igual reconocimiento como persona ante la Ley” establece que la Capacidad Jurídica es Universal. Es decir, que todas las personas tenemos derecho a tomar decisiones en igualdad de condiciones, y tenemos derecho a que se respeten nuestra voluntad y preferencias. Este derecho no nos puede ser arrebatado mediante evaluaciones pretendidamente objetivas de “incapacidad mental”, “incompetencia para tomar decisiones” o “riesgo de peligrosidad” porque eso es discriminatorio. Tampoco por motivos relacionados con un diagnóstico de trastorno mental o de discapacidad intelectual. Eso significa que nadie tiene derecho a quitarnos nuestra potestad para decidir sobre todos los aspectos de nuestra vida ni tiene derecho a hablar en nuestro nombre. Pasar por una crisis psicosocial o de “salud mental” o ser diversas intelectualmente NO es un motivo para que otras personas decidan por nosotras. En estos casos, tenemos derecho a que nos brinden diversos tipos de apoyos, voluntarios (no obligatorios ni forzados), escogidos por nosotras mismas, para tomar nuestras propias decisiones y/o atravesar las crisis. Los apoyos deben respetar siempre nuestra voluntad y preferencias, de lo contrario no son apoyos. Por ejemplo, facilitándonos personas que nos hagan accesible la información o proporcionándonos servicios de atención a las situaciones de adicción o crisis, libres de coerción.

El proyecto de reforma vulnera nuestros derechos humanos porque permite seguir manteniendo el hecho de que otras personas, psiquiatras, familiares, jueces y juezas, etc. decidan por nosotras y en contra de nuestra voluntad cuestiones que tienen que ver con nuestra propia vida (internamientos en unidades de psiquiatría, tratamientos médicos, adaptaciones, apoyos, etc.).

Actualmente, y hasta el 14 de noviembre, la ciudadanía puede enviar propuestas de enmiendas a esta ley para que sean discutidas e incorporadas. Desde la Coalición ActivaMent – Hierbabuena hemos elaborado 14 propuestas de enmienda, para garantizar que el texto de la ley respeta el espíritu y contenidos de la Convención, de acuerdo con la interpretación autorizada por el Comité de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas. Es decir, para garantizar que podamos decidir sobre nuestra propia vida como nosotras queramos, sin apoyos o con los apoyos que nosotras decidamos.

La redacción de estas propuestas fue realizada por una comisión de miembros de ActivaMent y Hierbabuena, conformada por Beatriz Pérez Pérez, Beatriz Tarancón Sánchez, Tomás Corominas, Cristina Aguiar Muñoz y Hernán María Sampietro, con el apoyo y asesoramiento jurídico de Tina Minkowitz.

El texto con las 14 propuestas puede descargarse aquí: Enmiendas de la Coalición ActivaMent-Hierbabuena “Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Como entidad o colectivo os podéis adherir a las propuestas que hemos presentado.

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