¿Qué comunidad autónoma redistribuye más los recursos públicos entre sus ciudadanos?

La pregunta se la han hecho dos economistas —Nuria Badenes y José María Buenaventura— y la respuesta es muy clara. Andalucía es quien tiene mayor capacidad redistributiva —entre otras cosas, porque su punto de partida en términos de desigualdad de renta es mayor— y Baleares, en el otro extremo, es quien destina menos recursos a favorecer la igualdad.

El estudio ha sido publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda, y su mayor aportación es que, por vez primera, estima el efecto de las políticas públicas sobre las condiciones de vida materiales de los ciudadanos de cada región. Tanto del lado de los ingresos como de los gastos. Y, en concreto, se estima que desde un punto de vista global la política fiscal (gastos e ingresos) en las comunidades autónomas de régimen común —se excluye a las forales— es muy redistributiva pues, tras aplicar dichas políticas, la desigualdad en el reparto de la renta inicial se reduce más de un tercio.

Para hacer el análisis, se parte de la renta inicial de cada individuo en relación al resto, factor que ya condiciona de salida los índices de desigualdad. Y la primera conclusión es que de la distribución por quintiles de la renta inicial —se divide la población en cinco grupos— se observa un Índice de Gini —que es la medida de desigualdad más utilizada— de 0,373 para el conjunto de todas las CCAA.

Pues bien, la comunidad más igualitaria en términos de renta inicial es Cantabria, que muestra un valor 0,302, significativamente menor que la siguiente comunidad, Extremadura, con 0,339. Las comunidades menos igualitarias son, en orden inverso, Cataluña, Baleares, Canarias, Madrid y Andalucía, mostrando esta última la máxima desigualdad de partida, con un Gini de 0,38653, sostiene el estudio. El índice, como se sabe, es una escala que va entre el 0 y el 1, en donde el cero es la igualdad perfecta y el uno, la más imperfecta (un solo individuo tiene toda la renta).

A partir de esta situación inicial se aplican las políticas públicas, y el resultado es el siguiente.

El poder redistributivo de las prestaciones monetarias es muy diferente en cada comunidad, siendo el menor, como se ha dicho, en Baleares, y el máximo en Andalucía. En las regiones de Castilla y León, Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana y Cataluña, se presenta una capacidad redistributiva de estas prestaciones monetarias casi coincidente con el valor medio para todas las CCAA.

El efecto conjunto de esas políticas públicas es muy relevante. En concreto, todas las políticas de ingreso y gasto que se han considerado en el análisis reducen la desigualdad inicial en un 39%, siendo el peso más importante de la redistribución atribuible a la política sanitaria (14,6%), seguida del efecto del gasto en educación (11,3%) y del pago del IRPF dado su carácter progresivo (paga más quien tiene mayor renta), que contribuye con un 11%. El resto de políticas representa un peso inferior al 10%, y en el caso de las cotizaciones sociales, muestran una capacidad redistributiva del 4,6%.

Efecto redistributivo

Por el contrario, dicen los autores del estudio, el pago del IVA (que no distingue la capacidad fiscal del contribuyente) reduce el efecto redistributivo un 7,2%, al igual que lo hacen los impuestos especiales, aunque en una cuantía menor.

En relación a los impuestos, el estudio llega a unas conclusiones inéditas. La política tributaria es la única netamente regresiva en varias comunidades autónomas, es decir, que en lugar de favorecer la igualdad, la perjudica. Y se cita, en concreto, el caso de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Ello es consecuencia, dice el estudio, del mayor peso de la imposición indirecta (que tiene carácter regresivo con impuestos como el IVA) frente a los impuestos directos (IRPF).

La conclusión que sacan los autores del informe no deja lugar a dudas: el efecto redistributivo de las políticas públicas, logrado a través del gasto y de los ingresos, “es muy potente”. Estos efectos redistributivos, aseguran, se producen en todas las CCAA, y no necesariamente la capacidad de redistribución se da en mayor medida “allí donde la desigualdad de partida era mayor”.

De hecho, sostienen, la desigualdad se debe, fundamentalmente, a las diferencias económicas existentes en cada región, que vienen determinadas principalmente por el nivel de desempleo, la edad de la población y el nivel de renta de cada región.

Los autores del estudio entran en un viejo debate sobre cuál es el mejor instrumento para hacer políticas públicas en aras de las igualdad: el gasto o los ingresos. O lo que es lo mismo, elevar la presión fiscal a las rentas más elevadas o, por el contrario, aumentar las prestaciones sociales, sean o no monetarias.

Y el informe concluye que las políticas de gasto tienen un mayor peso (más del 85%) en la disminución de la desigualdad, aunque las políticas tributarias también contribuyen a la redistribución de la renta en casi un 13%, pues la imposición directa compensa la regresividad asociada a la imposición indirecta. Dentro de las políticas de gasto, aquellas de naturaleza no monetaria (educación y sanidad) son las que más contribuyen a disminuir la desigualdad (66%), teniendo las prestaciones monetarias una menor incidencia (21%).

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