Pablo Zariquiegui en Asturias24. El Servicio de Salud abona a las clínicas privadas cerca de un millón de euros al año para que practiquen las interrupciones que no se realizan en los hospitales públicos.
El Gobierno asturiano optó, tras la promulgación de la ley Zapatero, por un modelo que puede considerarse mixto. El Servicio de Salud corre con los gastos del aborto que se realizan, eso sí, en las clínicas acreditadas. Solo los casos más graves, en los que corre riesgo la salud de la madre o existen malformaciones congénitas, se llevan a cabo en los hospitales públicos. Según datos oficiales, los centros dependientes del Sespa practicaron en 2012 solo 47 de los 2.750 abortos que se realizaron a mujeres residentes en Asturias.