Las empresas farmacéuticas incrementaron los pagos que realizan a los médicos españoles el año pasado. El dinero que destinaron a abonar cursos, patrocinar congresos, cubrir honorarios o financiar ensayos clínicos llegó a los 597 millones de euros en 2018. En 2015 fueron 496 millones. Han crecido todos los capítulos sobre los que informa la patronal Farmaindustria.
Los pagos desde la industria a los profesionales reciben el nombre de “transferencias de valor”. En los últimos cuatro años –empezaron a publicarse en 2016– el volumen total de recursos que las empresas han destinado a los profesionales médicos (ya sea individualmente o sus asociaciones o sociedades) ha pasado de los 496 reconocidos para 2015 a los 597 recopilados para 2018. Un 20% más. Cada curso ha habido un incremento ya que en 2016 fueron 501 millones y 564 en 2017. Farmaindustria explica que el mayor aumento ha sido en las partidas para proyectos de investigación. Estos contratos “hacen referencia a colaboraciones para el diseño o ejecución de estudios preclínicos, ensayos clínicos y estudios de postautorización”, explica la patronal.
Las farmacéuticas distribuyen esta información por acuerdo voluntario en el seno de la patronal. Se trata de una autorregulación, no de un mandato legal. No todas las sociedades se comportan igual ni ofrecen la misma transparencia. Entre las grandes corporaciones que vienen liderando este ránking (10 grupos acaparan casi la mitad del volumen total), algunas, como Bayer y Roche, informan sobre el total anual, y de cada apartado además de publicar el listado individualizado de a quienes han aportado cantidades. Otras, como Novartis, publican esos listados de beneficiados, pero no cuánto suman en cada categoría: los médicos, las organizaciones…etc.
Sin embargo, los pagos para asistir u organizar cursos y congresos o los honorarios a profesionales por servicios prestados también han crecido. Si en 2015 esos capítulos sumaron 306 millones de euros, dos años después fueron 313 millones. En 2018 llegaron a 338 millones. La mayoría corresponde a la parte específica para matrículas, desplazamientos o patrocinios de eventos y que ya venía creciendo en esta secuencia: 185, 193, 205,5 y 216,5 millones de euros cada año.
Cambio de distribución
Lo que sí ha cambiado es la distribución de los fondos. Al tiempo que descendía el dinero que iba directamente a médicos para asistir a congresos o cursos, ha ascendido el que ingresaban las organizaciones profesionales (asociaciones médicas, sociedades científicas…) para organizar esos encuentros. De los 66 millones en 2015 se ha pasado a 98,5 en 2018, un 50% más. La patronal explica que “los congresos científicos son esenciales para que los facultativos puedan mantener actualizados sus conocimientos sobre su especialidad”.
En el otro extremo, el uso de fondos arroja dudas sobre las recomendaciones de ciertos productos por parte de asociaciones médicas o algunos profesionales que son financiados por farmaceúticas. El caso más reciente es la polémica sobre la vacuna de la meningitis b, rechazada para el calendario público por el Ministerio de Sanidad.
La transparencia sobre los pagos para sufragar viajes, alojamiento y asistencias a congresos provocaron una revuelta de médicos y un enfrentamiento con el Ministerio de Hacienda en 2017. El Gobierno explicó entonces que esas cantidades deberían aparecer en la declaración de la renta y tributar. Nunca antes había suscitado polémica al no constar en ningún registro esas transferencias. Quedaba en la voluntad de cada profesional informar al Fisco. España es el primer país europeo con un modelo para “publicar el total de los datos de manera individualizada”, subrayan las empresas.
Pero, al comenzar la publicación de los pagos y llegar la fase en la que los listados de las empresas incluirían los beneficiados con nombre y apellido, los médicos se movilizaron para protestar. Y ganaron. Finalmente, el ministro del PP, Cristóbal Montoro dio su brazo a torcer en mayo de 2017, el mes previo a la rendición de cuentas anuales de los laboratorios, y preparó una modificación del reglamento para que los sanitarios no tuvieran que tuvieran que pagar IRPF por esos pagos. La campaña había sido apoyada por el grupo parlamentario de Ciudadanos.
¿Existirá alguna relación entre tanta “generosidad” por parte de las farmacéuticas y el hecho cierto de que España es una de las naciones europeas con mayor gasto farmacéutico, en que más se abusa del consumo inadecuado de antibióticos o en que el tratamiento de las psicopatologías se caracterice por el uso casi exclusivo de psicofármacos? Cuando de lo que se trata es de promocionar las ventas de un sector económico para el que la salud es un disvalor y que debe evitar a toda costa la buena praxis médica para maximizar resultados y para que sus productos más caros sean los preferidos por el personal sanitario, inclusive cuando no hay evidencia alguna de su utilidad (por la ausencia de un diagnóstico adecuado), esta clase de “incentivos” dan muy buen resultado, en especial si están legalizados y libres de impuestos. Siempre se ha dicho que los “donativos de las farmacéuticas” (así los llamaba la exministra Celia Villalobos cuando pedía a los sanitarios de la sanidad pública que los rechazaran) eran una retribución por puntos en función de la suma de los productos que cada sanitario público vendía, canjeables por viajes a congresos, en que importaba especialmente su atractivo turístico y la promoción de los novedosos y caros fármacos de última generación a prescribir en futuras campañas, regalos en especie o retribuciones en dinero. Planteado así, habría que verlo como un sobresueldo por trabajar para las poco éticas empresas farmacéuticas en lugar de para la salud pública. Si a la enseñanza reglada en la universidad centrada en la medicina reparadora sumamos los incentivos del sector farmacéutico, no debe sorprendernos que la promoción de la salud y la medicina preventiva casi brillen por su ausencia en el sistema nacional de salud, sobre todo en atención primaria, donde debería tener un carácter prioritario a través de la atención programada a toda la población y no sólo a los enfermos, que deberían ser tratados como algo disfuncional en el modelo y no como el principio legitimador de su normal funcionamiento.
Fuente: Eldiario.es